Fernando Raúl Rosas Enríquez
Expediente 286/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Raúl Rosas Enríquez
Actuaciones
- Principal
...se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Fernando Raúl Rosas Enríquez, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 286/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Así, este Juzgado de Distrito considera que el juicio de amparo promovido deviene improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Federal. De los preceptos anteriores, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, por esa razón, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, es decir para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquélla que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo promovida contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan en relaciones de coordinación es improcedente; toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación. Tiene aplicación al caso la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa labora en el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", con sede en esta ciudad; y, que señaló como autoridad responsable, al Director de dicha Unidad así como a la Secretaría de la Función Pública de quienes en síntesis reclama: La reincorporación a sus labores como Médico Especialista A en el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio". El acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación de virus covid-19, del que se desprenden las condiciones generales de trabajo en pandemia. Bajo esa tesitura, es evidente que la relación establecida entre el quejoso y las autoridades que señaló como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, dado que como se aprecia el acto reclamado no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en plano de igualdad en cuanto la relación patrón trabajador. Aunado a lo anterior, el citado acuerdo en el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la administración pública federal para mitigar la propagación de virus covid-19, es la normativa que el Estado en su calidad de patrón elaboró para regular las condiciones de trabajo de sus empleados. Además, dicho acto no reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. No es unilateral, pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal de la parte quejosa, esto es, la responsable designada, en el particular, no ejerce facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley y que por ende, constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, y que por tanto, se traduzca en verdaderos actos de autoridad; por el contrario, nacieron en el ejercicio de un derecho surgido con motivo de la relación laboral existente entre la parte quejosa y la responsable. Igualmente, el actuar de las responsables en relación con el acto tildado de inconstitucional, tampoco reviste el carácter de imperativo, ya que su ejecución sería, en todo caso, una consecuencia de la relación laboral a que está sujeta la quejosa. De igual manera, tampoco estamos en presencia de actos coercitivos, pues la responsable no puede exigir mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades el cumplimiento del acto reclamado en cuestión, sino que en todo caso, se trata de una controversia que debería ventilarse ante las autoridades competentes, a través de los medios legales correspondientes. Así las cosas, no hay duda que la cuestión que el impetrante de amparo somete a la consideración constitucional de esta Juzgadora, no puede ser ventilada a través del juicio de amparo, pues al tenor de las consideraciones mencionadas, se concluye que, los entes señalados como responsables, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Sirven de sustento a las consideraciones anteriores la tesis III.4o.C.10 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1828, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL." Al caso resulta oportuno señalar, que en términos de lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, resulta un hecho notorio que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja de trabajo 115/2020, en el que se analizó un caso similar al presente asunto, estimó que con independencia de las facultades y obligaciones que se les otorga a los entes de salud, la omisión o negativa de otorgar medidas ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2, que causa la enfermedad COVID-19, no implica una actuación en un plano superior al gobernado, sino que tal actuación la realiza en su calidad de patrón. De modo que, consideró el mencionado órgano colegiado que tal determinación incide en la esfera de sus derechos como trabajador, por lo que no se estaba en el supuesto de tener a las autoridades de salud como responsables para efectos del juicio de amparo, por ser una cuestión de carácter laboral, ya que en todo caso debe exigirse tal reclamo ante la autoridad laboral correspondiente. Incluso, se observa que el mencionado Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, estableció la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L, publicada el doce de marzo de dos mil veintiuno, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, materia común, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO SON LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS (COMO RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2, QUE CAUSA LA ENFERMEDAD COVID-19, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder fue controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señalaron como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues los actos reclamados los constituyen, en esencia, la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo indirecto. No es obstáculo a lo antes determinado, el hecho de que si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender la tutela del derecho en el amparo, excepcionalmente; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones y entonces, se debe acudir a la vía ordinaria laboral para hacer el planteamiento formalmente, en tanto esa jurisdicción está restablecida." Criterio que este órgano jurisdiccional estima oportuno citar en apoyo a la presente determinación, por ser sustentado por un Tribunal Colegiado de este Séptimo Circuito, al cual pertenece este Juzgado Decimoquinto de Distrito. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de la Materia, a Oscar Alberto Martínez Carrera y Jorge Ángel Morales Ledo, toda vez que el promovente así lo solicitó, aunado a que, de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que sí tienen registradas su cédulas profesionales, así como con las restricciones previstas por el citado artículo a Wendy Patricia Juárez Morales, Kevin Iván Pérez Ordoñez y Noridel Rodríguez Villalobos, por así solicitarlo expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Ahora, con fundamento en los artículos 87, 88, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos, en relación con el artículo 3º, parrado tercero de la Ley de Amparo, toda vez que hecha una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el nombre de usuario "JORGELEDO" es válido, se autoriza la consulta del presente juicio de amparo, vía internet, así como las notificaciones a través del citado usuario, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, téngase como correo electrónico y número telefónico los siguientes: moralesledojorge@hotmail.com y 2281190562. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales del mismo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
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