Fernando Rodríguez Camacho
Expediente 1109/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1109/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Rodríguez Camacho
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Tomando en consideración que el plazo de cinco días para recurrir el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha transcurrido sin que la parte promovente haya hecho valer en su contra algún recurso, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Luego, una vez que transcurran los plazos de tres y cinco años, tramítese su transferencia y destrucción, respectivamente, de conformidad con los diversos numerales Segundo, fracciones VI y XVI, Décimo, fracción I, Decimoprimero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General ya referido. De conformidad con el punto decimoprimero del citado acuerdo, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental. Finalmente, este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista las certificaciones que anteceden, se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó los puntos de acuerdo relativo a las propuestas de medidas que debían adoptar los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, estableciendo como medidas especiales del cuatro de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Posteriormente, que en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en la que se estableció que a partir del dieciocho de febrero de este año, el ordenamiento de aplicación para la operación de los órganos jurisdiccionales es el esquema previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (AG 21/2020). En ese contexto, vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal de autos, se hace del conocimiento de las partes que en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura acordó la primera adscripción, de manera interina, de la licenciada Dinorah Hernández Jiménez, como titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional a través del oficio SEADS/1394/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción en ausencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción; lo anterior, a efecto de no dejarlas en estado de indefensión, no irrogarles perjuicio alguno y no vulnerar las reglas que rigen el procedimiento; así como para los efectos previstos en los artículos 52, segundo párrafo de la Ley de Amparo y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tiene aplicación, por analogía y en la parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, que indica: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otro lado, vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el oficio 1990 P-II, firmado por el Actuario Judicial del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que remite los autos originales del expediente en que se actúa, en tres tomos, tres carpetas, dos legajos, ocho tomos de pruebas y un testimonio con cuatro copias de la resolución emitida en el recurso de revisión R.A. 15/2020, dictada en sesión de doce de noviembre de dos mil veinte, en la que resolvió lo siguiente: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve emitida por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 53/2016. SEGUNDO. La Justicia de la unión, ampara y protege a Marina Meza Medina, Luz del Consuelo López Gómez, Luz del Consuelo Velázquez López, María Del Carmen Gaytán Ávila, Araceli Quiroz Ortiz, Mary Elizabeth Valery Schreiber Villegas, Lidia Isabel Gamboa Ocampo, Mónica Alejandra Madrid Gutiérrez, Rubén Bazán Delgado, Silvia Quiroz Ortiz, Vicenta Reséndiz Díaz, Cristina Díaz Castrejón, José Alberto Hernández Sámano, Samuel Alberto Cervantes López, Rosa del Carmen Priante Cantón, Enriqueta Espinosa Rosas, Elena Rosas Ortega, Juan Gabriel Guerrero Valdez, Adriana del Rocío Moreno Uribe, Ana María Zepeda Sánchez, María del Rocío Cano Martínez, Blanca Lidia Ruiz del Hoyo Martell, Laura Patricia Durán Maya, Eduardo Contreras Hernández, Marco Antonio Rivera Rejón, Benita Lira Vargas, Ondina Buenfil Romero y Raúl Amabilis Cruz, con relación a los actos reclamados consistentes en la emisión y substanciación tanto del Registro de Manifestación de Construcción FIZT-0002-13 de veintiocho de agosto de dos mil trece, relativa a la edificación proyectada en el inmueble ubicado en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 100 (Antes Avenida Coyuya No. 224), colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco, como del procedimiento que le dio origen y sus consecuencias, atribuidos al Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la [antes] Delegación Iztacalco; para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión. Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, a efecto de notificarles la aludida ejecutoria. Confírmese recepción al Tribunal Colegiado. