Fernando Rocha Pereira
Expediente 637/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Fernando Rocha Pereira
Actuaciones
- Principal
Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe con justificación rendido por la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado en representación de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Coahuila, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata; con el mismo, se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por presentada la probanza que adjuntó, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva, con lo cual también se da vista a las partes para los efectos legales conducentes. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto. Delegados. Conforme con el arábigo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas indicadas para ello en el informe con justificación. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las autoridades responsables el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al promovente. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Fernando Rocha Pereira, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 637/2019-V-A, que es el que le corresponde. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, esencialmente, la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del juicio laboral 3242/2018-SAII, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la cual, declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el representante legal la parte demandada, y ordenó nulificar todo lo actuado, así como emplazar a juicio a la parte demanda Transportación Internacional en Movimiento (TIMSA) y otros. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Una vez examinados los actos reclamados, se obtiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se determinan la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, de acuerdo al inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, o que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo), entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por lo que hace al concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, Agosto de 1992, página 11, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso, debe señalarse que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de nueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del juicio laboral 3242/2018-SAII, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en la que declaró procedente el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada, y ordenó nulificar todo lo actuado, así como emplazar a juicio a la parte demanda Transportación Internacional en Movimiento (TIMSA), y otros, no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, para que sean considerados como actos de imposible reparación, pues en su caso, sólo producen efectos intraprocesales, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Lo anterior es así, porque en la resolución impugnada se resolvió procedente un incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el controvertido laboral subyacente, que originó la nulidad de todo lo actuado, y por ende, el debido emplazamiento al juicio de la citada parte demanda; y por lo que, resulta incuestionable que los efectos de tal determinación, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento en el que se dictó, sino sólo a su interior, tomando en consideración que esta situación únicamente implica base para la emisión del fallo correspondiente, esto es, la emisión del laudo definitivo. De esta forma, en todo caso no será sino hasta el pronunciamiento del laudo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la junta responsable, y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si el laudo definitivo en el juicio laboral de origen le es adverso a los intereses de la parte quejosa. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, que dispone lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Además, el acto reclamado en esta vía constitucional, constituye una violación procesal en términos de la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, que consigna como violación formal cuando se resuelva ilegalmente por la autoridad responsable un incidente de nulidad; por lo que, no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino hasta que, de resultar desfavorable a los intereses de la parte quejosa el laudo definitivo que en el juicio natural se pronuncie, debe hacer valer la cuestión como concepto de violación en el juicio de amparo directo que se promueva contra el mencionado laudo definitivo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 38/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 59, noviembre de 1992, página 12, que señala lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta". En ese tenor, como ha quedado expresado en esta determinación, la resolución reclamada no puede ser considerada un acto que tenga una ejecución de manera irreparable a la parte quejosa, por ende, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. De ese modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 256, que señala lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". Autorizados. En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados a Juan Vázquez Pérez, Juan Herrera Zacarías y José Luis Dávila Hernández. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que la parte quejosa señala en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al promovente.
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