Fernando Ríos Castillo

Expediente 1152/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1152/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Fernando Ríos Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de quince días, concedido a la parte quejosa en proveído de doce de enero del año en curso, mediante el cual se le requirió si lo estimaba conveniente, ampliara su demanda, en virtud de que se advertía la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado. En consecuencia, como el quejoso Fernando Ríos Castillo, no dio cumplimiento a dicho requerimiento, no obstante encontrarse debidamente notificado; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído mencionado y, por ende, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por los actos reclamados en su demanda de amparo. SE ACTUALIZA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, del propio estado de autos, específicamente del informe justificado; asimismo, se advierte que la parte quejosa en su demanda inicial de amparo, señaló como acto reclamado: la omisión de acordar el escrito presentado en once de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 97/2021. En ese sentido, es evidente que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí´ alguna huella. Apoya a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 917637, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 81, Materia Común, Novena Época, que en su rubro literal dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Como se anunció con anterioridad, cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido la protección de la Justicia Federal; pues de las constancias que remitió el Presidente responsable, las cuales tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se advierte, que mediante auto quince de diciembre de dos mil veintiuno, acordó el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el aquí actor Fernando Ríos Castillo -aquí quejoso- por el que solicita se hagan efectivas la medidas de apremio que considere necesarias a efecto de que el demandado de cumplimiento a lo pactado en el convenio de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Sustenta a lo anterior la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, que en su rubro literal dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, de marzo de 2003, página 386, Materia Común, Novena Época, que en su rubro literal dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con doce minutos del veinticinco de febrero del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de quince días, concedido a la parte quejosa en proveído de doce de enero del año en curso, mediante el cual se le requirió si lo estimaba conveniente, ampliara su demanda, en virtud de que se advertía la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado. En consecuencia, como el quejoso Fernando Ríos Castillo, no dio cumplimiento a dicho requerimiento, no obstante encontrarse debidamente notificado; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído mencionado y, por ende, el presente juicio de amparo se resolverá únicamente por los actos reclamados en su demanda de amparo. SE ACTUALIZA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, del propio estado de autos, específicamente del informe justificado; asimismo, se advierte que la parte quejosa en su demanda inicial de amparo, señaló como acto reclamado: la omisión de acordar el escrito presentado en once de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 97/2021. En ese sentido, es evidente que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí´ alguna huella. Apoya a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 917637, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 81, Materia Común, Novena Época, que en su rubro literal dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Como se anunció con anterioridad, cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido la protección de la Justicia Federal; pues de las constancias que remitió el Presidente responsable, las cuales tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se advierte, que mediante auto quince de diciembre de dos mil veintiuno, acordó el escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el aquí actor Fernando Ríos Castillo -aquí quejoso- por el que solicita se hagan efectivas la medidas de apremio que considere necesarias a efecto de que el demandado de cumplimiento a lo pactado en el convenio de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Sustenta a lo anterior la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, que en su rubro literal dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, de marzo de 2003, página 386, Materia Común, Novena Época, que en su rubro literal dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con doce minutos del veinticinco de febrero del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha transcurre el término de quince días otorgado mediante proveído de doce de enero del año en curso, a efecto de que la parte quejosa, si lo estima conveniente, amplíe su demanda de amparo respecto del nuevo acto vinculado con el inicialmente reclamado, consistente en el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno; lo anterior, toda vez que fue notificado el veinte de enero del año en curso. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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