Fernando Saldaña Meneses

Expediente 645/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
645/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • FERNANDO SALDAÑA MENESES y Otros.
  • Fernando Saldaña Meneses

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de once de noviembre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Fernando Saldaña Meneses por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la quejosa.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda de XXXXXXX, por propio derecho y en representación de su menor hijo XXXXXXX obtenido del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del módulo de demandas electrónicas, se acuerda en los siguientes términos: Quejosos. XXXXXXX, (parte demandada en el incidente de Guarda Custodia y Alimentos) por propio derecho y en representación del menor XXXXXXX Personalidad. La demanda la promueve XXXXXXX, por propio derecho y en representación del menor XXXXXXX Autoridades responsables. Juez Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México. 1 El nombre y características de los menores se reserva en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", que dice: "8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad". Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Director de Nómina de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. Administrador Regional en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, del Consejo de la Judicatura Federal. Registro de expediente Fórmese expediente y regístrese en el libro de registro de juicios de amparo, con el número 645/2020-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama, el auto de veintiocho de octubre del año en curso, dictado por la Juez Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, dentro del incidente de guarda, custodia y alimentos, deducido del juicio de divorcio 759/2018, promovido por el aquí quejoso, en contra de XXXXXXX, en la cual el juez responsable no acuerda de conformidad dejar sin efectos el oficio 2581, dirigido al Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que se le aplique el descuento del quince por ciento, por concepto de pensión alimenticia compensatoria provisional a favor de la tercera interesada. Asimismo, reclama el contenido del oficio 2581, de diecisiete de septiembre del año en curso, emitido por el Juez responsable, dirigido al Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que se le aplique el descuento del quince por ciento, por concepto de pensión alimenticia compensatoria provisional a favor de la tercera interesada. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA De la demanda de garantías se advierte que en contra del acto reclamado, previamente a la interposición del juicio de amparo, procede agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora ciudad de México), por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sostiene lo así considerado, la Jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, materia común, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En efecto, al tratarse del auto de veintiocho de octubre del año en curso, dictado por el Juez Décimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, dentro del incidente de guarda, custodia y alimentos, deducido del juicio de divorcio 759/2018, en el cual el juez responsable no acuerda de conformidad dejar sin efectos el oficio 2581, dirigido al Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que se le aplique el descuento del quince por ciento, por concepto de pensión alimenticia compensatoria provisional a favor de la tercera interesada, previamente a la interposición del juicio de amparo, procedía agotar el recurso de apelación previsto los artículos 688, 691, 696 y 700 fracción I, 950, 951 y 952 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que establecen: "Artículo 688 El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. ." Artículo 691 La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. ." ARTICULO 696 De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. "Artículo 700.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I.- De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo, tratándose de interdicción, alimentos y diferencias conyugales, en los cuales la apelación será admitida en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; ..." Artículo 950 Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del Código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia Sala solicitará la intervención de un Defensor de Oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 951 Salvo en los casos previstos en el artículo 700, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin garantía. Artículo 952 Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes." De lo anterior, se desprende la procedencia del recurso de apelación contra los autos dictados en los juicios derivados de diferencias conyugales, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 951, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), procede el recurso de apelación contra los casos no previstos en el artículo 700, de dicho ordenamiento, en efecto devolutivo de tramitación inmediata. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1214, tomo XXVI, agosto de 2007, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Asimismo, Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 350, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." De igual forma, por analogía, la Jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Robustece a lo anterior la Jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que establece: "RECURSO, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del fuero común". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Ahora bien, por lo que hace a su solicitud de conceder, en su caso, la suspensión de plano del acto reclamado; dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que como se advierte de los párrafos que anteceden, el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos que reclama. Se habilitan días y horas Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Se tiene por autorizados a las personas que señala se autorizan únicamente para oír y recibir notificaciones de conformidad con la última parte del precepto legal invocado, por así solicitarlo. Por otra parte, y como lo solicita se le tiene por autorizado para la consulta del expediente electrónico, toda vez que tiene registrado el nombre de usuario "XXXXXXX", que pertenece al referido peticionario, en el Sistema de Consulta de expediente electrónico, no así para realizarle las notificaciones de manera electrónica, en virtud de no haberlo solicitado expresamente, como se establece en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. Registro de cédulas. Hágase saber a la partes, que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. Protección de datos personales y transparencia. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ******CITATORIO.- SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 11/11/2020, EN EL QUE SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la

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