Fernando Rojas Calva

Expediente 825/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
825/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Fernando Rojas Calva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 825/2017-5, promovido por María Guadalupe Torres Vera en representación de su esposo Fernando Rojas Calva, por estimarlos violatorios de los derechos contenidas en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el diez de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, María Guadalupe Torres Vera en representación de su esposo Fernando Rojas Calva, solicito el amparo y la protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO QUE SE LE RECLAMA EN LA DEMANDA DE AMPARO. La demanda de derechos se promovió contra el acto y autoridades que se señalan a continuación: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: "En cuanto ordenadoras, los CC. Procurador General de Justicia de Hidalgo y los Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Coordinación de Unidad de Investigación con personas detenidas Titulares de las Mesas uno, dos tres y cuatro; en cuanto ejecutoras Director de la Policía Investigadora del Estado de Hidalgo, todas con domicilio bien conocido en esta ciudad". IV. ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades señaladas como responsables ordenadora, la orden de detención que libraron contra mi esposo FERNANDO ROJAS CALVA, misma que ejecutaron las restantes señaladas como responsables ejecutoras, quienes lo mantienen incomunicado y sujeto a golpes, malos tratos y hasta con el temor fundado de que lo lleguen a privar de la vida con tal de hacerlo confesar delitos que no ha cometido."La incomunicación y privación ilegal de la libertad fuera de todo procedimiento judicial a que está siendo sujeto el ahora quejoso. TERCERO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. Los solicitantes del amparo narraron los antecedentes del acto reclamado, expusieron los conceptos de violación que estimaron pertinentes, y señalaron como derechos fundamentales violados, en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE DERECHOS. A través del proveído de once de julio de este año, previa razón de ratificación este Juzgado de Distrito la tuvo por recibida, registró la demanda de amparo con el número 825/2017-5 y la admitió a trámite; por tanto, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. En acuerdo de once de julio de dos mil diecisiete, se hizo saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente juicio, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, lo que conlleva su consentimiento tácito a que la presente resolución se publique sin supresión de datos. SEXTO. PEDIMENTO DEL REPRESENTANTE SOCIAL. Se hace constar que el Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento. SÉPTIMO. RECEPCIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS. Por proveído del trece, diecisiete y veintiocho del mes de julio del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes justificados, en el que las autoridades negaron la existencia del acto, lo que será materia de análisis en los considerandos respectivos. OCTAVO. Por proveído de trece de julio dl actual se dejó de tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad con personas Detenidas IV adscrito a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, ante su inexistencia. NOVENO.-AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido el juicio en sus demás etapas procesales en la presente fecha -veintitrés de agosto de dos mil diecisiete-, se celebró la audiencia Constitucional respectiva al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es legalmente competente para conocer del presente juicio de derechos, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y II, de la Constitución Federal, 33 y 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo , Agentes del Ministerio Público Titulares de la Unidades con personas Detenidas I, II y III adscritos a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo , Director General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo consistente en la incomunicación, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que existan en autos pruebas que desvirtúen lo anterior. En ese contexto, toda vez que la parte quejosa fue omisa en aportar pruebas que desvirtuaren dichas negativas, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente. Resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada con el número 284, en la página 236, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (2000), cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Igual consideración merecen los actos reclamados consistentes en la retención o detención del quejoso Fernando Rojas Calva, atribuidos a los Agentes del Ministerio Público Titulares de las Unidad con personas Detenidas I y II adscritos a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados y Director General de la Policía investigadora, todos ellos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo, informaron que dicho promovente nunca se encontró a su disposición, por lo que no deben tenerse como ciertos los actos que por derecho propio, reclamó en la demanda de amparo. TERCERO.