Fernando Rivera Trujillo
Expediente 886/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 41 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fernando Rivera Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Acapulco, Guerrero, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, con motivo de su informe justificado remitió copias certificadas de la causa penal 129/2011-I, que constituyen el tomo de prueba I, devuélvanse a la referida autoridad, dado que resulta innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA FERNANDO RIVERA TRUJILLO, Y TERCERAS INTERESADAS MARBELLA GUTIERREZ MEDEROS Y LA MENOR MARIA FERNANDA RIVERA GUTIERREZ, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 886/2017, promovido por Fernando Rivera Trujillo, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado al día siguiente, Fernando Trujillo Rivera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano. Ejecutoras Comandante y elementos de la Policía Investigadora Ministerial del Estado. Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial del Estado. Coordinador de la Policía Ministerial del Estado. Coordinado de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Altamirano. Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano. ACTO RECLAMADO "a) De las autoridades responsables ordenadoras. Señalo como acto reclamado la inconstitucionalidad de la orden de reaprehensión librada en mi contra, por hechos que nunca cometí. b) De las autoridades responsables ejecutoras reclamamos la posible ejecución y cumplimiento de la orden de aprehensión (sic) girada por la ordenadora en cualquier momento por hecho delictuoso que no he cometido." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de Gobierno correspondiente bajo el número 886/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó correr traslado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado responsable, en su carácter de tercero interesado, y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una orden de reaprehensión, cuya ejecución tiene lugar dentro del territorio en el cual este Juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, por identidad jurídica con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, es aplicable la diversa jurisprudencia 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: Época: Novena Época Registro: 195745 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 55/98 Página: 227 ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Ahora bien, no obstante la amplitud de facultades para la interpretación del libelo constitucional, en la determinación del acto reclamado debe prescindirse de la calificativa que el peticionario les imponga, de manera tal, que no sea dable confundir el acto reclamado con las alegaciones que se vierten en su contra, según lo informa la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional es el siguiente: La orden de reaprehensión dictada en fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, dentro de la causa penal 129/2011-I, en contra de Fernando Rivera Trujillo. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de acto reclamado y antecedentes de los mismos expresados en el escrito de demanda, así como de informe justificado rendido por el referido juez de primera instancia, y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora mediante las copias certificadas exhibidas por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, entre las cuales se encuentra el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete en el cual se contiene la orden de reaprehensión reclamada (foja 257 y 258 del tomo de pruebas), documentos a los cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo que conforme a lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto atribuido a la autoridad responsable. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La promoción del juicio fue oportuna, pues en el caso se reclama una orden de reaprehensión, respecto de la cual no existe constancia de que la parte quejosa hubiera tenido pleno conocimiento con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo; por tanto, no puede condicionarse su promoción al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no existe un punto de partida objetivo que permita iniciar el cómputo de dicho plazo. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. En el presente asunto, este juzgador advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XVI, de dicho ordenamiento, lo cual se demuestra con las siguientes consideraciones. Del análisis de la demanda de garantías se aprecia que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la orden de reaprehensión librada en su contra; sin embargo, como se expuso anteriormente, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas relativas a la comparecencia del impetrante de garantías bajo los efectos de la suspensión provisional que le concedió este Juzgado Federal, conforme a la cual se decretó posteriormente, mediante auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete la detención virtual, por lo que, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Al respecto, se hace énfasis en que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 61, fracción XVI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución; así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). En el caso debe recordarse que el acto del que toralmente se duele el inconforme, se hace consistir en la orden de reaprehensión librada en su contra, acto cuya finalidad es la de privar de la libertad al quejoso para ponerlo a disposición de la autoridad que conoce del proceso tramitado en su contra, así como para que cumpla con la obligación procesal que dejó de cumplir. Lo anterior adquiere sustento en la tesis que se transcribe a continuación: Época: Décima Época Registro: 2001985 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2 Materia(s): Penal Tesis: 1a. CC/2012 (10a.) Página: 1206 ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y REAPREHENSIÓN. SUS DIFERENCIAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2001, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", sostuvo que las órdenes de aprehensión y reaprehensión, si bien tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Así, la aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye; mientras que la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por tanto, al haber comparecido el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, ante el Juez de la causa, bajo los efectos de la suspensión provisional que le concedió este Órgano Jurisdiccional, misma fecha en la que le decretó la detención virtual, dejándole bajo los efectos del auto de plazo constitucional de formal prisión de veintidós de mayo de dos mil doce, es válido establecer que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo y con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, de la misma ley, procede sobreseer en el presente juicio, ya que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la Tesis Aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos rubro y texto señalan: Época: Octava Época Registro: 219732 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 1992 Materia(s): Común Tesis: Página: 515 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. El amparo contra ellos es improcedente y debe ser sobreseído. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, no debe soslayarse el hecho de que en la parte final del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable giró oficio al Agente del Ministerio Público para que ordenara a quien corresponda cancele la orden de reaprehensión reclamada, pues tal situación refuerza el argumento sostenido en el presente fallo en cuanto a que el acto reclamado cumplió su finalidad última, consistente en poner al ahora quejoso a disposición del juzgador que lleva a cabo el proceso penal en su contra, tan es así que notificó tal situación al Agente del Ministerio Público correspondiente y giró instrucciones para que la orden de reaprehensión fuera cancelada. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 886/2017, promovido por Fernando Trujillo Rivera, en contra del acto precisado en el considerando segundo, por los motivos expuesto en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTEREADAS EL CITADO AUTO INDICADO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, Y DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Acapulco, Guerrero; dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 132/2018 que se envió para notificar el inicio del presente juicio a las terceras interesadas Marbella Gutiérrez Mederos y la menor María Fernanda Rivera Gutiérrez. Acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Asimismo, se tiene por notificada del inicio del presente juicio a las mencionadas terceras interesadas, y como de las constancias que se reciben, se advierte que éstas no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y que ha transcurrido el término de tres días otorgado para ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de mayo pasado; por ende, las subsecuentes notificaciones que se les efectúen, aun las de carácter personal, háganseles por lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto designen domicilio en esta ciudad. Por otra parte, glósese a los autos sin proveer el telegrama que remite el Juez responsable, en razón del despacho que se recibe en párrafos que anteceden. Notifíquese.
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