FERNANDO RAMÍREZ ORTEGA y Otros.

Expediente 177/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
177/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
10/04/2017

Partes del expediente

  • Fernando Ramírez Ortega
  • FERNANDO RAMÍREZ ORTEGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    MESA "8" Ciudad de México, diez de abril de dos mil diecisiete. Archivo Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción III, se establece que el original y duplicado de este incidente SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo anterior, toda vez que se negó la medida suspensional solicitada. Notifíquese; y personalmente.

  2. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, a diez de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Orientadora IV, de la Unidad de Atención y Determinación Zona Sur de la Ciudad de México, licenciada Montserrat López Campos, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el diecisiete de marzo del presente año, e informa que si fue atendida la solicitud de los quejosos Fernando Ramírez Ortega y Guillermo Sánchez Martínez, respecto de la denuncia formulada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete y remite copia certificada de las constancias que lo acreditan. En atención a su contenido, téngase a la funcionaria oficiante dando cumplimiento al requerimiento de mérito. En ese contexto, antes de abordar el estudio de la improcedencia del juicio de amparo, es menester preciar que atendiendo a la causa de pedir vertida en la demanda que dio origen al presente expediente, así como a las constancias que obran en el mismo, este juzgado federal estima que el derecho fundamental violado por parte de la autoridad responsable es el previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra varios principios, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de las autoridades competentes en los plazos y términos dispuestos por la ley. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el precepto en análisis, se consagra el derecho de seguridad jurídica, y uno de sus principios es el relativo a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Lo anterior es así, a causa de que la naturaleza de la garantía contenida en el artículo 17 Constitucional, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos a litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. En estas condiciones, tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: a) Que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) Que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. En ese sentido, debe advertirse que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia; dichos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al procedimiento penal. Precisado lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las consideraciones siguientes. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando con motivo de una actuación posterior por parte de la propia autoridad responsable, todos sus efectos desaparecen o son destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. Ahora, es cierto que la parte quejosa mediante escrito de diecinueve de enero del año en curso, presento una denuncia en contra del Director de Consignaciones Penales y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el presunto delito de rendir informes falsos en el amparo. Mediante oficio DGJCISJP/DA/SAPC/501/6147/03-17, el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, al rendir su informe justificado nego la existencia del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: ? El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, se inició la carpeta de investigación FSP.--324--/2017-1, con motivo de la denuncia presentada en la misma fedcha por los quejosos Fernando Ramírez Ortega y Guillermo Sánchez Martínez. ? Mediante oficio de fecha catorce de febrero de la presente anualidad, el Agente del Ministerio Público del conocimiento de dicha carpeta de investigación, la remitió al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, (ahora Ciudad de México) por resultar competente para resolver el acto reclamado. En tales circunstancias, en proveído de siete de marzo del año en curso, se requirió al Delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, (ahora Ciudad de México), para que informará a que autoridad le competía conocer del asunto, misma que fue desahogado el catorce de marzo del año en curso, haciendo del conocimiento de este juzgado federal que la licenciada Montserrat López Campos Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Orientadora IV, de la Unidad de Atención y Determinación Zona Sur de la Ciudad de México, se encuentra a cargo de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0002186/2017. Por lo que en proveído de diecisiete de marzo de la presente anualidad, se tuvi a la licenciada Montserrat López Campos Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Orientadora IV, de la Unidad de Atención y Determinación Zona Sur de la Ciudad de México, como autoridad sustituta. No obstante, en esta fecha se tuvieron por recibidas las constancias donde se advierte que la citada Agente del Ministerio Público de la Federación, dió contestación a la denuncia formulada por la parte quejosa el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, misma que les fue notificada a los quejosos el diecisiete de marzo del año en curso. Las consideraciones anteriores, permiten concluir que una vez que la autoridad responsable dio trámite a la petición planteada y que ordenó se le notificara personalmente la resolución correspondiente, destruyó en forma total e incondicional todos los efectos de la omisión reclamada por esta vía, lo que constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si le hubiera concedido el amparo, por lo que dicha omisión no puede continuar surtiendo sus efectos. Esto es, durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable, emitió un acto posterior a la omisión reclamada en la que resolvió la cuestión plateada por la quejosa, con lo que se le repuso en el goce de su derecho violado que es la administración de justicia. Sin que sea procedente requerir a la quejosa para que manifieste si es su deseo señalar algún otro acto reclamado, ya que su calidad de parte dentro de la indagatoria de origen, le permite intervenir directamente en este expediente para conocer las determinaciones que se dicten en él, de conformidad con el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente al quejoso su contenido, así como prevenirlo para que si lo estima conveniente amplíe la demanda. Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8° constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo. En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8° constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta al quejoso, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición. No obstante, como quedó asentado en el presente acuerdo, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8°, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque la impetrante es parte dentro del expediente del que emana el acto reclamado. Por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, no resulta necesario requerir a la parte quejosa a fin de que amplíe su demanda respecto de la resolución emitida por la Agente del Ministerio Público. Ello sin perjuicio de que los quejosos combatan dicha resolución a través del medio de defensa que estime pertinente. En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a los quejosos en el lugar donde se encuentran recluidos.

