Fernando Rizo Molina

Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
75/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Fernando Rizo Molina

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    "...Agréguese a los autos la razón actuarial que antecede, de la que se advierte que el fedatario judicial adscrito hizo constar su imposibilidad para notificar el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno a la parte quejosa, por las razones que expone; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a), del cuerpo legal en consulta, se ordena notificar a la parte quejosa el presente auto, el diverso de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. (INSERCIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO) "...Agréguense el oficio y anexos remitidos vía electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en funciones de Juez, mediante el cual, transcribe el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, del que se advierte se declaró incompetente por razón territorial para conocer de la demanda de amparo 97/2021, de su índice promovida por Fernando Rizo Molina, representante legal de Verificaciones Vehiculares del Totonacapan, Sociedad Anónima de Capital Variable V-011/B-PAP, contra actos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del Estado de Veracruz con sede en Xalapa y otras autoridades; al respecto se acuerda: Con fundamento en los artículos 36 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo y acusa el recibo de estilo. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 75/2021. Ahora bien, de la lectura del escrito de demanda y anexos que se acompañan, se desprende que reclama lo siguiente: "De las ordenadoras: El contenido de la circular 04 de fecha de 04 de enero del presente año, expedida por esta autoridad y su Directora de Control de Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz, que deriva de la propuesta de reforma, adición y derogación de los de derechos y financiero ambos del Estado de Veracruz y que entraron en vigor este 2 de febrero de 2021, atendiendo a que me encuentro dentro del término para presentar el juicio contencioso administrativo en contra a la modificación de lo pactado en el mismo, sin embargo, la suspensión del acto que ofrece dicho medio de impugnación infiere mayores requisitos a los que la ley de amparo señala para otorgarla. Los lineamientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación respecto de la nueva modalidad de distribución de certificados holográficos que nos fueran entregados en vía electrónica el pasado 27 de enero de 2021, atendiendo a que me encuentro dentro del término para presentar el juicio contencioso administrativo en contra a la modificación de lo pactado en el mismo, sin embargo, la suspensión del acto que ofrece dicho medio de impugnación infiere mayores requisitos a los que la ley de amparo señala para otorgarla. De las ejecutoras.- El cumplimiento que pretende dar a dicha orden" En el entendido que, en la referida demanda, precisó que modifica el convenio celebrado entre el gobierno del Estado y los distintos concesionarios de los centros de verificación vehicular. En ese sentido, resulta oportuno traer a contexto el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso concreto, se actualiza de manera notoria la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Del anterior numeral se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo que deban ser revisados de oficio o contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, conforme a las leyes que los rijan, a menos que: a). De conformidad a dichas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del medio de defensa legal que, en su caso, haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que ésta para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto impugnado pueda o no ser susceptible de suspensión. b). Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. c). Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, y d). Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Excepciones que no se actualizan en el caso, dado que en principio, el acto reclamado es de omisión, por lo que no se puede considerar dentro del supuesto de excepción en comento. Tampoco se advierte que se alegue violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien, en la demanda de amparo precisa que su pretensión es el incumplimiento del contrato ya que modifica el proceso tanto para realizar el servicio a concesión y la naturaleza del mismo, lo que implica que la materia de la litis sea una mera cuestión de legalidad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 983, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, página 675, registro 394939, de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO DEBEN AGOTARSE AUNQUE SE RECLAME LA VIOLACION DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. No hace procedente el juicio de garantías el hecho de que la quejosa en su demanda invoque, entre otros, el concepto de violación de carácter formal relativo a la carencia de fundamento y motivación de los actos reclamados, porque aun cuando es indiscutible que la violación directa de un precepto constitucional motiva el juicio de amparo por ser la vía constitucionalmente idónea para reclamarla, ello ocurre cuando se reclama exclusivamente esa violación, pero no cuando en los conceptos de violación se reclaman también infracciones a las leyes ordinarias, porque entonces la materia litigiosa se contrae a una cuestión de legalidad y por tal razón debe acudirse al medio ordinario de defensa, ya que de otro modo bastaría involucrar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio De la Llave, en su artículo 278 prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo, pues por reforma publicada en la Gaceta Oficial de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, del artículo 305, párrafo tercero, se ha establecido un término para resolver sobre la suspensión del acto impugnado. En efecto, el citado artículo 305, párrafo tercero del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, prevé: Artículo 305. (.) (REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) La Sala Unitaria podrá decretar medidas cautelares positivas cuando, tratándose de situaciones jurídicas duraderas, se produzcan daños substanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende, por el simple transcurso del tiempo. (REFORMADO, G.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017) La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." De donde se observa, que dicho código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión de los actos impugnados a los previstos en la Ley de Amparo, porque, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1194, con número de registro 2011289, de rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, Materias Administrativa, Común, página 783, registro 2008807, que dice: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. En ese contexto, en la especie, la mencionada ley no exige mayores requisitos para la concesión de la suspensión. En esas condiciones, cobra vigor la causa de improcedencia analizada. Circunstancia por la cual el suscrito juzgador se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en sus escritos de demanda y ampliación de la misma, por los aludidos actos que en esta vía se reclaman Ahora bien, si el peticionario de amparo celebró un contrato con el Gobierno del Estado de Veracruz y distintos concesionarios de los centros de verificación vehicular, entre ellos, el promovente, está obligado a agotar los medios de defensa que tiene a su favor, pues no debe soslayarse que el cumplimiento de dicho contrato deriva del mismo clausulado que lo compone, y por ello, para su reclamo, debe agotar el juicio contencioso, para cumplir así con el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, y sólo entonces podría haber acudido a esta instancia constitucional, habida cuenta de que como se puede observar, la parte quejosa reconoció bajo protesta de decir verdad, que se encuentra dentro del término para presentar el juicio contencioso administrativo contra la modificación de lo pactado. En efecto, el juicio contencioso administrativo tiene por objeto modificar, revocar o nulificar tales actos, por lo cual debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo; en consecuencia, al no haberlo hecho se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, razón por la que debe desecharse este Juicio Constitucional. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada a foja 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada, o sea, la que deriva de relacionar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la invocada Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo 1998, página 890, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes..."

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