Fernando Rodríguez Ramírez

Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
567/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • Fernando Rodríguez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente hiciera valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que ha causado estado. En tales condiciones, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente una vez que transcurran TRES AÑOS, procédase a su DESTRUCCIÓN haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    Agréguese la razón actuarial de cuenta, signada por la fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar de manera personal al quejoso ****, el proveído de treinta de octubre de dos mil veinte; toda vez que al constituirse en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, fue informada que de una revisión del Sistema Integral de Información Penitenciaria, no cuenta con registro en ese centro de reclusión. En consecuencia, hágase la notificación del citado proveído, el presente, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto el impetrante de amparo señale diverso domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de cuyo contenido se advierte que el citado órgano jurisdiccional declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por cuestión de materia; y para tal efecto, remite los autos originales del juicio de amparo ****de su índice, promovido por *****. Además, hágase saber al Juez declinante y a las partes, que después de analizar las constancias que se reciben, este Juzgado Federal acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, en virtud de que se trata de los actos consistentes en el cambio de dormitorio y el traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad, en virtud de que tales actos son de los que se encuentran previstos en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito ejerce competencia por razón de materia respecto de dicho asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Por tanto, procédase a la sustitución de las carátulas del cuaderno principal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se convalidan las actuaciones realizadas por la homóloga. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que el promovente de amparo se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad; y, que se señala como actos reclamados: La resolución o acto de autoridad que solicite y autorice el traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad a uno diverso y el cambio de dormitorio. Ahora, como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida por la Secretaria (autorizada para recibir promociones fuera de horario), del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de manera electrónica el veinte de octubre de dos mil veinte; para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo , en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular del escrito de demanda, no se advierte la firma electrónica. Hipótesis legal que también fue prevista en el artículo 13, primer párrafo del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y tal y como se precisó en la certificación secretarial de cuenta, la demanda de amparo carece de firma electrónica, y debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. A mayor abundamiento, no se aprecia del escrito de demanda que se haya plasmado alguna firma autógrafa, sin embargo, ello no cambia el sentido de la presente determinación, pues se considera un papel en copia simple; y no genera certeza jurídica de que la demanda haya sido instada por la parte interesada; pues -se insiste-, la normatividad aplicable exige la utilización de firma electrónica. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Ahora, como se hizo constar en la certificación, la demanda presentada carece de firma electrónica, lo que de inicio podría hacer pensar que se debería ordenar su ratificación; sin embargo, no es procedente ordenarlo, pues quien promueve la misma es el directo quejoso, el cual no se aprecia que se encuentre imposibilitado para hacerlo, así, conviene traer a cuenta lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo. De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En la especie no se cumplen ambos requisitos, pues como se dijo, la parte quejosa combate una orden de traslado y un cambio de dormitorio; sin embargo, dichos actos no son de aquellos que alude el inciso a) antes mencionado; en la inteligencia de que en la demanda se señaló como responsables a dos potestades judiciales, de ahí que no pueda estimarse que los actos sean emitidos fuera de procedimiento; pues al señalarse a dos órganos jurisdiccionales se considera que debe regirse conforme a las reglas y medios ordinarios de defensa, que se encuentran contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal; además, no se observa que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, pues tal circunstancia no se desprende de ninguna parte de la narrativa del escrito inicial. Se insiste, del análisis realizado a la demanda no se advierte que ****se encuentre impedido para instar acción constitucional, así de la lectura integral de la demanda no se observa que alegue alguna imposibilidad para promover y, por tanto, en modo alguno le impide a éste firmar y hacer llegar a este órgano de control de la constitucionalidad, por conducto de cualquier persona, el escrito por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedido física y legalmente para hacerlo y reclamarse alguno de los actos mencionados en el inciso a), como se expuso en líneas que anteceden. En tal virtud, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica.

