Fernando Salazar Mendoza
Expediente 68/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/04/2017
Partes del expediente
- Fernando Salazar Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia terminada de engrosar el veintinueve de marzo del año en curso, donde se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, deberá conservarse la demanda y sentencia respectivas (punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió y negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual manera se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargada del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el SecretarioJosé Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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(Aviso parte tercero interesada) R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el último punto considerativo de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy
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Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 68/2017-V, promovido por ********************, en contra del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México." ACTOS RECLAMADOS "a) La RATIFICACIÓN donde se califica de legal LA DETENCIÓN del suscrito quejoso, en audiencia inicial de fecha (03) tres de enero del (2017) dos mil diecisiete. b) La Resolución que emite la autoridad responsable de fecha 03 (tres) de enero del 2017 (dos mil diecisiete), en el cual se dicta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, en contra del suscrito quejoso." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, el contenido en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 68/2017-V, por auto de dieciocho de enero dos mil diecisiete se admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la ejecución del acto reclamado se materializa dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: - La resolución de tres de enero de dos mil diecisiete dictada en la carpeta administrativa ********************donde se calificó de legal la detención de ******************** y se le dictó auto de vinculación a proceso por el hecho delictuoso de robo con la modificativa (agravante de haberse cometido con violencia sobre las cosas en la hipótesis de usarse una llave falsa y respecto de un vehículo automotor). TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias que envió, consistentes en la copia certificada de la carpeta administrativa ********************así como un disco que contiene la videograbación de la resolución que constituye el acto reclamado; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Dado que las partes no invocaron causas de improcedencia y este juzgado federal no advierte alguna en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se estudiará tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, porque aun así se examinarán las cuestiones de derecho conducentes a apreciar la legalidad del acto reclamado, además en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de citarlos textualmente. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1992, Tomo IX, Materia Común, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del registro 219558, cuyo contenido es: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la Página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, con el registro 164618, cuyos rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en síntesis, el peticionario del amparo indica que se transgreden los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: 1) Al momento de la calificación de la detención se solicitó al Ministerio Público precisara la fecha exacta del momento en que el imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, a lo que la fiscalía argumentó que lo fue el dos de enero de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos, pero sin que tuviera alguna constancia que lo acreditara, pues sólo dijo que ". en ese momento no lo tengo a la vista. pero si gusta saliendo de la audiencia me comprometo a ponérselo a la vista de la defensa.", por lo que es clara la falta de datos de prueba para haber calificado de legal esa detención, además, porque se debió asentar por escrito la fecha exacta de cuando se suscribió el acuerdo de detención que emitió el Ministerio Público. 2) Al momento de calificarse la detención, el juez de control suple la deficiencia del órgano técnico investigador, al manifestar ". no obstante que el ministerio público no lo refirió, fue omiso también en ese sentido, sin embargo, en su calificación legal invoca el artículo 287, 289 fracción III, 290 fracción I, inciso c) y V del Código Penal del Estado de México." 3) En el auto de vinculación a proceso, los indicios recabados no son suficientes para acreditar la probabilidad de que cometió el hecho delictuoso, pues no se recabó la entrevista de la esposa de la víctima para corroborar lo manifestado por ésta última en relación con al desapoderamiento que sufriera, aunado a que los elementos remitentes ******************** no son testigos presenciales del evento. 4) No se acredita la titularidad del objeto material en favor de la víctima, ya que si bien exhibe la factura ******************** de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por autos ********************sin embargo, no se advierte el endoso a favor de la víctima ******************** para tener por acreditado el elemento normativo de ajenidad. 