Fernando Rodríguez Martínez
Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Rodríguez Martínez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Visto lo de cuenta téngase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.
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POR ESTE MEDIO SE NOIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO: AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO, MICHOACÁN, el siguiente acuerdo: Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informa cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Visto lo de cuenta téngase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento de que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo de la cual se le remitió copia oportunamente, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: A la mayor brevedad posible emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 554/2018. 1.2. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa, de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con once minutos del cuatro de octubre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido de la Secretaria Cristina García Maya, en el juicio de amparo 841/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, la Secretaria relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al Juez: con la demanda de amparo e informe justificado. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales de la autoridad responsable; sobre el particular el Juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas relacionadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria da cuenta con los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se dicta la siguiente: SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 841/2021, promovido por Fernando Rodríguez Martínez, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO: ÚNICO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional; Fernando Rodríguez Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Admitida la demanda, seguidas las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la omisión puede tener ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dictar laudo en el expediente 554/2018. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la omisión reclamada. Aunado a que de las constancias que adjuntó, se advierte su certeza; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, al hacerse un análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que las partes no hicieron valer, ni se actualiza causa alguna de improcedencia que de oficio deba ser examinada; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la solicitante del amparo. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en los dispositivos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En síntesis, el quejoso afirma que se violan sus derechos humanos porque se ha abstenido de dictar laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen, el tribunal infringe en su prejuicio la garantía de administrar la justicia dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de manera pronta, completa e imparcial, establecidas en el artículo 17 constitucional, así como en los numerales 884, 885, 886, 887, 890, 895 y 899 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que la Ley Federal del Trabajo, supletoria de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, dispone la obligación de la autoridad laboral de pronunciar el laudo, una vez transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; esto es, al concluir el plazo de dos días para que presenten sus alegatos por escrito, previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, hecho lo anterior, de oficio, se declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, cinco días para la solicitud de diligencias y en caso de que las hubiere ocho días para su desahogo y, otros diez días hábiles para la emisión del laudo. Por tanto, si de la constancias que allegó la responsable, la que fue valorada con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable tiene en proyecto de resolución -laudo-, el expediente de origen, desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, lo que hace evidente que se ha excedido en los términos legales y no ha dictado el laudo, lo que trajo como consecuencia la inobservancia del numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita, violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. Por tanto, puede concluirse válidamente que dicho juicio se encontraba paralizado, en virtud de que desde el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve se encuentra en dictamen, es decir, que se emita el laudo correspondiente, sin que a la fecha en que se resuelve, haya emitido el laudo en el referido contradictorio. En las apuntadas condiciones, aplicando los principios de los que se ha dado noticia precedentemente al caso concreto y específico, surge como una cuestión incontrovertible que la omisión del tribunal responsable para substanciar el procedimiento para decidir la controversia sometida a su potestad, máxime que, como lo estableció la responsable, al no quedar pruebas pendientes por desahogar en dicho juicio, declaró cerrada la instrucción, por ende resulta violatoria del derecho fundamental de la parte quejosa a que se le administre justicia pronta y expedita contemplado por el artículo 17 de la Carta Magna. Una vez relacionado lo anterior, se concluye que la omisión reclamada al Tribunal responsable tiene como consecuencia la inobservancia del precepto constitucional, en tanto que de autos se advierte que a la fecha no se ha elaborado del proyecto de laudo ni emitido éste dentro del expediente laboral 554/2018, con lo cual se priva a la quejosa del derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, los cuales, se reitera, han transcurrido con exceso en el presente asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Robustece lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T.J/57 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional.". En ese contexto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó Fernando Rodríguez Martínez, contra la omisión que reclamó a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por conducto de su presidente. Precisión de los efectos de la protección constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se establece que la concesión del amparo y protección de la Justicia Unión a Fernando Rodríguez Martínez es para el efecto de que el tribunal responsable: ÚNICO. A la mayor brevedad posible emita el laudo correspondiente en el juicio laboral 554/2018. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Décima época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Garceta que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". No pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado que se tuvo por rendido el uno de los actuales, en el caso, no existe fin práctico que pudiera desfavorecer al quejoso, ya que no se advierte que la presente determinación, una vez transcurrido el mismo, le genere perjuicio, pues en esta fecha o en aquélla, el contenido del informe justificado y de existencia del acto reclamado, permiten establecer que el sentido de la determinación sería el mismo. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fernando Rodríguez Martínez, contra el acto que reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución
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