  4. Principal

    MESA "8" Ciudad de México, a diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que aún transcurre el término concedido a la autoridad responsable, a fin de que dé cumplimiento a lo requerido en proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho término, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las once horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, téngase a la licenciada Monserrat López Campos, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Orientadora IV de la Unidad de Atención y Determinación Zona Sur de la Ciudad de México, como autoridad sustituta, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis aislada IV.2o.A.5K Publicada en la página 800 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, que dice: "INFORME ACLARATORIO RENDIDO POR LA AUTORIDAD SUSTITUTA DE LA RESPONSABLE EN EL QUE SE NIEGAN LOS ACTOS ATRIBUIDOS A ÉSTA. TIENE EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE EL EMITIDO POR LA SUSTITUIDA, AUN CUANDO ÉSTA HAYA ADMITIDO SU CERTEZA EN EL INFORME JUSTIFICADO, POR LO QUE DICHA NEGATIVA DEBE DESVIRTUARSE POR EL QUEJOSO. Si por reformas constitucionales o legales, una autoridad es sustituida por otra o cambia de denominación, la autoridad sustituta, ya sea de reciente denominación o creación, puede válidamente rendir los informes justificados en sustitución de la que se haya señalado como responsable. Luego, como no existe precepto legal en la Ley de Amparo ni en ningún otro ordenamiento legal que prohíba a las responsables aclarar, corregir o subsanar los informes justificados que hayan rendido en los juicios de garantías, deben admitirse y dárseles el mismo valor probatorio a esos informes aclaratorios, aun cuando se hayan rendido por la autoridad sustituta. Así, si en el informe justificado rendido por la responsable sustituida se admitió la certeza de los actos reclamados y, con posterioridad, la autoridad sustituta rinde un informe aclaratorio en el que precisa que no existen constancias en los expedientes de la dependencia que acrediten la existencia de tales actos, es decir, niega la existencia de los que inicialmente se tuvieron por ciertos, es incuestionable que dicho informe tiene valor probatorio pleno como documento público, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, en consecuencia, debe ser desvirtuada esa negativa por el quejoso, pues, de lo contrario, procede sobreseer en el juicio de amparo." En virtud de lo anterior, emplácesele a juicio e indíquese, que se la hace extensivo el contenido del auto de veintitrés de febrero de la presente anualidad, por lo que tendrá que dar cumplimiento a los requerimientos ahí establecidos, para lo cual remítase copia certificada del mismo, así como copia simple de la demanda de amparo y del escrito que se provee. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistida del secretario Luis Mariano Sánchez Martínez que autoriza y da fe.

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