Fernando Romualdo Suárez Campos

Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
743/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Fernando Romualdo Suárez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En el entendido que el presente asunto se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. Por otra parte, glósese al expediente principal el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es depurable, según lo dispone el numeral 18 inciso a), del acuerdo en cita, debiéndose conservar únicamente la determinación que otorgó la suspensión provisional de los actos reclamados a la parte quejosa; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 743/2021-VI promovido Fernando Romualdo Suárez Campos, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Fernando Romualdo Suárez Campos, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, Titular de la Unidad de Investigación Especializada U.T.M.C, Zona Centro, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Zona Centro y Comandante y/o Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Policía Ministerial en Baja California, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación Adscrito al Municipio de Tijuana -en su denominación correcta- y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana -en su denominación correcta-, todos con sede en esta ciudad. Actos reclamados "De las autoridades señaladas en el inciso a).- en su carácter de Ordenadora, les reclamo la orden de Aprehensión, presentación, búsqueda, detención o privación de mi libertad que atente contra la libertad del suscrito. De las autoridades señaladas en el inciso b).- en su carácter de Ejecutoras, les reclamo el intentar ejecutar tal orden en contra de mi persona fuera de procedimiento judicial, sin haber cometido delito alguno que amerite que en consecuencia sea privado de mi libertad personal." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. El trece de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda relativa la cual quedó registrada bajo el expediente 743/2021-VI; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes las autoridades que el quejoso denominó como Titular de la Unidad de Investigación Especializada U.T.M.C, Zona Centro, Titular y/o Fiscal Ejecutivo y/o C. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, Zona Centro y Comandante y/o Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Policía Ministerial en Baja California, todas con sede en esta ciudad, por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a dichas autoridades. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La orden de privación de libertad -traducida en orden de aprehensión, detención, presentación,- y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación Adscrito al Municipio de Tijuana y Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, todos con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo 743/2021-VI promovido por Fernando Romualdo Suárez Campos, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Uno de diciembre de dos mil veintiuno, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a la parte quejosa María Esther Sesma Salgado y Juan Larios Quevedo, el acuerdo dictado (a) el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el representante común de la parte quejosa Juan Larios Quevedo, por medio del cual revoca como autorizados legales a Alonso Sesmas Cruz y Ricardo Mejorado Ruiz, y manifiesta que únicamente señala como tal al licenciado Gerardo Mejorado Ruiz. Por tanto, se tiene por revocado el nombramiento que se había conferido en favor de los antes mencionados, y toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que Gerardo Mejorado Ruiz, cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo. Lo anterior en concordancia con la tesis 2a.VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, materia común con número de registro 2021840, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Finalmente, ya que del escrito de cuenta se desprende que el representante común de la parte quejosa señala expresamente que revoca a sus anteriores autorizados para únicamente señalar al licenciado Gerardo Mejorado Ruiz, y toda vez que mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, también se tuvo como autorizado de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, a Gumesino Mejorado Márquez, requiérase a la parte quejosa a fin de que, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste si también es su deseo revocar la autorización conferida al último de los nombrados, apercibido que de no hacer manifestación alguna, no se proveerá al respecto y Gumesino Mejorado Márquez continuará contando con la autorización conferida por la parte quejosa para imponerse de los presentes autos y recibir notificaciones.

  4. Incidental

    Tijuana, Baja California, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe. AMC/VMMF/jlfb

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