5) En la entrevista de la víctima dice ". logro darle un puñetazo en la mejilla izquierda a ese sujeto, es cuando por mi golpe este gira el volante de mi vehículo.", lesiones que no corresponde a golpes que presenta, pues tenía lesiones en su cara del lado derecho, lo que se corrobora con el certificado médico que expidió el médico legista, pues es imposible que estando sentado del lado del conductor del vehículo, pueda recibir un golpe en la mejilla del lado izquierdo. Los argumentos sintetizados vertidos en los conceptos de violación son infundados, sin que en el caso se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Primeramente, cabe señalar que el artículo 19 de la Constitución Federal establece los requisitos de fondo y de forma que todo auto de vinculación a proceso debe contener, sin embargo, para su dictado no sólo debe cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional; pues el auto de referencia debe reunir, además, las exigencias y condiciones contenidas en los diversos derechos de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, que proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de vinculación pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el precepto constitucional referido, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de los derechos de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. En efecto, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario establecer el hecho delictuoso que se le impute al acusado, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte del procesado. Al caso resulta aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 20/2000 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2000, Tomo XII, Novena Época, del registro 190922, que establece: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO. EN EL DICTADO DE DICHA RESOLUCIÓN PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS INDIVIDUALES DISTINTAS A LAS CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. El hecho de que el artículo 19 de la Constitución Federal establezca los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional. Ello es así, porque para que la afectación que sufre el inculpado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, el auto de referencia debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental." Así, para una mejor exposición del asunto que nos ocupa, es pertinente invocar el primer párrafo de los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ." En el precepto constitucional citado en primer lugar, se establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, por lo primero, se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, de lo que resulta necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. El artículo 16 constitucional, en su párrafo primero, consagra el derecho de legalidad consistente en la fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, lo que significa, respectivamente, que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite y, que exprese las circunstancias y modalidades del caso en particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco establecido por la ley. En síntesis, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 260, publicada en la página 175, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Del último precepto constitucional trascrito se colige que son requisitos indispensables para la debida emisión del auto de vinculación a proceso, los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Para estimarlo así, es menester destacar que la prerrogativa de fundamentación y motivación que consagra el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General de la República, exige que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; requisitos que hasta el momento a criterio de este juzgado, la autoridad responsable sí tomó en consideración y sí precisó los fundamentos y razones por las que tuvo por acreditado que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable como apoyo de su informe justificado, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se citó, reseñó y valoró los datos de prueba aportados por la fiscalía y que obran glosadas en la carpeta de investigación respectiva, además, se expusieron los razonamientos por los cuales, en su juicio, arribaron a la convicción de que se encuentran acreditados los elementos del hecho delictuoso de robo con la modificativa (agravante de haberse cometido con violencia sobre las cosas en la hipótesis de usarse una llave falsa y respecto de un vehículo automotor), así como la probable intervención del quejoso en su comisión. Fallo en el cual se determinó como hecho circunstanciado que ". el día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo aproximadamente las once horas con cincuenta y cinco minutos, los oficiales de la policía municipal de Metepec ********************, quien se encontraba en coordinación con su compañera de la Comisión Estatal de nombre ********************, ellos circulando sobre la avenida Metepec-Zacango, esquina con calle Besana, en el Barrio del Espíritu Santo, ello en dirección de oriente a poniente, ya que se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia, esto a la altura del mercado la Corona, cuando el oficial ********************, observa aproximadamente a seis metros una femenina que iba de color rosa, la cual se encontraba parada sobre la banqueta de la salida del mercado la Corona del lado derecho sobre la misma calle la Besana, la cual le hace auxilios levantando las dos manos, es por lo que inmediatamente el oficial dobla hacia la calle la Besana, quedando parado sobre la misma calle la Besana, en dirección