Fernando Román Sánchez

Expediente 562/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
562/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • Fernando Román Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en auto de veintiocho de diciembre del año próximo pasado, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 4 de 6 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Mediante resolución dictada por éste Órgano Jurisdiccional el seis de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Fernando Román Sánchez (fojas 50 a 62). Posteriormente, en proveído de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 76 a 78), debiendo realizar lo siguiente: El termino de veinticuatro horas siguientes a que se le requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dicte un acuerdo en el proceso penal 33/2016-II. En el que requiera al procesado, ahora inconforme Fernando Román Sánchez, para que manifieste si persiste en que se requiera una tercera valoración psicológica conforme al protocolo de Estambúl, por parte del Centro de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán (esto sólo para el caso de que en la causa penal de origen aún no obre esa diligencia); y. En caso de que deba continuar con el desahogo de dicha prueba, en un término no mayor de quince días hábiles, deberá concluir la misma y, para lograrlo, deberá hacer uso de las medidas de apremio que a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, le otorga el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Hecho lo anterior, el juez responsable deberá continuar de inmediato con la secuela procesal, observando los plazos y términos fijados en el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales del Estado, y ordenar su notificación se haya llevado a cabo a más tardar al día siguiente de la fecha en que se dicten las resoluciones que las motiven, de conformidad con el numeral 162 de dicha codificación En cumplimiento a la ejecutoria dictada, el citado Juez Segundo de Primera Instancia en Materas Penal con sede en esta ciudad, remitió los oficios 1475, 1520, 1672, 1720, 2051, 2050, 2354, 2365, 2668 y 2670 este último con anexos, registrados en el libro de correspondencia bajo los números de orden 11739, 12168, 14771, 15413, 17747, 17748, 20157, 20883, 23364 y 23598, respectivamente, mediante los cuales, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada y remitió las constancias con las pretendió acreditar dicha circunstancia (fojas 91, 106, 128, 135, 155, 157, 173, 185, 197 y 210 a 238). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, efectuó lo siguiente: En proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiste, dictado por el Juez responsable, determinó no requerir al quejoso Fernando Román Sánchez a efecto de manifestar si persistía en requerir una tercera valoración psicológica conforme al Protocolo de Estambul, toda vez que el trece de enero del año próximo pasado, ese juzgado tuvo por recibido dicho informe psiquiátrico. Posteriormente, siguió con la secuela procesal observando los plazos y términos fijados en el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales del Estado y ordenó su notificación a las partes debiendo verificar dicha notificación se haya llevado a cabo a más tardar el día siguiente a la fecha en que se dicten las resoluciones que las motiven de conformidad con el numeral 162 del código de la materia. Finalmente, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dicto sentencia definitiva, resolviendo lo siguiente: "Puntos Resolutivos Primero. Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, de este Distrito Judicial, resultó competente para conocer y resolver en definitiva el presente proceso penal, en los términos que se precisan en el considerando primero. Segundo. Se acreditó plenamente el delito de Homicidio calificado, cometido en agravio de Héctor Daniel Molina Hernández, así como la plena responsabilidad penal de Fernando Román Sánchez, Carlos Adonay González Molina y Edgar Corona Silva, en la comisión de dicho delito. Por otra parte, se tuvo por acreditado plenamente el delito de Contra la Salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana, así como la plena responsabilidad penal de Fernando Román Sánchez, en la comisión de dicho delito. Tercero.- Luego entonces, se impone al acusado Edgar Corona Silva, una pena de veinticinco años de prisión. Mientras que al acusado Fernando Román Sánchez, una pena de veinticuatro años de prisión. Y al acusado Carlos Adonay González Molina, se les impone una pena de veintidós años seis meses de prisión. Cuarto.- Se condena a los sentenciados al pago de la reparación del daño, en términos del considerando respectivo. Quinto.- Se suspenden los derechos políticos de los sentenciados. (.)" En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos; pues la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Finalmente, glósese el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, mediante el cual informa que el aquí quejoso y la defensora publica adscrita a su órgano jurisdiccional, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    I.-POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en auto de veintiocho de diciembre del año próximo pasado, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia y tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 4 de 6 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Mediante resolución dictada por éste Órgano Jurisdiccional el seis de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso Fernando Román Sánchez (fojas 50 a 62). Posteriormente, en proveído de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, a efecto de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 76 a 78), debiendo realizar lo siguiente: El termino de veinticuatro horas siguientes a que se le requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dicte un acuerdo en el proceso penal 33/2016-II. En el que requiera al procesado, ahora inconforme Fernando Román Sánchez, para que manifieste si persiste en que se requiera una tercera valoración psicológica conforme al protocolo de Estambúl, por parte del Centro de Salud de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán (esto sólo para el caso de que en la causa penal de origen aún no obre esa diligencia); y. En caso de que deba continuar con el desahogo de dicha prueba, en un término no mayor de quince días hábiles, deberá concluir la misma y, para lograrlo, deberá hacer uso de las medidas de apremio que a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, le otorga el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Hecho lo anterior, el juez responsable deberá continuar de inmediato con la secuela procesal, observando los plazos y términos fijados en el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales del Estado, y ordenar su notificación se haya llevado a cabo a más tardar al día siguiente de la fecha en que se dicten las resoluciones que las motiven, de conformidad con el numeral 162 de dicha codificación En cumplimiento a la ejecutoria dictada, el citado Juez Segundo de Primera Instancia en Materas Penal con sede en esta ciudad, remitió los oficios 1475, 1520, 1672, 1720, 2051, 2050, 2354, 2365, 2668 y 2670 este último con anexos, registrados en el libro de correspondencia bajo los números de orden 11739, 12168, 14771, 15413, 17747, 17748, 20157, 20883, 23364 y 23598, respectivamente, mediante los cuales, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada y remitió las constancias con las pretendió acreditar dicha circunstancia (fojas 91, 106, 128, 135, 155, 157, 173, 185, 197 y 210 a 238). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, efectuó lo siguiente: En proveído de cuatro de julio de dos mil diecisiste, dictado por el Juez responsable, determinó no requerir al quejoso Fernando Román Sánchez a efecto de manifestar si persistía en requerir una tercera valoración psicológica conforme al Protocolo de Estambul, toda vez que el trece de enero del año próximo pasado, ese juzgado tuvo por recibido dicho informe psiquiátrico. Posteriormente, siguió con la secuela procesal observando los plazos y términos fijados en el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales del Estado y ordenó su notificación a las partes debiendo verificar dicha notificación se haya llevado a cabo a más tardar el día siguiente a la fecha en que se dicten las resoluciones que las motiven de conformidad con el numeral 162 del código de la materia. Finalmente, el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, dicto sentencia definitiva, resolviendo lo siguiente: "Puntos Resolutivos Primero. Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, de este Distrito Judicial, resultó competente para conocer y resolver en definitiva el presente proceso penal, en los términos que se precisan en el considerando primero. Segundo. Se acreditó plenamente el delito de Homicidio calificado, cometido en agravio de Héctor Daniel Molina Hernández, así como la plena responsabilidad penal de Fernando Román Sánchez, Carlos Adonay González Molina y Edgar Corona Silva, en la comisión de dicho delito. Por otra parte, se tuvo por acreditado plenamente el delito de Contra la Salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de marihuana, así como la plena responsabilidad penal de Fernando Román Sánchez, en la comisión de dicho delito. Tercero.- Luego entonces, se impone al acusado Edgar Corona Silva, una pena de veinticinco años de prisión. Mientras que al acusado Fernando Román Sánchez, una pena de veinticuatro años de prisión. Y al acusado Carlos Adonay González Molina, se les impone una pena de veintidós años seis meses de prisión. Cuarto.- Se condena a los sentenciados al pago de la reparación del daño, en términos del considerando respectivo. Quinto.- Se suspenden los derechos políticos de los sentenciados. (.)" En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos; pues la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Finalmente, glósese el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, mediante el cual informa que el aquí quejoso y la defensora publica adscrita a su órgano jurisdiccional, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar...CITATORIO

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 27, inciso c), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en los avisos de veintinueve de diciembre del año en curso, notifico a la parte quejosa y terceras interesadas por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintiocho del citado mes y año (diciembre de dos mil diecisiete), que en lo conducente dice: En veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado en el libro de correspondencia con el consecutivo 23598. Conste.Uruapan, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad; por medio del cual y en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós de diciembre pasado, remite copia certificada de la sentencia definitiva dentro del proceso penal 33/2016-II de su índice. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE, personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciado Rubén Olvera Arreola, quien actúa con el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, secretario que autoriza y da fe.

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