FERNANDO ROMERO MALPICA AGUILAR y Otros.
Expediente 330/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Adolfo Cuevas Rodriguez
- FERNANDO ROMERO MALPICA AGUILAR y Otros.
Actuaciones
- Principal
Estado procesal Visto el estado procesal se advierte que en proveído de diecinueve de octubre del año en curso, se tuvo por recibido un ocurso relacionado con el desistimiento del presente asunto. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración que este órgano de control constitucional declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, se tienen por recibidos los oficios enviados por el sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del Director de Resoluciones Migratorias y titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, ambos en la Ciudad de México, mediante los cuales rinden su informe con relación a la suspensión de plano concedida en autos. Atento a lo anterior y en obvio de mayores dilaciones procesales, remítanse vía interconexión las promociones de cuenta al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a quien le correspondió conocer de la demanda de amparo, a fin de que se encuentre en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda en torno al informe de suspensión de cuenta. Conforme a lo dispuesto en los artículos 74 y 76 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para lo cual, se encomienda a cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que realicen el envío del oficio que corresponda a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo anterior en términos de los dispuesto por los artículos 61 y 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de la aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cúmplase.
- Principal
Folio 10704 Agréguese a los autos el ocurso signado por ****, autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que tiene acreditada en autos, mediante el cual se desiste del presente juicio de amparo. Folio 10718 Por otro lado, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el informe en relación con la suspensión de plano decretada en autos, de la responsable director de la Estancia Migratoria en la Ciudad de México, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; por tanto, téngase por rendido su informe en relación con la suspensión de plano concedida en el presente juicio; de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes. Folio 10754 En diverso orden de ideas, agréguese al presente sumario constitucional el oficio del juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 645/2023, orden 1055/2023, del índice de este juzgado, enviado para notificar al directo quejoso ****, el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; del mismo modo, para notificar los oficios 1914/2023, 1915/2023 y 1916/2023, lo que así aconteció; De las constancias que remite el juzgado oficiante, se advierte que el referido quejoso, fue notificado el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso K), de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte que las autoridades responsables fueron notificadas de los oficios mencionados en párrafos precedentes el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo. Anotaciones Dese de baja la comunicación oficial, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, de la constancia de notificación efectuada por el fedatario judicial adscrito al juzgado homólogo, se advierte que el quejoso ****, manifestó lo siguiente: "ESTOY BIEN Y SI QUIERO RATIFICAR MI AMPARO, *****" En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En tales condiciones, tomando en consideración que el presente sumario constitucional fue enviado al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por razón de turno, remítanse las promociones con números de folio 10704, 10718 y 10754, previa copia certificada que quede en autos de la promoción con número de folio 10718, esto, con la finalidad de que se pronuncie al respecto. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio al Juzgado de Distrito.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, en representación de ***, contra actos del titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México y otras autoridades de quienes reclaman los siguientes actos: 1) La ilegal e inconstitucional orden de deportación en contra del quejoso ****. 2) La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad del quejoso ****. 3) El ilegal e inconstitucional alojamiento del quejoso *****, en la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, al estar retenido en dicho sitio en contra de su voluntad. 4) Cualquier traslado del quejoso **** a diversa estación migratoria o a otro Estado de la República; y, 5) La retención de los documentos de identidad de los quejosos por parte de las autoridades responsables, tales como pasaporte y cédulas de identidad. En ese sentido, con apoyo en los artículos 15, 20 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para que cesen cualquiera de los actos recién descritos que reclama la parte quejosa y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si se trata de una orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. Asimismo, SE CONCEDE DICHA SUSPENSIÓN DE PLANO, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la ilegal e inconstitucional retención y privación de la libertad del quejoso Adolfo Cuevas Rodríguez, en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, en contra de su voluntad, por ser un ataque a su libertad personal fuera de juicio. En el entendido que la suspensión se otorga conforme al numeral 164 de la ley de la materia, en los términos siguientes: Privación de la libertad de la parte quejosa ante autoridades administrativas distintas al Ministerio Público. Para el caso que el acto reclamado afecte la libertad personal de la parte quejosa y se encuentre a disposición de autoridades administrativas distintas al Ministerio Público: Debe precisarse a las autoridades responsables que en términos de lo previsto en el párrafo primero de la porción normativa 164 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que la privación de la libertad de la parte quejosa guarde relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndola en libertad o a disposición del Ministerio Público. Asimismo, en términos del último párrafo de dicho dispositivo legal, para el caso de que la detención de la parte directa quejosa no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tiene por efecto que sea puesta en libertad. En el entendido que si se trata de alojamiento