- Debe tenerse como ciertos el acto reclamado consistente en la retención o detención del quejoso Fernando Rojas Calva, a las autoridades responsables Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo y Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad con personas Detenidas III adscrito a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ya que a pesar de haberlo negado al momento de rendir su informe justificado, se advierte de las constancias consistentes en copias auténticas del oficio de egreso y resolución de libertad de la carpeta de investigación NUC:12-2017-09234, y si bien es cierto estuvo a disposición Fernando Rojas Calva, también lo es, que desde el doce del mes de julio del actual le fue decretada su libertad. En la anterior tesitura, se acredita para todos los efectos legales la existencia de los actos reclamados. CUARTO.- No habrá de analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, toda vez que se estima actualizada una causa de improcedencia, que por tratarse de un aspecto de orden público debe estudiarse de oficio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 814, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, foja 553 que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden púbico deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Se advierte que en la especie se actualiza respecto del acto reclamado antes citado, la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de amparo vigente, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 61 en su fracción XXI de la Ley de Amparo vigente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el Procurador General de Justicia en el Estado de Hidalgo hizo del conocimiento que fue puesto a disposición Fernando Rojas Calva ante el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad con personas Detenidas III adscrito a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y que el doce de julio del año en curso fue puesto en libertad durante la investigación en la carpeta de investigación 12-2017-09234 . Sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que por acuerdo del doce de julio del año en curso dentro de la carpeta de investigación 12-2017-09234, fue puesto en inmediata libertad el quejoso Fernando Rojas Calva durante la investigación, ordenándose girar el oficio correspondiente a la autoridad ejecutora para hacerlo de su conocimiento. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso al incoar el juicio constitucional lo hizo por considerar que las responsables, al haber ordenado y ejecutado su retención y detención, violaban en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; sin embargo, este acto dejo de existir debido a que el doce de julio del actual, fue ordenada su inmediata libertad durante la investigación de la carpeta de investigación en comento. Tal determinación repone al accionante del amparo en el mismo estado en que se encontraban antes de la violación de garantías que invocaron, por lo que debe decirse que el acto reclamado fue destruido, así como los efectos que el mismo haya producido, puesto que ello constituye una stuación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiera emitido. De lo anteriormente reseñado se desprende que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que como se dijo con antelación, el doce de julio del año en curso, fue decretada la inmediata libertad del quejoso Fernando Rojas Calva, por lo que la finalidad para la cual interpuso su demanda de garantías se encuentra totalmente satisfecha y por tanto, al haberse notificado lo anterior a las autoridades ejecutoras, dejaron de surtir sus efectos los actos en que habían incurrido la autoridades responsables, actualizándose de esta manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, siendo procedente el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia número 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". QUINTO. Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, se instruye al Secretario y oficial administrativo encargados de la mesa de trámite del número a que corresponde este asunto, para que el primero de los citados (una vez que esté firmado el presente engrose) verifique que en términos de ley se elaboren y remitan correctamente los oficios respectivos, se practiquen las notificaciones a las partes y transcurrido el término legal certifique y proponga el acuerdo que corresponda, ya sea en el sentido de que causa ejecutoria o estado esta resolución o bien el atinente a la interposición de algún medio legal de defensa. Por cuanto hace al oficial administrativo, para que elabore correcta y diligentemente los oficios y acuerdos precitados. Por lo expuesto y fundado con apoyo además en lo establecido en la fracción V del artículo 63 y fracción XXI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías. SEGUNDO. Dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprenden que mediante proveído de fecha veintiocho de julio del año en curso, se le dio vista al quejoso Fernando Rojas Calva, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; siendo evidente que éste no fueron recibidos con anticipación de ocho días a la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta fecha, plazo a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; en tal virtud, para no dejar en estado de indefensión a las partes, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de agosto del año en curso, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Pachuca, Hidalgo, veintiocho de julio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos para que obren como correspondan y surtan los efectos legales conducentes los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, Agentes del Ministerio Público Titulares de la Unidad con personas detenidas I, II, y III, todos ellos adscritos a la Coordinación de Investigación y Recuperación de Vehículos Robados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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