Fernando Rivera Rodríguez

Expediente 264/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
264/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Fernando Rivera Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario Conciliador del Juzgado Vigésimo Octavo Familiar en la Ciudad de México, a través del cual, solicita información respecto al estado procesal del juicio de amparo 264/2021. En atención a su contenido, se le hace de su conocimiento que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se desechó la demanda del presente juicio; determinación que quedó firme por auto de veintiuno de julio siguiente y se ordenó su archivo. De lo anterior, remítase copia simple a dicha oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Visto el estado procesal, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la quejosa el acuerdo de veintitrés de junio de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el citado proveído, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL ACUERDO DE VEINTITRES DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEÑALA: " Agréguese el oficio de la Juez Vigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en autos y remite la información solicitada, en ese sentido se provee: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la ley de la materia1 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues conforme al diverso numeral 62 del mismo ordenamiento2, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la notificación o emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de interdicción1998/2019 del índice del Juzgado Vigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México; así como todo lo actuado en éstas. lll. Cabe precisar que al promovente no le asiste el carácter de tercero extraño, de modo que para combatir el llamamiento al procedimiento, debe agotar los medios de defensa que contempla la legislación civil y la jurisprudencia; y es así, porque del desahogo acordado el quince de junio de este año y del oficio de cuenta se colige que el asunto aún no cuenta con sentencia o pronunciamiento terminal, y que el propio impetrante es parte formal en el asunto; lo que permite exigirle agotar el medio de defensa correspondiente contra el llamamiento; oficio que se valora con pleno efecto demostrativo, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por ser una documental pública. En primer lugar es pertinente señalar por qué no le asiste el carácter de tercero extraño al quejoso. Se denomina así a aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. Orienta lo anterior el criterio de Jurisprudencia VII.2o.C. J/21 de la Novena Época, con registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, en Materia(s): Común, Página: 1305, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. De conformidad con el criterio que sostiene el Máximo Tribunal del País, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidióimponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Tiene también aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Por ello, atento al estado procesal del juicio de origen, deducido del desahogo acordado el quince de junio de dos mil veintiuno, en donde se indicó que previo al dictado de sentencia se ordenó el llamamiento de una parte, lo cual se corrobora con el oficio de cuenta, del que se colige que aún no se ha dictado pronunciamiento en el asunto, dado que está pendiente la integración procesal; por lo que siguiendo la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, la parte quejosa está en condiciones de entablar su defensa al haberse ordenado su llamamiento a las diligencias, lo que permite sostener que es formalmente parte, en un negocio pendiente de resolverse, por lo que no le asiste el carácter de tercero extraño. IV. Precisado lo anterior, el juicio es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad tutelado en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b), c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie, dadas las características de acto reclamado, las partes vinculadas y el estado procesal del juicio de origen, no se actualizan, pues como ya se dijo, está acreditado que el quejoso es formalmente parte y aún no se ha resuelto el asunto, por estar pendiente la integración procesal, tanto por el contenido de la documental pública, como de lo que la propia impetrante manifestó en su desahogo. Por lo anterior, se concluye que el peticionario está obligado a agotar, previo a la instauración del presente juicio, el incidente de nulidad de actuaciones, en contra de la diligencia de emplazamiento contemplado en los numerales 77, 78 y 88 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Pues de dichos preceptos, se aprecia que el incidente de nulidad resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el llamamiento, así como sus consecuencias; y si bien la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, lo cierto es que tal fracción refiere también los "medios de defensa", con los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos de que se trate, en ese sentido el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, y por ello encuadra como un medio ordinario de defensa a que la causal de improcedencia se refiere. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia VI.1º.J/78 con número de registro 217466 visible en la página 99 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 61, enero de 1993, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. SI EL JUICIO NO HA CONCLUIDO CON SENTENCIA, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por ello es obvio que en esta última expresión, medio de defensa, queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones que debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, a través del cual puede lograrse la anulación del acto reclamado; esto es obtener el objetivo de cualquier medio de defensa. Por ende si el juicio en que se reclama la falta o indebido emplazamiento no se encuentra concluido por sentencia, eso vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo." Se afirma que es procedente el medio de defensa aludido, pues aún no se dicta sentencia. De modo que no ha operado la preclusión del derecho procesal para que el peticionario agote el principio de definitividad. Se cita al respecto la tesis I.4o.C.122 C, de la Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2537 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, en Materia Civil, que dice: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. MOMENTOS EN QUE OPERA LA PRECLUSIÓN PARA PROMOVERLO. De conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, especialmente el artículo 77 y los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con cualquiera de los siguientes supuestos: a) La siguiente intervención de la parte afectada, dentro del procedimiento al que corresponda la providencia o diligencia impugnable, o b) el dictado de la resolución conclusiva de ese procedimiento, aunque enseguida se inicie otro procedimiento para continuar el mismo proceso jurisdiccional o llevar a cabo la ejecución del fallo. Así, las actuaciones del procedimiento de primera instancia se podrán impugnar en dicho incidente, hasta el momento de la siguiente intervención del afectado durante el desarrollo de la instrucción, pero el derecho a promoverlo se extinguirá si antes de esa participación subsecuente se dicta la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio sin decidir el fondo de la controversia, y en la misma forma ocurrirá con los actos procesales del recurso de apelación, los de la etapa de ejecutorización de sentencia, y los de los procedimientos de ejecución. Esto es, con la intervención inmediata posterior de la parte perjudicada con la actuación nula, sin haber promovido previa o simultáneamente, el incidente, o con la emisión de la actuación final del juzgador en el procedimiento correspondiente, opera la preclusión para promover la nulidad. De este modo, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, que se encuentren en la situación indicada, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva; las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva; las de un procedimiento de ejecución, en la segunda instancia del mismo, si está contemplada, o en el juicio de garantías contra la última resolución, y así sucesivamente. Con base en el criterio interpretativo desarrollado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que concluyen con la práctica de la notificación solicitada, el incidente de nulidad promovido en contra de ésta resulta improcedente, por haberse cerrado esa etapa, aunado a que pueden controvertirse en el proceso contencioso que se ofrezcan como prueba. Entonces, al no haberse agotado el medio de defensa en cita, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio, y que se contempla en la causal de improcedencia referida; consecuentemente procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En términos del numeral 21 de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos de la Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Octavo Familiar de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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