Fernando Rojo Tala
Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Fernando Rojo Tala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado en este asunto el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez Primero Mercantil de esta ciudad, el anexo que acompañó como justificación a su informe. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; determinación que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Por otra parte, en virtud que la parte quejosa acompaño a su escrito de demanda un documento susceptible de devolución; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado en este asunto el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Devuélvase al Juez Primero Mercantil de esta ciudad, el anexo que acompañó como justificación a su informe. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; determinación que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de depuración; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Por otra parte, en virtud que la parte quejosa acompaño a su escrito de demanda un documento susceptible de devolución; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se deje autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este Juzgado a recoger los edictos ordenados por proveído de seis de septiembre del año actual, a efecto de emplazar al presente juicio al tercero interesado Enrique Alejandro Rodríguez Rosales, sin que al efecto lo haya hecho. En atención a lo anterior, hágase efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho; y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el dispositivo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 64/2002, por Contradicción de Tesis número 16/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de fecha catorce de junio del dos mil dos, localizable en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º. Fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". En tal virtud, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que compareciera a este Juzgado a recoger los edictos ordenados por proveído de seis de septiembre del año actual, a efecto de emplazar al presente juicio al tercero interesado Enrique Alejandro Rodríguez Rosales, sin que al efecto lo haya hecho. En atención a lo anterior, hágase efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho; y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el dispositivo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 64/2002, por Contradicción de Tesis número 16/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de fecha catorce de junio del dos mil dos, localizable en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º. Fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". En tal virtud, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.
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