Fernando Rosas Flores

Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1070/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Fernando Rosas Flores
  • Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1070/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, recepcionado el día siguiente por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, FERNANDO ROSAS FLORES, promovió juicio de amparo. SEGUNDO. Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace al Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, al no recaerle el carácter de autoridad responsable en términos de lo dispuesto por el 5, fracción II, de la Ley de Amparo; y por otra parte, se admitió la demanda de amparo; requirió de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 7 a 12). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 51 a 127); fue emplazado al presente juicio la tercero interesada Rosa Flor López Chagala en representación de la menor de identidad reservada M.F.R.L, por medio de despacho que al efecto se libró al Juez Municipal de Hueyapan de Ocampo, Veracruz (fojas 31 a 34); y tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto dictado dentro de un proceso jurisdiccional, susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales de los gobernados, tales como la legalidad y seguridad jurídica, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado, con motivo de la emisión de la resolución reclamada. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La resolución de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 147/2021 del índice del Juzgado responsable, la cual confirmó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la parte actora a razón del veinticinco por ciento (25%) del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado como jubilado. Resolución que fue notificada a las partes por lista de acuerdos el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 125). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 51) lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 147/2021 de su índice; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de los actos que se reclaman. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. En el caso no se advierte, por quien aquí resuelve, alguna causa de improcedencia que se actualice, ni las partes las señalaron, entonces se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se concluye que en un análisis conjunto, sistemático y armónico de los conceptos de violación expresados por el quejoso, son infundados; aun suplidos en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia (IV Región)2o.J/8(10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, que se cita por identidad de razón, de texto y rubro siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA FAMILIAR. OPERA EN FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PARTES EN EL LITIGIO, CUANDO SE INVOLUCREN DERECHOS ALIMENTARIOS. En la contradicción de tesis 148/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alimentos tienen como fundamento "la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar"; en ese entendido, para comprender a mayor detalle a qué se refiere el concepto de familia, es necesario indicar que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, afirmó que la Constitución Federal tutela a la familia entendida como "realidad social", lo que significa que debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad, a saber: familias nucleares compuestas por padres con o sin hijos (biológicos o adoptivos) que se constituyan mediante el matrimonio o uniones de hecho; familias monoparentales compuestas por un padre o una madre e hijos; familias extensas o consanguíneas que se extienden a varias generaciones, incluyendo ascendientes, descendientes y parientes colaterales; así como las uniones de todos los estilos y maneras. En ese sentido, se considera que el concepto de familia se funda, esencialmente, en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de llevar a efecto una convivencia estable. En este orden de ideas, es claro que al ser los alimentos un derecho de familia, todo lo relacionado con aquella institución afecta indudablemente el orden y desarrollo de todos los que son o hayan sido sus miembros; por ello, cuando el motivo de la litis involucre derechos alimentarios procede la suplencia de la queja a favor de cualquiera de las partes en el litigio conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por alterarse y/o afectarse el orden y desarrollo de la familia; suplencia que consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de validar cada una de las determinaciones de la autoridad aun cuando no le reporten utilidad alguna al quejoso o recurrente o por el contrario le perjudique, sino sólo implicará el pronunciamiento para aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, el amparo resulte procedente. En mérito a lo anterior, lo procedente es negar el amparo solicitado, por los motivos que a continuación se expondrán. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO A efecto de exponer por qué se concluye en tal sentido, se estima conveniente destacar que de las copias certificadas relativas al juicio ordinario civil 147/2021 del índice del 1. Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que éste envió en justificación a sus actos, y a las cuales en párrafos anteriores se les confirió pleno valor probatorio, se desprenden como antecedentes del acto aquí reclamado, esencialmente, los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, Rosa Flor López Chagala, por propio derecho y en representación de su menor hija de identidad reservada, promovió juicio ordinario civil, en el que demandó a FERNANDO ROSAS FLORES el cumplimiento de diversas prestaciones, entre otras, pensión provisional (fojas 54 a 59). 2. Dicha demanda fue conocida por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, quien por auto de diecisiete de febrero del año en curso (fojas 68 a 72) la admitió a trámite y radicó con el número 147/2022 en su índice administrativo, donde además, entre otras cuestiones ordenó: - El emplazamiento del demandado y, - Fijar pensión provisional a su cargo por el 25% de su sueldo y demás prestaciones a favor únicamente de la menor involucrada de identidad reservada bajo las iniciales M.F.R.L, sin que de las constancias que componen el juicio natural se advierta que posteriormente se hayan decretado alimentos para la progenitora de la aludida infante. 