de norte a sur, es cuando esta femenina le grita al oficial remitente 'nos acaban de robar el vehículo', señalándoselo con la mano derecha en dirección al sur sobre misma calle la Besana, percatándose el oficial que es un vehículo de la marca Volkswagen tipo Gol, color gris, refiriéndole dicha femenina que tras de dicho vehículo iba corriendo su esposo, es motivo por el cual el oficial da marcha a su unidad y alcanza a ver dicho vehículo que se encontraba aproximadamente a treinta metros donde estaban, sobre la misma calle La Besana en dirección al sur, es motivo por el cual inmediatamente da marcha y antes de llegar a dicho vehículo observa que dos sujetos del sexo masculino se encontraban fuera del vehículo ya referido forcejeando, es por el cual el oficial ******************** desciende de su unidad junto con su compañera y se acercan a los dos sujetos que estaban forcejeando y logran separarlos, percatándose en ese momento que los sujetos que se encuentran forcejeando son dos, uno que viste playera roja y otro que viste sudadera blanca con chaleco color café, por lo cual el oficial procede a separarlos y previa identificación como elementos de la Policía Municipal de Metepec, les solicita su nombre, manifestando el sujeto de la playera color roja que se llama ********************, mismo que señala con su mano derecha al hoy gobernado que vestía con sudadera blanca y chaleco color café, haciéndole referencia al oficial de la Policía Municipal de Metepec que el hoy gobernado momentos antes había sustraído del estacionamiento del marcado La Corona su vehículo y que éste le había dadoi alcance y que el vehículo es de su propiedad y lo podía acreditar; es cuando ********************le pide al oficial que quiere proceder en contra del hoy gobernado, ya que había sustraído su vehículo momentos antes, es por lo que siendo aproximadamente las doce horas empieza a leerle sus derechos y le informa que debido a la imputación directa y a petición del señor ********************es que procedería a remitirlo al Ministerio Público de Metepec por el delito de robo de vehículo en agravio de ********************, y es que siendo las doce horas con tres minutos el oficial ******************** procede a la detención del hoy gobernado, mientras que su compañera ********************brinda seguridad perimetral sobre la misma calle La Besana, asimismo, después el oficial procede a arribar a su unidad al hoy gobernado, para después inmediatamente solicitar su folio de referencia en base a su informe Policial Homologado, proporcionándole como número de folio el ********************, asimismo, como número de referencia el ********************; de igual forma el oficial le informa a ********************VENEGAS que tenía que trasladarse al Ministerio Público de Metepec, a efecto de realzar su denuncia, asimismo, siendo aproximadamente las doce horas el oficial pide apoyo de una unidad de las grúas Manzur, a efecto de que lleguen apoyarlo al arribo y traslado del vehículo al Ministerio Público, la cual llega aproximadamente a las doce horas con diez minutos, inter en el que el oficial remitente utilizó para realizar la inspección del vehículo, así como el lugar de los hechos, arribando al Ministerio Público de Metepec aproximadamente a las doce horas con veintidós minutos, donde ya al estar dentro de las oficinas de la Representación Social deja a disposición de la misma a ******************** con el vehículo y sus respectivas cadenas de custodia en su informe pericial Homologado." Hecho delictuoso que se logra advertir de los datos de pruebas señalados en la resolución reclamada, los cuales se deben de tener como insertados con fines de reproducciones innecesarias. Cúmulo de datos que hacen suponer que el aquí quejoso, probablemente, participó en el hecho delictuoso de robo con modificativa (agravante de haberse cometido con violencia en las cosas, en la hipótesis de uso de una llave falsa y que el robo respecto un vehículo automotor), ilícito previsto y sancionado por los artículos 287, 289 fracción III y 290 fracción I inciso c) y fracción V, con relación de los artículos 6°, 7°, 8° fracciones I y III, y 11 fracción I inciso c) del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de ********************. Ahora, por lo que hace al primer concepto de violación la parte quejosa refiere que al calificarse la detención se solicitó al Ministerio Público precisara la fecha exacta del momento en que el imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, a lo que la fiscalía argumentó que lo fue el dos de enero de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos, pero sin que tuviera alguna constancia que lo acreditara. Es fundado, pero inoperante, ya que si bien el Agente del Ministerio Público refirió que en ese momento no tenía a la vista el documento de puesta a disposición, pero si hubo manifestación oral de dicho dato (pues el fiscal argumentó que la puesta a disposición fue el dos de enero de dos mil diecisiete a las once horas con treinta minutos), sólo que el Agente Investigador se comprometió a presentar la constancia escrita posteriormente, lo que no le depara perjuicio al quejoso, ya que una vez que la presente, podrá controvertirla, si así lo estima conducente. Por otra parte, el quejoso indica que al momento de calificarse la detención, el juez de control suple la deficiencia del órgano técnico investigador, al manifestar ". no obstante que el ministerio público no lo refirió, fue omiso también en ese sentido, sin embargo, en su calificación legal