Fernando Ramírez Manjarrez
Expediente 303/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2021
Partes del expediente
- Fernando Ramírez Manjarrez
- Fernando Ramírez Manjarrez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto; empero, no se realizó su valoración conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ni conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. En tales condiciones, se ordena la inmediata regularización del procedimiento en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a efecto de que se realice la valoración documental conducente, en los términos de la citada normatividad. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE TUVO POR NO PRESENTADA; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese por lista a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesados; sobre el tema merece invocarse la jurisprudencia siguiente. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a as partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.".1 Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ************** por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 303/2021-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: 1. Los actos llevados a cabo en la carpeta de investigación ***************. 2. La solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público al Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial sin detenido, en su contra. 3. El inicio (apertura) de la carpeta judicial ************ y su radicación. 4. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación***************** y a la carpeta judicial ************* Desechamiento por el acto reclamado señalado en el numeral 1. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar la demanda por el acto reclamado señalado en el numeral 1, por las siguientes consideraciones: Improcedencia Toda vez que el acto reclamado, se traduce y tiene relación directa con la integración de una carpeta de investigación, se desecha la demanda de amparo, toda vez que el suscrito considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta, al no afectar el interés jurídico de la parte quejosa. En relación con ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.).". Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En la especie, la pretensión de la parte quejosa se ciñe en el inicio y actos llevados a cabo en la carpeta de investigación *****************, lo que se traduce en la integración de una carpeta de investigación o causa penal; sin embargo, la parte peticionaria de amparo no tiene interés jurídico para reclamar tales actos. Lo anterior, es así, porque no se le causa perjuicio al interés jurídico de la parte promovente, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. Por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la Carta Magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la carpeta de investigación con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses. En ese sentido, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, entre las que se incluye recabar denuncias, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, el hecho de iniciar y propiciar una indagatoria, en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de la aquí parte quejosa, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos una cuestión de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Esto es, esta etapa procedimental (investigación) no irroga perjuicio a la parte quejosa, porque éste se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal emita un acto de molestia en su contra. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el iniciar la carpeta de investigación, mismo acto que se traduce como la integración de una indagatoria o las diligencias encaminadas a ello, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Consecuentemente, y toda vez que el acto reclamado no le genera estado de indefensión ni afecta su derecho fundamental de acceso a la justicia a la parte quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia señalada en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis XIII.P.A.32.P (10a), a la letra indica: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Por tanto, se desecha de plano la presente demanda por lo que hace al acto reclamado señalado en el número 1, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Desechamiento por los actos reclamados señalados en los numerales 2 y 3. De igual modo, respecto a los actos reclamados precisados en los arábigos 2 y 3, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamarlos, ya que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a que la autoridad responsable la cite a la audiencia inicial donde se podrá o no formular imputación en su contra, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición de la autoridad investigadora, en la que se requiere la presencia del aquí quejoso para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y que no incide directamente en su libertad personal; es decir, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Por ello, se desecha de plano la presente demanda por lo que hace a los actos reclamados en los numerales 2 y 3, por notoriamente improcedentes de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Desechamiento por el acto reclamado señalado en el numeral 4. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar la demanda por el acto reclamado señalado en el numeral 4, por las siguientes consideraciones: De la certificación de cuenta, este juzgador federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invoca como hecho notorio, que en el índice de este órgano de control constitucional se encuentra registrado con el número de juicio 118/2021-I, demanda promovida por derecho propio por ************, en la que se reclamó como acto reclamado, entre otros, la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación *************** y a la carpeta judicial ****************, a idénticas responsables que en el presente sumario. Con base en lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. (.).". De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se patentizan las siguientes hipótesis: 1) Que haya identidad en la parte quejosa. 2) Se señale como responsables a las mismas autoridades. 3) Que se encuentre pendiente de resolución. 