en una estación migratoria o estancia provisional para que se determine la situación de la parte quejosa como persona extranjera su duración no puede exceder de treinta y seis horas, sin causa justificada que lo amerite; lo anterior, en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. Además debe cumplir con los requisitos de: 1) razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; 2) necesidad; y 3) proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. Se precisa que, como lo solicita el promovente con relación a la ejecución de dicha orden y en el caso que proceda, al dejarlo en libertad, las autoridades deberán (1) explicarle al quejoso que se le otorga con motivo de esta determinación y (2) abstenerse de trasladarlo a algún lugar peligroso de la Ciudad de México para ponerlo en libertad. Sin que se pudiera fijar un horario para tal efecto a las responsables, porque ello implicaría que la suspensión no se ejecutara de manera inmediata, como ya se ordenó. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.) de la Primera Sala, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2027175, que establece: "DETENCIÓN ADMINISTRATIVA MIGRATORIA. PARA EVITAR QUE SEA ARBITRARIA, SU DURACIÓN DEBE SER MENOR A TREINTA Y SEIS HORAS Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Hechos: Diversas personas migrantes fueron detenidas en una estación migratoria por autoridades adscritas al Instituto Nacional de Migración, por un periodo superior a treinta y seis horas, para averiguar su situación de regularidad dentro del territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados, las personas migrantes presentaron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, las partes interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para evitar que una detención administrativa migratoria sea arbitraria debe I) ser menor al plazo de treinta y seis horas y II) debe cumplir con los requisitos de: 1) razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; 2) necesidad; y 3) proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. La razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. La necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Y, la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión. Justificación: Lo anterior, toda vez que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. De ahí que, para una detención en este contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima. Siempre que ésta sea acorde al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas." Requisitos de efectividad Para garantizar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio, que exista en su caso, como la materia del juicio de amparo, en términos del artículo 138 de la ley de la materia, la quejosa deberá cumplir con los requisitos de efectividad de dicha medida cautelar, siguientes: 1. Proporcionar domicilio o lugar dentro de la demarcación geográfica de la autoridad migratoria; 2. Comparecer cada mes ante el juzgado de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, en turno, ante quien se declinará la competencia para conocer de este asunto, el cual le notificara en su momento los días que tiene que acudir a cumplir este requisito. 3. No abandonar la demarcación geográfica (Ciudad de México), sin previa autorización del juez de Distrito. La suspensión surte efectos de inmediato, sin embargo, dejarán de surtirlos si la quejosa no cumple con dichos requisitos ante el juzgado de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, en turno, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del juzgado al que le corresponda conocer de este asunto, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Tales requisitos los deberá de cumplir ante dicho órgano jurisdiccional. Ilustran a la anterior determinación las tesis emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Pleno del Décimo Circuito, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con los siguientes registros: 2025911, 2022090, 2016410 y 2025514; cuyos rubros y textos son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR QUE RECLAMAN UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO ATRIBUIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM), DERIVADO DE SU RETENCIÓN EN ESTACIONES MIGRATORIAS, PARA EL EFECTO DE QUE SEAN PUESTAS EN LIBERTAD, PREVIA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS Y MEDIDAS QUE DETERMINE EL JUEZ DE DISTRITO. Hechos: Los quejosos, en calidad de extranjeros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra la privación ilegal de la libertad personal por más de treinta y seis horas en las instalaciones de una estación migratoria, solicitando la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado para que cesara. El Juez de Distrito concedió la medida para que quedaran a su disposición en el lugar donde se encuentran, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, y a la de la autoridad administrativa responsable para continuar el procedimiento hasta que se notifique la sentencia ejecutoria que se dicte en el principal; precisando que si la detención obedece a que los extranjeros no se encuentran legalmente en el país, las responsables deben presentarlos ante la autoridad migratoria en la estación que corresponde para regularizar su situación. Inconformes los quejosos interpusieron recurso de queja, de trámite urgente, controvirtiendo los efectos de la medida suspensional. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento -privación ilegal de la libertad- atribuido al Instituto Nacional de Migración (INM), derivado de su detención en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, previa satisfacción de los requisitos y medidas que determine el Juez de Distrito. Justificación: Lo anterior, en atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 17 de abril de 2000, según el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto siguiente; principio también previsto en el Protocolo para Juzgar casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Además de que la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal sino, en todo caso, como una falta administrativa, por lo que, aplicando el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, en relación con los principios constitucionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, en tanto no se haya cometido delito alguno que merezca pena privativa de la libertad, robustecidos con el principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución General, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de