  4. Principal

    PERSONAL. Con fundamento en el artículo 27, de la Ley de Amparo y el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se notifica al quejoso *****, mediante lista electrónica publicada en la dirección (www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp) así como por lista física fijada en un espacio de fácil acceso en el edificio sede de este Juzgado (según lo determine la administración del edificio Prisma del Poder Judicial de la Federación), para el caso de los usuarios que deseen consultarla en las instalaciones del edificio en el que reside el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, las determinaciones de diez de noviembre de dos mil veinte, así como la diversa de treinta de octubre de dos mil veinte. DETERMINACIÓN DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en síntesis dice: Agréguese la razón actuarial de cuenta, signada por la fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar de manera personal al quejoso ****, el proveído de treinta de octubre de dos mil veinte; toda vez que al constituirse en las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, fue informada que de una revisión del Sistema Integral de Información Penitenciaria, no cuenta con registro en ese centro de reclusión. En consecuencia, hágase la notificación del citado proveído, el presente, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto el impetrante de amparo señale diverso domicilio para tal efecto, así como la determinacón de TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, que en resumen dice: Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de cuyo contenido se advierte que el citado órgano jurisdiccional declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por cuestión de materia; y para tal efecto, remite los autos originales del juicio de amparo ****de su índice, promovido por *****. Además, hágase saber al Juez declinante y a las partes, que después de analizar las constancias que se reciben, este Juzgado Federal acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, en virtud de que se trata de los actos consistentes en el cambio de dormitorio y el traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad, en virtud de que tales actos son de los que se encuentran previstos en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, se estima que este Juzgado de Distrito ejerce competencia por razón de materia respecto de dicho asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. Por tanto, procédase a la sustitución de las carátulas del cuaderno principal. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se convalidan las actuaciones realizadas por la homóloga. Por otra parte, del análisis integral de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se advierte que el promovente de amparo se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad; y, que se señala como actos reclamados: La resolución o acto de autoridad que solicite y autorice el traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad a uno diverso y el cambio de dormitorio. Ahora, como cuestión previa, es importante señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, este órgano de control de la constitucionalidad estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente. Así, es menester destacar que la demanda de amparo fue recibida por la Secretaria (autorizada para recibir promociones fuera de horario), del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de manera electrónica el veinte de octubre de dos mil veinte; para el trámite del juicio de amparo en términos de los artículos 3, 21 y 110 de la Ley de Amparo , en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cuyo caso, de conformidad con el primero de los numerales en cita, se requiere que dicha petición presente la firma electrónica del promovente, la cual producirá los mismos efectos de la autógrafa. Asimismo, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, en relación con el 59 y 64, todos del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación; las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular del escrito de demanda, no se advierte la firma electrónica. Hipótesis legal que también fue prevista en el artículo 13, primer párrafo del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, que ordena que para la actuación de los juicios en línea, se requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, y tal y como se precisó en la certificación secretarial de cuenta, la demanda de amparo carece de firma electrónica, y debe considerarse que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. A mayor abundamiento, no se aprecia del escrito de demanda que se haya plasmado alguna firma autógrafa, sin embargo, ello no cambia el sentido de la presente determinación, pues se considera un papel en copia simple; y no genera certeza jurídica de que la demanda haya sido instada por la parte interesada; pues -se insiste-, la normatividad aplicable exige la utilización de firma electrónica. Eventualidad que no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6, de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Ahora, como se hizo constar en la certificación, la demanda presentada carece de firma electrónica, lo que de inicio podría hacer pensar que se debería ordenar su ratificación; sin embargo, no es procedente ordenarlo, pues quien promueve la misma es el directo quejoso, el cual no se aprecia que se encuentre imposibilitado para hacerlo, así, conviene traer a cuenta lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo. De los dispositivos transcritos se advierte el juicio de amparo puede promoverse: 1. Por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; por su representante legal o por su apoderado; en materia penal por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la Ley lo permita. 2. Pero se contempla una excepción que permite que diversa persona pueda promover el amparo a su nombre, siempre y cuando se actualicen los siguientes supuestos: a) Se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y b) El agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En la especie no se cumplen ambos requisitos, pues como se dijo, la parte quejosa combate una orden de traslado y un cambio de dormitorio; sin embargo, dichos actos no son de aquellos que alude el inciso a) antes mencionado; en la inteligencia de que en la demanda se señaló como responsables a dos potestades judiciales, de ahí que no pueda estimarse que los actos sean emitidos fuera de procedimiento; pues al señalarse a dos órganos jurisdiccionales se considera que debe regirse conforme a las reglas y medios ordinarios de defensa, que se encuentran contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal; además, no se observa que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, pues tal circunstancia no se desprende de ninguna parte de la narrativa del escrito inicial. Se insiste, del análisis realizado a la demanda no se advierte que ****se encuentre impedido para instar acción constitucional, así de la lectura integral de la demanda no se observa que alegue alguna imposibilidad para promover y, por tanto, en modo alguno le impide a éste firmar y hacer llegar a este órgano de control de la constitucionalidad, por conducto de cualquier persona, el escrito por el cual solicite la protección constitucional, al no estar impedido física y legalmente para hacerlo y reclamarse alguno de los actos mencionados en el inciso a), como se expuso en líneas que anteceden. En tal virtud, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida vía electrónica.

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