3. Una vez emplazado el demandado (diligencia visible a foja 74) mediante escrito de diez de marzo de dos mil veintidós, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, en la que además hizo valer recurso de reclamación en contra de la pensión provisional alimenticia decretada en el juicio natural (fojas 82 a 91). 4. El veintitrés de marzo del citado año, el juez de origen tuvo por presentado al demandado FERNANDO ROSAS FLORES contestando la demanda instaurada en su contra, asimismo, dio curso a la reclamación planteada por éste contra el concepto de pensión provisional, con lo que se dio vista a la parte actora (foja 79 y vuelta) quien no la desahogó. 5. Mediante ocursos presentados el treinta de marzo y cinco de abril siguiente, el demandado, a través de sus autorizados, solicitó al juez responsable que resolviera el recurso de reclamación que planteó contra la pensión provisional alimenticia (fojas 93 y 94); mediante resolución de cinco de mayo de dos mil veintidós, el Juez responsable declaró procedente la reclamación planteada por el demandad, por lo determinó reducir el monto de la pensión alimenticia del veinticinco por ciento, al veinte por ciento, a favor de la menor acreedor de alimentos. 6. Mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, en cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de amparo 472/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Rosa Flor López Chagala, en representación de su menor hija de identidad reservada identificada con las iniciales M.F.R.L, el Juez responsable dejó sin efectos la resolución de cinco de mayo de dos mil veintidós, que regraduó la pensión decretada inicialmente en favor de la menor acreedora alimentaria del veinticinco por ciento y la fijó en un veinte por ciento; y a continuación, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria amparadora, emitió la resolución de reclamación de alimentos que constituye el acto reclamado en el presente juicio, que confirmó el monto de la pensión inicialmente fijada a favor de la menor involucrada. (fojas 116 a 124) Previo a exponer las razones por las que los motivos de inconformidad se estiman infundados, es pertinente atender el marco normativo siguiente: MARCO NORMATIVO En principio, debe destacarse el contenido del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante publicación de diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece literalmente lo siguiente: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." De la transcripción del citado precepto constitucional, se infiere, entre otras cosas, que a partir de la reforma constitucional de diez de junio del dos mil once, se elevaron a rango constitucional los derechos humanos protegidos tanto por la Carta Magna como por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte, cuestión que implica la creación de una especie de bloque de constitucionalidad integrado ya no sólo por la ley fundamental sino también por los referidos instrumentos supranacionales; asimismo, se incorporó el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. El citado principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, deberá elegirse aquella que más proteja al titular de un derecho humano o que lo restrinja en menor medida. También significa que, cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que, igualmente, proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano. Expuesto a lo anterior, y atendiendo a que el suscrito debe hacer una interpretación de todas las normas aplicables al caso concreto, esto es, no sólo de la norma constitucional suprema, sino también todas aquellas normas generales de derecho interno, así como los instrumentos internacionales; y a efecto de poder explicar los motivos por los cuales son infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, relacionados con las garantías que tutela el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal Mexicana, conviene trascribir dicho numeral, que al respecto dice: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Asimismo, el derecho de audiencia y acceso a la justicia establecida en el texto constitucional antes transcrito, debe interpretarse en consonancia con el artículo 8°, numeral 1° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano." "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)." "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. (.)." De las normas nacionales, como internacionales trascritas, se desprende el derecho de audiencia y acceso a la impartición de justicia, el cual consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas éstas como las necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que se traducen en los requisitos siguientes: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; La oportunidad de alegar; y El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior, se apoya en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° Transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que es del tenor siguiente: DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES. El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías", está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia P./J. 47/95, que se cita a continuación: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. De conformidad con el artículo 14 de la constitución federal, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es necesario que la autoridad previo al dictado de un acto de privación, lleve a cabo una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados, las cuales constituyen elementos fundamentales útiles para demostrar que la resolución que lo agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, la aludida garantía de audiencia y acceso a la justicia consiste en la máxima oportunidad defensiva de los gobernados antes de ser privados de sus bienes o derechos por actos de autoridad. Respecto al alcance de la garantía de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe la obligación por parte de las autoridades