Fernando Ríos Sánchez

Expediente 642/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
642/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2015

Partes del expediente

  • Fernando Ríos Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por desechada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta; agréguese a los autos la demanda de amparo promovida por Fernando Ríos Sánchez contra actos de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Asuntos Viales y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 642/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: (...) Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:(...) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:(...) Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:(...) En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: (...) Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por los motivos y consideraciones que a continuación se precisan. Así, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente precisar que por esta vía se tilda de inconstitucional lo siguiente: La inactividad y/o seguimiento para integrar la averiguación previa penal número 1194/2014, iniciada en contra de Cecilia Flores de la Cruz, por la comisión de un delito de daños culposos, y como consecuencia de ello, la falta de pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal, desde el mes de febrero de dos mil quince. Es aplicable la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y dos, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: (...) En ese orden de ideas, es pertinente precisar que el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: (...) El numeral transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en los que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, es decir, implica que previo al ejercicio de la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El citado principio, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directa a la Carta Magna. Así, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se vislumbra el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo biistancial, pues de considerarse lo contario el amparo se convertiría en un recurso ordinario. Sobre el particular, es orientadora la jurisprudencia 2ª./J. 115/99, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, del rubro y texto siguientes: (...) En ese contexto, como ya se dijo, de la lectura del escrito de demanda se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama del Agente del Ministerio Público de Asunto Viales, en esta ciudad, la inactividad y/o seguimiento para integrar la averiguación previa penal número 1194/2014, iniciada en contra de Cecilia Flores de la Cruz, por la comisión de un delito de daños culposos, y como consecuencia de ello, la falta de pronunciamiento respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal. En efecto, de los antecedentes del acto reclamado que narra el quejoso, se desprende que en el mes de febrero de dos mil quince, presentó una querella en contra de Cecilia Flores de la Cruz por un delito de daños culposos, esto, como consecuencia de un accidente vial en el que participaron, asimismo, que desde la presentación de la denuncia (febrero de dos mil quince) hasta la fecha de presentación de la demanda (diecisiete de agosto dedos mil quince), la autoridad investigadora a permanecido inactiva sin pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal. Ahora bien, se estima que se actualiza la causa de improcedencia aludida, en razón de que la abstención mencionada, se le atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que debe ser revisada conforme a las leyes que rigen tal acto, por virtud del cual pueda ser modificado, lo que en el caso no ocurrió y ello implica que el actor constitucional, no agotó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Para justificar este aserto, es dable transcribir el contenido de los artículos 272, 273, 274 y 275 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, que disponen:(...) Por su estrecha relación con los ordinales arriba invocados, es preciso dejar asentado lo dispuesto por el artículo 228 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza:(...) De la intelección de los preceptos trascritos, puede claramente advertirse que la legislación en cita, prevé el recurso de reclamación, para los casos en que el Ministerio Público hubiere dejado de actuar en la indagatoria por un lapso mayor a tres meses, contado a partir de la última diligencia; que es parte legitimada para interponer tal recurso, el ofendido o la víctima y sus abogados, entre otros; el plazo para interponer el medio de impugnación lo es cualquier momento, a partir de que se produzca la situación que lo motivó, el cual se hará valer por escrito, expresando las causas que lo motiven, siendo competente para conocer y resolver el recurso el Delegado que corresponda o el Director General de Averiguaciones Previas cuando la indagatoria se integre por Agente del Ministerio Público que no se encuentre adscrito a Delegación, quien se encuentra obligado a resolver lo procedente en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la interposición del recurso. Bajo esa óptica, se patentiza que, contra el acto aquí reclamado, procede un medio de defensa legal por virtud del que puede ser modificado, revocado o nulificado, esto es, el recurso de reclamación, lo que impone a la parte quejosa agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad, dado que tal recurso está contenido en una ley formal y material. Además, en la resolución que se emita en ese recurso deberá determinarse si procede el archivo provisional por reserva de la indagatoria, la emisión de vista de ejercicio o no ejercicio de acción penal o el desahogo de nuevas diligencias con señalamiento de las mismas; y se fijará plazo al Agente del Ministerio Público que conozca de la indagatoria para que cumpla con ello; lo cual tiene como efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad que se reclama. Debe decirse que en el caso concreto, de febrero a agosto de dos mil quince, en que dice el quejoso ha estado inactivo el Ministerio Público, ya transcurrieron más de tres meses, lo que pone de manifiesto la procedencia del recurso aludido. Aunado a que, la abstención reclamada, al tratarse de un acto negativo, no constituye un acto susceptible de suspenderse y menos aún, se reclama que carezca de fundamentación, por lo que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el segundo párrafo de la fracción XX, del citano numeral 61 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 62/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIII, agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 326, con registro 2004140, del rubro y texto siguiente:(...) Cabe señalar, que la determinación aquí concebida, no puede considerarse como una violación a la tutela judicial sostenida en el derecho fundamental de acceso a la justicia, emanado de los artículos 17 Constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues dicha prerrogativa está condicionada a los plazos y términos legales, en los que pueden establecerse los presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Al respecto, se invoca el criterio III.4o.(III Región) 14 K (10a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de dos mil trece, tomo 3, página 1641, registro IUS 2004217, que indica:(...) Así las cosas, al no haberse agotado el principio de definitividad, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Ríos Sánchez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado, de conformidad con el numeral 12, en amplios términos al licenciado Antonio Rangel Ibarra. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes.

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