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, en la sentencia ejecutoria terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en autos, misma que confirmó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: PRIMER EFECTO CON RELACIÓN A LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN. En esas circunstancias, al resultar fundado el concepto de violación, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; se estima procedente otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Estrellita Montiel Jiménez, Ondina Buenfil Romero, Marina Meza Medina, Enriqueta Espinosa Rosas, Elena Rosas Ortega, Israel Cruz Jiménez, Adriana del Rocío Moreno Uribe, Juan Gabriel Guerrero Valdés, Enrique Ramírez Rodríguez, Luz del Consuelo López Gómez, Luz del Consuelo Velázquez López, Ana María Zepeda Sánchez, María del Carmen Gaytán Ávila, Araceli Quiroz Ortiz, Eduardo Contreras Hernández, Marco Antonio Rivera Rejón, Ma. Guillermina Ortiz Ferreira, Lidia Isabel Gamboa Ocampo, Mónica Alejandra Madrid Guitiérrez, Luis Manuel Morales Chávez, María del Rocío Cano Martínez, Silvia Quiroz Ortiz y René Julián Jácome Reséndiz, para el efecto de que: El Director General Jurídico de Gobierno y Protección Civil de la Delegación Iztacalco, en el ámbito de sus facultades, dé seguimiento y continuidad de manera inmediata a la petición formulada por dichos quejosos el once de noviembre de dos mil quince, que remitió para su atención a la Subdirección de Verificación y Reglamentos y a la Subdirección de Protección Civil, ambas pertenecientes a esa dirección. Lo anterior, en el entendido de que deberá realizar los actos subsecuentes al reclamado necesarios para que, en su oportunidad, las unidades administrativas que les corresponda dar contestación y que le estén adscritas, den respuesta a la citada petición en el plazo de tres días por escrito y con libertad de jurisdicción, debiéndola hacer del conocimiento de dichos peticionarios en el domicilio que señalaron para tal efecto. Lo anterior, en la inteligencia de que si bien es cierto el artículo 8° constitucional garantiza que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, ello no implica necesariamente que se resuelva en determinado sentido o, incluso, de manera favorable al solicitante. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 130, que aparece en la página 89, Tomo III, Parte SCJN, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice de 1995, que a la letra dice: PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8º. Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido. SEGUNDO EFECTO, CON RELACIÓN AL REGISTRO DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SU PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN, respecto de los siguientes quejosos: Marina Meza Medina, Luz del Consuelo López Gómez, Luz del Consuelo Velázquez López, María Del Carmen Gaytán Ávila, Araceli Quiroz Ortiz, Mary Elizabeth Valery Schreiber Villegas, Lidia Isabel Gamboa Ocampo, Mónica Alejandra Madrid Gutiérrez, Rubén Bazán Delgado, Silvia Quiroz Ortiz, Vicenta Reséndiz Díaz, Cristina Díaz Castrejón, José Alberto Hernández Sámano, Samuel Alberto Cervantes López, Rosa del Carmen Priante Cantón, Enriqueta Espinosa Rosas, Elena Rosas Ortega, Juan Gabriel Guerrero Valdez, Adriana del Rocío Moreno Uribe, Ana María Zepeda Sánchez, María del Rocío Cano Martínez, Blanca Lidia Ruiz del Hoyo Martell, Laura Patricia Durán Maya, Eduardo Contreras Hernández, Marco Antonio Rivera Rejón, Benita Lira Vargas, Ondina Buenfil Romero y Raúl Amabilis Cruz. Por tanto ante estas condiciones, este Juzgado Federal, sin prejuzgar sobre si el riesgo y los daños aludidos son o no provocados por la construcción citada, considera que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados para los siguientes efectos: Para que la autoridad responsable revise nuevamente y en su totalidad el procedimiento que dio origen al Registro de Manifestación de Construcción Tipo C con folio FIZT-0002-13, su rectificación y prórrogas, que estén relacionadas con la obra en construcción ubicada actualmente en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 100 (antes Avenida Coyuya 224), colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco en la Ciudad de México, para que valore y determine, con libertad de jurisdicción, si la documentación ante ella exhibida cumple o no con los requisitos exigidos en el propio registro y en la legislación aplicable en materia de construcciones, protección civil, ambiental, seguridad, impacto urbano y aquéllas que se consideren aplicables, atendiendo a todas las condicionantes, previsiones, medidas impuestas con anterioridad y posterioridad a la emisión del registro y a las acciones y desahogos que en esas materias ha realizado la tercero interesada. En caso de que considere que puede continuarse con la construcción aludida, deberá autorizar u ordenar los ajustes que sean necesarios en la ejecución de la obra, dictando las medidas necesarias para que, sin lugar a dudas, puedan evitarse daños a terceros (habitantes, vecinos, transeúntes, usuarios del servicio público metro, etc.). Sin que esto implique necesariamente que tenga que reiterar la autorización original para la construcción pudiendo limitar la edificación en uso de sus facultades si fuese necesario, esto en aras de proteger la seguridad de la población vecina del lugar y de los bienes que se hallen en las cercanías. Lo anterior, en el entendido de que deberá supervisar constantemente el cumplimiento de tales medidas y, además, deberá girar las instrucciones y/o solicitudes que sean necesarias para que el personal especializado de la autoridad responsable, de la dependencia a la que pertenece o a cualquier otra institución que tenga atribuciones y facultades para ello, acudan a las casas de los quejosos para verificar de qué manera se pueden establecer medidas para evitar alguna contingencia, para lo cual, tales visitas deberán ser autorizadas por los habitantes. De todo lo que precede, deberá informar a este órgano jurisdiccional dentro del plazo no mayor a diez días hábiles de qué manera dará cumplimiento a esta ejecutoria; cuáles son las medidas que habrá de adoptar para que esté en aptitud de determinar si debe o no debe ser autorizada la continuación de la obra y en su caso, cuáles son las medidas de seguridad y supervisión periódica que habrán de aplicarse para prever o mitigar cualquier riesgo; con lo cual se tendrá por cumplida esta sentencia. Del acatamiento de todo lo anterior, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, quedan obligadas todas las autoridades que fueron señaladas como responsables, incluyendo el Titular de la Delegación Iztacalco y aquellas que pudieran tener injerencia en el cumplimiento de esta ejecutoria. Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que las autoridades responsables lleven a cabo las siguientes actuaciones, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. Los titulares de la Subdirección de Verificación y Reglamentos y de la Subdirección de Protección Civil, el Director General Jurídico de Gobierno y Protección Civil, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y el Alcalde, todos de la Alcaldía Iztacalco, deben realizar dentro de sus respectivas atribuciones lo siguiente: A: PRIMER EFECTO. 1). En el ámbito de sus facultades, dé seguimiento y continuidad de manera inmediata a la petición formulada por dichos quejosos el once de noviembre de dos mil quince, que remitió para su atención a la Subdirección de Verificación y Reglamentos y a la Subdirección de Protección Civil, ambas pertenecientes a esa dirección. 2). Lo anterior, en el entendido de que deberá realizar los actos subsecuentes al reclamado necesarios para que, en su oportunidad, las unidades administrativas que les corresponda dar contestación y que le estén adscritas, den respuesta a la citada petición en el plazo de tres días por escrito y con libertad de jurisdicción, debiéndola hacer del conocimiento de dichos peticionarios en el domicilio que señalaron para tal efecto. Lo anterior, en la inteligencia de que si bien es cierto el artículo 8° constitucional garantiza que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, ello no implica necesariamente que se resuelva en determinado sentido o, incluso, de manera favorable al solicitante. B): SEGUNDO EFECTO. 1). Debe revisar nuevamente y en su totalidad el procedimiento que dio origen al Registro de Manifestación de Construcción Tipo C con folio FIZT-0002-13, su rectificación y prórrogas, que estén relacionadas con la obra en construcción ubicada actualmente en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 100 (antes Avenida Coyuya 224), colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco en la Ciudad de México, para que valore y determine, con libertad de jurisdicción, si la documentación ante ella exhibida cumple o no con los requisitos exigidos en el propio registro y en la legislación aplicable en materia de construcciones, protección civil, ambiental, seguridad, impacto urbano y aquéllas que se consideren aplicables, atendiendo a todas las condicionantes, previsiones, medidas impuestas con anterioridad y posterioridad a la emisión del registro y a las acciones y desahogos que en esas materias ha realizado la tercero interesada. 2). En caso de que considere que puede continuarse con la construcción aludida, deberá autorizar u ordenar los ajustes que sean necesarios en la ejecución de la obra, dictando las medidas necesarias para que, sin lugar a dudas, puedan evitarse daños a terceros (habitantes, vecinos, transeúntes, usuarios del servicio público metro, etc.). Sin que esto implique necesariamente que tenga que reiterar la autorización original para la construcción pudiendo limitar la edificación en uso de sus facultades si fuese necesario, esto en aras de proteger la seguridad de la población vecina del lugar y de los bienes que se hallen en las cercanías. Lo anterior, en el entendido de que deberá supervisar constantemente el cumplimiento de tales medidas y, además, deberá girar las instrucciones y/o solicitudes que sean necesarias para que el personal especializado de la autoridad responsable, de la dependencia a la que pertenece o a cualquier otra institución que tenga atribuciones y facultades para ello, acudan a las casas de los quejosos para verificar de qué manera se pueden establecer medidas para evitar alguna contingencia, para lo cual, tales visitas deberán ser autorizadas por los habitantes. En consecuencia, se ordena a las autoridades involucradas DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia conforme al protocolo establecido en líneas anteriores, se encuentra en la ETAPA ÚNICA, para cuyo cumplimiento, los titulares de la Subdirección de Verificación y Reglamentos y de la Subdirección de Protección Civil, el Director General Jurídico de Gobierno y Protección Civil, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y el Alcalde, todos de la Alcaldía Iztacalco, deben realizar dentro de sus respectivas atribuciones lo siguiente: A: PRIMER EFECTO. 1). En el ámbito de sus facultades, dé seguimiento y continuidad de manera inmediata a la petición formulada por dichos quejosos el once de noviembre de dos mil quince, que remitió para su atención a la Subdirección de Verificación y Reglamentos y a la Subdirección de Protección Civil, ambas pertenecientes a esa dirección. 