responsables para dar oportunidad al quejoso para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses. Expuesto lo anterior, se estima que la resolución que constituye el acto reclamado no viola en perjuicio del quejoso, la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. En efecto, el juez responsable actuó en acatamiento a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Veracruz, en el cual se establece que en los casos en que se reclamen alimentos, el Juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, así pues, de la interlocutoria que en el presente caso es la fuente del reclamo, se aprecia que la solicitante de alimentos justificó con la copia certificada de la correspondiente acta de nacimiento el lazo filial que une a la menor acreedora alimentaria con el aquí quejoso. Aunado a lo anterior, quien aquí resuelve considera que no se viola la garantía de audiencia, puesto que dicha medida alimentaria en esta etapa, como su misma denominación lo indica, se fija en forma provisional, pues el monto que en forma definitiva deberá regir se decreta al momento de dictarse sentencia, de ahí que se estime que en el caso particular, el deudor estuvo en posibilidad de inconformarse con esa medida provisional, tan es así que en el escrito mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en su contra, interpuso la reclamación a la pensión alimenticia, y ofreció diversas pruebas; dándose en este estadio procesal la oportunidad de ser oído, y posteriormente se emitió la resolución de reclamación que se combate mediante este controvertido constitucional. En consecuencia, si al darse trámite al juicio de alimentos de donde emana el acto reclamado, se acordaron providencias establecidas en el artículo 210 del código procesal de la materia, como lo fue el fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la menor demandante de alimentos; es evidente que con tal proceder se siguieron las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio de la garantía de audiencia inmersa en el arábigo 14 de la Carta Magna, pues como ya se dijo, el aquí quejoso tuvo oportunidad de ser oído en audiencia al interponer la reclamación a la pensión alimenticia. Por otra parte, el impetrante de garantías aduce como concepto de violación, que la resolución reclamada es violatoria del artículo 16 constitucional. Es infundado el concepto de violación sintetizado en el párrafo que antecede. Al respecto, es menester traer a contexto lo previsto en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna, que textualmente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Para evidenciar lo anterior, debe destacarse que en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, la conformación de la fundamentación y motivación es condición de existencia del acto autoritario, pues con la sola mención del derecho, que es abstracto resulta imposible resolver un caso concreto, y sin ella, es decir, sin la concurrencia aludida, es igualmente imposible la operación lógica de adecuar un caso concreto a aquellas disposiciones abstractas. Así, por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto, y la motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Al respecto, resultan aplicables los criterios que a continuación se trascriben: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Precisado lo anterior, contrario a lo alegado por el quejoso, la autoridad responsable sí fundó su actuar, pues de la resolución reclamada se advierte que sustentó su actuación en los numerales 4° de la Carta Magna, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3°, 6° y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 234, 239, 240, 242 del Código Civil del Estado; y artículo 210 del código sustantivo civil; ello en cuanto a la Litis planteada; y por cuanto hace la valoración del materia probatorio citó los numerales 235, fracciones II y III, 239, 261, fracción IV, 330, 337, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad; cumpliendo así con la primera de las hipótesis mencionadas, esto es, con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Máxime que esos preceptos si son aplicables a la litis, pues los relativos al Código de Procedimientos Civiles para el Estado, hacen referencia a las reglas generales sobre la prueba, los medios de prueba reconocidos por la ley, a los documentos e instrumentos públicos, del valor de las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas, así como a la procedencia de la reclamación contra la pensión alimenticia; mientras que los diversos preceptos del Código Civil invocados en la resolución reclamada, se refieren a la obligación alimentaria a cargo de los padres a favor de sus hijos; qué deben comprender los alimentos, al principio de proporcionalidad entre la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que deba recibirlos; así como a la repartición del importe de los alimentos. Además, por cuanto hace a la motivación, el juez responsable expuso toralmente en la propia determinación combatida que la pensión alimenticia provisional debía confirmarse al desestimar los agravios y material probatorio ofrecido por el reclamante, aquí quejoso, mismos que consideró insuficientes para regraduar el monto de la pensión alimenticia a su cargo. Considerando el suscrito ajustadas a derecho las consideraciones a que arribó el Juez familiar, para confirmar la reclamación a la pensión alimenticia, que se sustentan en que se trata de una acreedora alimentaria de aproximadamente cinco años de edad, y que su progenitora acreditó los gastos que eroga por subarrendamiento del domicilio que ocupa, así como los gastos generados por concepto de consultas médicas y adquisición de medicamentos; pero que además deben cubrirse los diversos rubros de comida, vestido, educación que cursa grado preescolar, y los gastos del domicilio en el que habita, como son energía eléctrica, agua potable, gas, y transporte, tal como lo contempla el numeral 239 del Código Civil. Resultando acorde lo aducido por el Juez responsable al desestimar el argumento del reclamante, aquí quejoso, en cuanto al cumplimiento voluntario de su carga alimentaria, para lo cual depositó diversas cantidades de dinero a favor de la progenitora de la menor acreedora