plano cuando la detención de los migrantes sea efectuada por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público o cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito, para el efecto de que sean puestos en inmediata libertad, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de Amparo; así, para garantizar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio, como la materia del juicio de amparo, en términos del artículo 138 de la ley de la materia, los quejosos deberán cumplir con los requisitos de efectividad de dicha medida cautelar; a manera ejemplificativa: proporcionar domicilio o lugar dentro de la demarcación geográfica de la autoridad migratoria, comparecer cada mes ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, no abandonar la demarcación geográfica sin previa autorización del Juez o presentar una carta responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana." "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." "MIGRANTES. SI LA DETENCIÓN RESTRINGE SU LIBERTAD INJUSTIFICADAMENTE O MÁS ALLÁ DEL TÉRMINO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO Y NO FORMA PARTE DE ALGÚN PROCEDIMIENTO DEL ORDEN PENAL, SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YA QUE EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A DARLES UN TRATO IGUAL QUE A LOS CONNACIONALES Y PERMITIRLES EL LIBRE TRÁNSITO, ABANDONANDO TRATOS DE DISTINCIÓN, DISCRIMINACIÓN O EXCLUSIÓN POR EL SOLO HECHO DE SER PERSONAS EXTRANJERAS. Hechos: Personas extranjeras promovieron juicio de amparo indirecto contra la privación de su libertad y la prolongación del alojamiento por más de treinta y seis horas sin justificación en un albergue en el Estado de Nuevo León y contra la orden de deportación. Solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados para que se les pusiera en inmediata libertad. La Juez de Distrito concedió la suspensión de plano otorgando un plazo extra a las autoridades para el efecto de que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que surtiera efectos la notificación del auto, emitieran un proveído en el que, con libertad de jurisdicción, determinaran si resultaba procedente o no cesar el alojamiento migratorio de las personas quejosas. Criterio jurídico: La medida administrativa consistente en el alojamiento en una estación migratoria o en una estancia provisional para que se determine la situación de una persona extranjera por más de 36 horas sin causa justificada que lo amerite, constituye una restricción injustificada a la libertad personal de las personas migrantes. Justificación: Los artículos 1o., 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7), reconocen la libertad personal como derecho humano de primer rango, que no puede restringirse salvo en los casos excepcionales que ahí se establecen. En el informe temático del Septuagésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la Relatora Especial destacó que el principio de progresividad establece la obligación del Estado de generar una mayor protección y garantía de los derechos humanos; de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. Por su parte, el artículo 68 de la Ley de Migración prevé que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto Nacional de Migración en los casos previstos en esa ley, que deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Así, conforme a los principios constitucionales y convencionales señalados, el alojamiento en una estación migratoria o en una estancia provisional mayor a ese término, sin causa justificada que lo amerite, constituye una restricción injustificada a la libertad personal de las personas migrantes y disminuye el grado de tutela de ese derecho humano en contravención al principio de progresividad." Apercibimiento Se apercibe a las autoridades responsables, a cumplir con la suspensión concedida, toda vez que de no hacerlo, podrían incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, y 265 de la Ley de Amparo; por lo que de darse el supuesto, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos conducentes; debiendo informar a este juzgado, dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, sobre las medidas que adopten al respecto, remitiendo copias certificadas de las constancias conducentes. Actos reclamados que no fueron materia del otorgamiento de la suspensión de plano Por lo que respecta a los diversos actos reclamados consistentes en 4) cualquier traslado del quejoso Adolfo Cuevas Rodríguez a diversa estación migratoria o a otro estado de la república, y 5) la retención de los documentos de identidad de dicha parte procesal por parte de las autoridades responsables, tales como pasaporte y cédulas de identidad, no fueron materia de la suspensión de plano a que se refiere el dispositivo 126 de la Ley de Amparo, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el diverso artículo 15 de la ley que rige el procedimiento de amparo. Vías de comunicación a su alcance Asimismo, se solicita a las autoridades responsables que al momento de rendir sus informes proporcionen las vías que tengan a su alcance -correo electrónico oficial, fax y/o algún medio tecnológico- a efecto de agilizar la comunicación entre este órgano jurisdiccional y las responsables. Las autoridades responsables pueden remitir sus informes vía fax al teléfono 733 335 0210 o al correo oficial 9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, en cuyo caso deberán corroborar su recepción en la misma vía en que se sirvan remitir sus informes. Obligación de las autoridades de recibir oficios En términos del numeral 28 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que se negaran a recibir los oficios derivados del presente asunto, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación; y si a pesar de esto subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha para todos los efectos legales. Estudio de la competencia Por otro lado, de la demanda se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a saber: 1) titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. 2) director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración; y 3) director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Por lo que resulta evidente que este juzgado federal carece de competencia para conocer del presente asunto. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: i. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. ii. Cuando el mismo se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; y, iii. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los juzgados federales, procede establecer la naturaleza de los actos reclamados por el peticionario de derechos fundamentales, a fin de delimitar cuál de ellas es la aplicable en el caso a estudio y, por tanto, el órgano de control constitucional a quien corresponde conocer del citado asunto. Por lo tanto, en congruencia con la primera regla deducida del numeral 37 de la Ley de Amparo y atento a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, los cuales requieren de ejecución material inmediata, corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador federal que ejerza sus funciones en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; entonces resulta natural que en el caso el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, es quien resulta competente para conocer y resolver la demanda de amparo en que se actúa, ya que las autoridades responsables se ubican aquella localidad y los actos reclamados se están ejecutando en dicho sitio. Por lo que la regla de competencia por territorio es la prevista en el inciso i), es decir, conforme al lugar donde tenga ejecución el acto reclamado. Con base en lo anterior, se llega a la conclusión que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda, porque la impetrante del amparo no señala acto que deba tener ejecución ni autoridad dentro de la jurisdicción de este órgano. Así, de conformidad con los lineamientos de ejecución material para fincar competencia en el amparo indirecto, a que hacen referencia los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se declarara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Por lo tanto, remítase la demanda al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, en turno, a través de su oficina de correspondencia común, a fin de que provea lo que en derecho corresponda, a quien se solicita atentamente el acuse de recibo y comunique si aceptó la competencia planteada. Habilitación, vía electrónica del presente asunto En términos de los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255, 263 y 265, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial administrativa A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), registre oportunamente los datos y la información que resulta del ejercicio de sus funciones; asimismo, habilite, vía interconexión, todas y cada una de las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa, y las haga disponibles a fin de que la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se encuentre en aptitud legal de visualizarlas, y en consecuencia, turne el asunto al órgano jurisdiccional que corresponda. Ahora, respecto del diverso acto que no fue materia de la suspensión de plano en este asunto, se reserva su pronunciamiento al juez que sea competente para conocer del presente juicio de amparo. Notificación personal al quejoso privado de su libertad En ese sentido, al tomar en consideración que el quejos *****, bajo protesta de decir verdad, manifestó que se encuentra privada de su libertad en la Estación Migratoria de la Ciudad de México, es decir, fuera del lugar en que ejerce jurisdicción este órgano federal, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en mención, gírese atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para que realice lo siguiente: 1. Comisione al actuario de su adscripción se constituya en las instalaciones la Estación Migratoria de la Ciudad de México, a fin de que con copia del presente proveído y con lenguaje simple, directo y cotidiano le explique a la amparista el alcance de la determinación pronunciada por este juzgado federal. 2. Requiera al directo quejoso ****+, para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días legalmente computados manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibida de no hacerlo se tendrá por no presentada. 3. De igual manera, ordene al funcionario que realice la diligencia que en el momento de la notificación dé fe de la integridad física exterior y de las condiciones en que se encuentre la directa quejosa, esto es si presenta alguna lesión visible, diligencia que se desarrollara respecto de todo aquello que pueda percibir a través de los sentidos. 4. Entregue los oficios 1914/2023, 1915/2023 y 1916/2023 en los cuales se anexa copia simple de la demanda de amparo, dirigidos a las autoridades responsables: a) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. b) Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración. c) Director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, atendiendo la naturaleza de los actos que se reclaman. 5. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al juez exhortado para que provea las medidas que estime necesarias para el total cumplimiento de lo solicitado. Notificaciones electrónicas y consulta del expediente electrónico. Por otro lado, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de amparo, en relación con el numeral 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícense las notificaciones de manera electrónica; asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico bajo el usuario "FernandoRomeroMalpica". En consecuencia, se comisiona a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que realice la habilitación correspondiente. Autorizado De igual manera, se autoriza en términos del artículo 12 de la ley de la materia a *****, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; y única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones a *****, por no contar con el referido registro en el sistema de que se trata. Se tiene como correo electrónico y número de teléfono de contacto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como correo electrónico y número de teléfono los indicados, a efecto de establecer contacto con dicha parte procesal en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Uso de medios electrónicos Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos que, conforme a las obligaciones inherentes a su cargo, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, notifique la presente determinación a las partes; en términos del dispositivo octavo, fracción II, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vinculen al expediente electrónico dichas notificaciones a cada una de las partes, según sea el caso, y hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite dichas circunstancias, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa y del mismo modo a las autoridades responsables.
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