invoca el artículo 287, 289 fracción III, 290 fracción I, inciso c) y V del Código Penal del Estado de México." Es infundado tal argumento, pues el juez responsable en ningún momento suple alguna deficiencia, pues sólo expuso que el Ministerio Público fue omiso en "mencionar algunos artículos", sin embargo, no hizo reclasificación del hecho delictuoso atribuido al quejoso, además, el juez de Control está facultado para dirigir el proceso y, en su caso, fundamentar sus decisiones en los preceptos aplicables al caso. De igual forma, el quejoso refiere que los indicios recabados no son suficientes para acreditar la probabilidad de que cometió el hecho delictuoso, pues no se recabó la entrevista de la esposa de la víctima para corroborar lo manifestado por ésta última en relación con al desapoderamiento que sufriera, aunado a que los elementos remitentes ******************** no son testigos presenciales del evento. Es infundado lo manifestado por el quejoso, ya que si bien, no se recabó la entrevista de la esposa de la víctima, lo cierto es que existen otros datos de pruebas que corroboran lo manifestado por el denunciante, tales como: Entrevista con el oficial remitente ********************. Entrevista con el oficial remitente ********************. Entrevista con el ofendido José ********************. Factura número ******************** de fecha nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por Autos Tulancingo S.A. de C.V., Distribuidor autorizado Volkswagen. Responsaba a favor de José ********************, de cesión de derechos de tres de julio de dos mil once. Informe Policial Homologado. Inspección de persona. Inspección y acuerdo de aseguramiento de objetos puestos a disposición. Inspección y aseguramiento de llave. Inspección Ocular en el lugar de los hechos. Croquis del lugar de los hechos. Inspección de barda del lugar de los hechos. Inspección de vehículo y daños. Acuerdo de verificación de flagrancia. Acuerdo de detención. Reposte REPUVE. Inspección ocular del vehículo. Acuerdo complementario del vehículo y llave. Entrevista del imputado. Certificado médico del imputado. Dictamen de identificación vehicular. Dictamen de Coordinación de Recuperación de Vehículo. Dictamen del Departamento de Identificación. Dictamen del Director del Centro de Medidas Cautelares. Como es de advertirse, existen diversos datos de prueba que concatenados entre sí, hacen suponer que el ahora quejoso, probablemente, cometió el ilícito que se le atribuye, por lo que, la falta de la entrevista de la esposa de la víctima no es motivo para no vincularlo a proceso. Asimismo, el quejoso alega que no se acredita la titularidad del objeto material en favor de la víctima, ya que si bien exhibe la factura ******************** de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por autos ********************sin embargo, no se advierte el endoso a favor de la víctima ******************** para tener por acreditado el elemento normativo de ajenidad. Es infundado tal argumento, pues se exhibió el original de la factura del vehículo involucrado, pero además obra la carta responsiva signada por ******************** a favor de la víctima ********************, en la que el tres de julio de dos mil once cedió los derechos del auto por la cantidad de $16,800 pesos (dieciséis mil ochocientos pesos). Además, como lo señaló el juez responsable, lo relevante del caso, es que el bien del cual se apoderó le resulte ajeno, con independencia de quien acredita su propiedad, máxime que sólo se requieren datos de prueba para el dictado del auto de vinculación a proceso. Finalmente, el quejoso alega que hay inconsistentes en la declaración de la víctima, pues éste refiere que propinó un puñetazo al imputado del lado izquierdo de su mejilla, sin embargo, es imposible que así sucediera. Es infundado también, ya que como se especificó en el acto reclamado, según el certificado médico legista, el imputado sí tiene un golpe en el rostro, al presentar excoriación y equimosis en una mejilla, y si bien, la víctima dijo que le propinó un golpe del lado izquierdo, no es una contradicción sustancial, sino accidental, que no incide en la sustancia de los hechos, que es que recibió un golpe por parte de la víctima en la cara, al apoderarse de un vehículo ajeno a su propiedad, que se realizara con violencia en un vehículo automotor, al usar una llave falsa, además que no se requieren de pruebas plenas para el auto de vinculación sino sólo datos de prueba. En esas condiciones, al no quedar demostrado en autos la inconstitucionalidad de la resolución reclamada y resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b), VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el último punto considerativo de esta resolución. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy Fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con veinte minutos, tal como se determinó en auto de dieciocho de enero de este año (fojas 11 a 13); sin embargo, no existe constancia con la cual se acredite que el tercero interesado José Trinidad Venegas Enriquez, haya sido notificado de la radicación del presente juicio de amparo, a fin de estar en posibilidad de hacer valer los derechos que le confiere la Ley de Amparo. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el numeral 116 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para su celebración, se fijan las once horas con diez minutos del nueve de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
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