4) Se combata el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, se advierte que en el caso se actualizan las hipótesis señaladas, por las siguientes consideraciones: a) Tanto el juicio en que se actúa 303/2021-I, como el diverso 118/2021-I, fueron promovidos por derecho propio por *******************. b) En el sumario 118/2021-I, se señalaron las mismas autoridades responsables que en el presente, entre otras, a las que se les reclama la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ***************** y a la carpeta judicial ************** entre otros actos. c) En el juicio que se tiene a la vista 118/2021-I, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo por los actos reclamados consistentes en: La omisión de notificarle la fijación de fecha de audiencia inicial de veinte de noviembre de dos mil veinte. La audiencia inicial de veinte de noviembre de dos mil veinte. La orden de comparecencia dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno. La notificación de la orden de comparecencia dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno. La fijación de la fecha de audiencia de cumplimiento de orden de comparecencia para el nueve de marzo de dos mil veintiuno. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ******************** y a la carpeta judicial **************** d) En el sumario en que se actúa como actos destacados se combate: 1. El inicio de la carpeta judicial ***************** y su radicación. 2. La solicitud realizada por el agente del Ministerio Público responsable al Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial sin detenido en su contra. 3. La apertura de la carpeta judicial ****************. 4. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación **********************y a la carpeta judicial *******************. De manera que, si uno de los actos reclamados en este juicio lo es la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ************** y a la carpeta judicial *****************, y el mismo ya fue impugnado por el mismo quejoso en otro promovido con anterioridad, atribuido a idénticas autoridades responsables, es inviable tramitar uno diverso contra el mismo hecho, ya que, como se dijo, precisamente éste es el que, en su caso, forma parte de la materia del diverso juicio de amparo 118/2021-I de nuestro índice; y, por ende, se actualiza la hipótesis en comento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado señalado en el numeral 4, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizada a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda que cuente con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de no ser así, se tendrá únicamente autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del numeral 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Se exhorta a la parte promovente para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transite y continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Teléfono y correo electrónico También se le solicita a que proporcione a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único objeto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente.
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(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" Ciudad de México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ************** por derecho propio, contra actos del Fiscal General de Justicia del Distrito Federal y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 303/2021-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis Del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: 1. Los actos llevados a cabo en la carpeta de investigación ***************. 2. La solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público al Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial sin detenido, en su contra. 3. El inicio (apertura) de la carpeta judicial ************ y su radicación. 4. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación***************** y a la carpeta judicial ************* Desechamiento por el acto reclamado señalado en el numeral 1. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar la demanda por el acto reclamado señalado en el numeral 1, por las siguientes consideraciones: Improcedencia Toda vez que el acto reclamado, se traduce y tiene relación directa con la integración de una carpeta de investigación, se desecha la demanda de amparo, toda vez que el suscrito considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta, al no afectar el interés jurídico de la parte quejosa. En relación con ello, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.).". Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En la especie, la pretensión de la parte quejosa se ciñe en el inicio y actos llevados a cabo en la carpeta de investigación *****************, lo que se traduce en la integración de una carpeta de investigación o causa penal; sin embargo, la parte peticionaria de amparo no tiene interés jurídico para reclamar tales actos. Lo anterior, es así, porque no se le causa perjuicio al interés jurídico de la parte promovente, ya que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público. Por tanto, sus actuaciones como órgano de representación social investigador, constituyen un derecho social que no conforman la esfera jurídica de los particulares, de lo que se deduce que tal función no constituye un derecho privado. Además, dicho precepto constitucional faculta al Ministerio Público para que tramite, integre y ejercite la acción penal inmediatamente que aparezca que en la carpeta de investigación se hubieren satisfecho los requisitos del artículo 16 de la Carta Magna; por ende, los actos como ente de derecho social, atribuidos constitucionalmente al Ministerio Público, persecutor de delitos, que incluyen la integración de la carpeta de investigación con todas sus actuaciones, incluso cuando ejerce acción penal, no pueden constituir violaciones a las garantías constitucionales, porque no suponen una afectación cierta, directa e irreparable de esos actos de naturaleza procesal a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que de existir alguna violación de los derechos adjetivos puede ser subsanado si se obtiene una resolución favorable a la de sus intereses. En ese sentido, cabe precisar que la integración de la carpeta de investigación consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento al imperativo previsto en el artículo 21 constitucional, entre las que se incluye recabar denuncias, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. En ese sentido, el hecho de iniciar y propiciar una indagatoria, en sí misma, no es un acto que vulnere la esfera de derechos de la aquí parte quejosa, ni lesiona sus derechos subjetivos tutelados por alguna disposición jurídica, ya que, tal actuación de la autoridad no le afecta directamente, por ser la investigación de los delitos una cuestión de orden público conforme al citado precepto constitucional, al estar interesadas las autoridades en que prevalezca el estado de derecho y se investiguen los hechos denunciados ante la representación social por los individuos. Esto es, esta etapa procedimental (investigación) no irroga perjuicio a la parte quejosa, porque éste se materializará, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal emita un acto de molestia en su contra. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el iniciar la carpeta de investigación, mismo acto que se traduce como la integración de una indagatoria o las diligencias encaminadas a ello, no transgrede de manera alguna derechos sustantivos de la parte quejosa; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Consecuentemente, y toda vez que el acto reclamado no le genera estado de indefensión ni afecta su derecho fundamental de acceso a la justicia a la parte quejosa, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causal de improcedencia señalada en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis XIII.P.A.32.P (10a), a la letra indica: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Por tanto, se desecha de plano la presente demanda por lo que hace al acto reclamado señalado en el número 1, por notoriamente improcedente de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Desechamiento por los actos reclamados señalados en los numerales 2 y 3. De igual modo, respecto a los actos reclamados precisados en los arábigos 2 y 3, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamarlos, ya que no tiene incorporado a su esfera jurídica el derecho a oponerse a que la autoridad responsable la cite a la audiencia inicial donde se podrá o no formular imputación en su contra, toda vez que se trata de una simple comunicación del Juez, a petición de la autoridad investigadora, en la que se requiere la presencia del aquí quejoso para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y que no incide directamente en su libertad personal; es decir, se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Por ello, se desecha de plano la presente demanda por lo que hace a los actos reclamados en los numerales 2 y 3, por notoriamente improcedentes de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Desechamiento por el acto reclamado señalado en el numeral 4. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar la demanda por el acto reclamado señalado en el numeral 4, por las siguientes consideraciones: De la certificación de cuenta, este juzgador federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invoca como hecho notorio, que en el índice de este órgano de control constitucional se encuentra registrado con el número de juicio 118/2021-I, demanda promovida por derecho propio por ************, en la que se reclamó como acto reclamado, entre otros, la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación *************** y a la carpeta judicial ****************, a idénticas responsables que en el presente sumario. Con base en lo anterior, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. (.).". De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se patentizan las siguientes hipótesis: 1) Que haya identidad en la parte quejosa. 2) Se señale como responsables a las mismas autoridades. 3) Que se encuentre pendiente de resolución. 4) Se combata el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, se advierte que en el caso se actualizan las hipótesis señaladas, por las siguientes consideraciones: a) Tanto el juicio en que se actúa 303/2021-I, como el diverso 118/2021-I, fueron promovidos por derecho propio por *******************. b) En el sumario 118/2021-I, se señalaron las mismas autoridades responsables que en el presente, entre otras, a las que se les reclama la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ***************** y a la carpeta judicial ************** entre otros actos. c) En el juicio que se tiene a la vista 118/2021-I, en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo por los actos reclamados consistentes en: La omisión de notificarle la fijación de fecha de audiencia inicial de veinte de noviembre de dos mil veinte. La audiencia inicial de veinte de noviembre de dos mil veinte. La orden de comparecencia dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno. La notificación de la orden de comparecencia dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno. La fijación de la fecha de audiencia de cumplimiento de orden de comparecencia para el nueve de marzo de dos mil veintiuno. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ******************** y a la carpeta judicial **************** d) En el sumario en que se actúa como actos destacados se combate: 1. El inicio de la carpeta judicial ***************** y su radicación. 2. La solicitud realizada por el agente del Ministerio Público responsable al Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial sin detenido en su contra. 3. La apertura de la carpeta judicial ****************. 4. La negativa de dar acceso a la carpeta de investigación **********************y a la carpeta judicial *******************. De manera que, si uno de los actos reclamados en este juicio lo es la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ************** y a la carpeta judicial *****************, y el mismo ya fue impugnado por el mismo quejoso en otro promovido con anterioridad, atribuido a idénticas autoridades responsables, es inviable tramitar uno diverso contra el mismo hecho, ya que, como se dijo, precisamente éste es el que, en su caso, forma parte de la materia del diverso juicio de amparo 118/2021-I de nuestro índice; y, por ende, se actualiza la hipótesis en comento. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado señalado en el numeral 4, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizada a la persona que menciona en su escrito inicial de demanda que cuente con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acredite estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de no ser así, se tendrá únicamente autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del numeral 24, párrafo segundo, de la ley de la materia. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Se exhorta a la parte promovente para que de conformidad con el artículo 28 del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transite y continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Teléfono y correo electrónico También se le solicita a que proporcione a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único objeto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese personalmente. ".
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