2). Lo anterior, en el entendido de que deberá realizar los actos subsecuentes al reclamado necesarios para que, en su oportunidad, las unidades administrativas que les corresponda dar contestación y que le estén adscritas, den respuesta a la citada petición en el plazo de tres días por escrito y con libertad de jurisdicción, debiéndola hacer del conocimiento de dichos peticionarios en el domicilio que señalaron para tal efecto. Lo anterior, en la inteligencia de que si bien es cierto el artículo 8° constitucional garantiza que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, ello no implica necesariamente que se resuelva en determinado sentido o, incluso, de manera favorable al solicitante. B): SEGUNDO EFECTO. 1). Debe revisar nuevamente y en su totalidad el procedimiento que dio origen al Registro de Manifestación de Construcción Tipo C con folio FIZT-0002-13, su rectificación y prórrogas, que estén relacionadas con la obra en construcción ubicada actualmente en Avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 100 (antes Avenida Coyuya 224), colonia Santa Anita, Delegación Iztacalco en la Ciudad de México, para que valore y determine, con libertad de jurisdicción, si la documentación ante ella exhibida cumple o no con los requisitos exigidos en el propio registro y en la legislación aplicable en materia de construcciones, protección civil, ambiental, seguridad, impacto urbano y aquéllas que se consideren aplicables, atendiendo a todas las condicionantes, previsiones, medidas impuestas con anterioridad y posterioridad a la emisión del registro y a las acciones y desahogos que en esas materias ha realizado la tercero interesada. 2). En caso de que considere que puede continuarse con la construcción aludida, deberá autorizar u ordenar los ajustes que sean necesarios en la ejecución de la obra, dictando las medidas necesarias para que, sin lugar a dudas, puedan evitarse daños a terceros (habitantes, vecinos, transeúntes, usuarios del servicio público metro, etc.). Sin que esto implique necesariamente que tenga que reiterar la autorización original para la construcción pudiendo limitar la edificación en uso de sus facultades si fuese necesario, esto en aras de proteger la seguridad de la población vecina del lugar y de los bienes que se hallen en las cercanías. Lo anterior, en el entendido de que deberá supervisar constantemente el cumplimiento de tales medidas y, además, deberá girar las instrucciones y/o solicitudes que sean necesarias para que el personal especializado de la autoridad responsable, de la dependencia a la que pertenece o a cualquier otra institución que tenga atribuciones y facultades para ello, acudan a las casas de los quejosos para verificar de qué manera se pueden establecer medidas para evitar alguna contingencia, para lo cual, tales visitas deberán ser autorizadas por los habitantes. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE a las autoridades responsables y vinculadas, titulares de la Subdirección de Verificación y Reglamentos y de la Subdirección de Protección Civil, Director General Jurídico de Gobierno y Protección Civil, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, y Alcalde, todos de la Alcaldía Iztacalco, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, remita las constancias con valor probatorio con las que demuestren el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en los términos y puntos antes descritos; o bien, para que dentro del mismo plazo, informen a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Alcalde de la Alcaldía en Iztacalco, en su carácter de superior jerárquico, de las autoridades requeridas para que dentro del mismo plazo, demuestre ante esta Juzgadora haber ordenado a éstas el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, esta juzgadora de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles deben otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta jueza. Lo anterior, a reserva de que esta juzgadora fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsable y superior jerárquico, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, esta juzgadora determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y dará cuenta a la titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando esta Juzgadora tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que la jueza haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta. Por otro lado, se toma conocimiento del oficio que obra agregado en autos con el folio 285, firmado por la Actuaria adscrita al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que informó el contenido del proveído de seis de enero de dos mil veinte, en el que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada VHG Promotora Iztacalco, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, quedando registrado con el número R.A. 15/2020. ... NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con el Secretario Osvaldo César García Ortega, que autoriza y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes
- Fernando Pérez Cedillo714/2016
- Fernando Pérez Guzmán866/2018
- Fernando Pérez Hernández578/2017
- Fernando Ramírez Nicolás413/2019
- Fernando Ramírez Zermeño93/2017
- Fernando Robledo Cossú1375/2016
- Fernando Rodríguez Martínez35/2023
- Fernando Rojas Gutiérrez860/2018
- Fernando Rubén Silva Carreño1858/2016
- Fernando Ruiz Canales1518/2018
- Fernando Ruiz Salazar1494/2015
- Fernando Said Garcés Garcés843/2016