alimentaria, lo que efectivamente, no puede quedar supeditado a la voluntad del deudor alimentario, pues como lo establece el artículo 242 del código sustantivo, ello debe ser acorde a la capacidad económica del demandado así como al estado de necesidad del acreedor, aunado a que ello es de tracto sucesivo. De igual forma, quien esto resuelve considera acorde la calificación de inoperantes los agravios del reclamante, pues la adquisición voluntaria de deudas por parte del demandado, en nada influye a su favor para regraduar la pensión alimenticia, menos aún que haya acreditado que se encuentra casado civilmente con diversa persona a la madre de la menor demandante de alimentos, pues ello no implica que por ese hecho sea su acreedora alimentaria, en tanto, que si bien es cierto, tiene otros tres hijos, estos son mayores de edad, y precisamente por su mayoría de edad, no acreditó que se encuentren estudiando y que por esa circunstancia sean sus acreedores alimentarios. En otro aspecto, el Juez responsable motivó que es la progenitora de la menor iniciales M.F.R.L, quien cumple con su obligación alimentaria, al tenerla incorporada a su familia, y de esta manera le brinda cuidados y atención necesaria para su desarrollo dada su corta edad. Y en lo concerniente al rubro de salud, válidamente justificó el operador judicial que el reclamante, no logró acreditar que efectivamente el rubro de salud se encontrara garantizado por parte de su centro de trabajo, ya que no aportó prueba idónea de que la menor involucrada figure como su beneficiaria. Finalmente, en cuanto a la capacidad económica del demandado, el Juez responsable adminiculó la impresión de nómina expedida por Comisión Federal de Electricidad con el oficio CCN/UAF/DTSA/0407/2022 de veintidós de febrero de dos mil veintidós, de donde luego de hacer un cálculo matemático concluyó que el reo percibe un alcance líquido de $19,966.52 (diecinueve mil novecientos sesenta y seis pesos 52/100 M.N.); quedando excluidas las deducciones de carácter legal como ISR, pensión alimenticia, seguro obrero, no así las adquiridas voluntariamente; precisando que del informe rendido por la empresa para la cual trabaja el demandando no se detalla que el porcentaje de la pensión alimenticia cuyo descuento reporta, sea anterior al que se le fijó en el juicio de alimentos de donde emana la resolución que nos ocupa, y por ende, esa circunstancia no podía influir para regraduar la pensión alimenticia provisional; máxime que las facturas que exhibió el propio reclamante evidenciaban que el nivel de vida en el que se desenvuelve es alto de acuerdo a las estadísticas obtenidas de la página del INEGI, mientras que el entorno social en el que se desenvuelve la menor demandante de alimentos es medio de acuerdo a las probanzas aportadas al juicio natural. Con base en lo anterior, el suscrito advierte que la conclusión a que arribó el Juez responsable, en modo alguno violenta los derechos fundamentales del quejoso, pues se señalaron las razones y motivos que tuvo para confirmar la pensión alimenticia decretada inicialmente, cumpliendo así con la obligación constitucional de motivar la causa legal del procedimiento. En ese mismo orden de ideas, se considera que no asiste la razón a la parte quejosa, cuando sostiene que la responsable no valoró adecuadamente el material probatorio que ofreció a efecto de que se redujera el porcentaje de la medida provisional de alimentos, pues como se dejó sentando, el Juez responsable analizó en su justa medida, que el demandado no logró justificar que la pensión alimenticia establecida para la menor involucrada se contrapone a los ingresos que obtiene de su pensión jubilatoria, o que no se ajusta al principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz. De ahí que si el Juez responsable al emitir la resolución reclamada atendió a lo dispuesto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, como ya se dejó sentado, ningún trato desigual aplicó en perjuicio de las garantías que tutela el artículo 4° Constitucional a favor del aquí quejoso. En esas condiciones, quien esto resuelve estima que la decisión alcanzada por la responsable, no resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resulta infundados los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitado por el quejoso FERNANDO ROSAS FLORES. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a FERNANDO ROSAS FLORES, contra el acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juez del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de ocho de febrero actual, toda vez que remite las constancias solicitadas. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas las documentales anexas al oficio de cuenta; asimismo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda, por el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de febrero de dos mil veintitrés.********************En atención a las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, como justificación de sus actos, se advierte que no remitió las pruebas documentales que exhibió el demandado (aquí quejoso) ******************** en su escrito de contestación de demanda de fecha diez de marzo de dos mil veintidós dentro del juicio origen ******************** de su estadística.********************En esas condiciones, y toda vez que el suscrito considera necesarias las citadas constancias para emitir una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto en términos del artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo remita copias certificadas integra y legible las pruebas documentales exhibidas por el quejoso ******************** en el escrito de contestación de demanda fechado en diez de marzo de dos mil veintidós.********************Se les apercibe que de no hacerlo o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedora a una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con la fracción I, del artículo 237, en relación con el disímil 259, ambos de la Ley de Amparo.********************Para dar margen a lo anterior, se difiere la presente audiencia y señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional.********************Notifíquese en términos de ley.

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