Fernando Ramírez Domínguez

Expediente 736/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
736/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
25/11/2015

Partes del expediente

  • Fernando Ramírez Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de dictada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad. Por ende, conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, haciendo constar en la carátula que el presente asunto no se trata de información reservada, de la prevista en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como que las partes no se opusieron a la publicación de su nombre y datos a que alude el artículo 3, fracción III, del ordenamiento legal invocado y que CONSTITUYE ARCHIVO RECIENTE, CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL Y DE VALOR JURÍDICO, NO CONSTAN DOCUMENTOS ORIGINALES, así como que es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en el presente asunto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General en mención, por lo que deberán conservarse. Por otra parte, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no serán objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. Finalmente, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe. *eam

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el informe justificado que remite el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Luego, en atención a su contenido se le tiene informando que mediante oficio *************** de veintisiete de octubre pasado, se ordenó la inmediata libertad del directamente agraviado ***************, en virtud de habérsele otorgado la libertad bajo caución; por lo tanto este juzgador acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintiséis de octubre pasado y remitido a este juzgado en la propia fecha, *************** en representación de ***************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del Fiscal de Distrito de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, y otras autoridades, de quienes reclama la detención, incomunicación, malos tratos. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa considera vulnerados los derechos contenidos en los artículos 14, 16, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil quince, se ordenó formar expediente y registrar el asunto bajo el número 736/2015-I-1, y así como ratificación de la demanda por parte del directamente agraviado. Así, una vez que el quejoso Fernando Ramírez Domínguez, ratificó la demanda que se interpuso a su favor, por auto de veintisiete de octubre siguiente, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 5/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se trata de un asunto en materia penal con ejecución en un lugar en que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la impetrante reclama los actos: 1. Del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, de los Agentes del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenidos y Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Lesiones y Daños la detención, incomunicación y malos tratos. 2. Del Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, la ejecución a dicha captura, incomunicación y malos tratos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Coordinadores de las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos con Persona Detenida y Delitos Contra la Integridad Física y Daños, al rendir informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación del quejoso y malos tratos. En tales condiciones, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba suficiente para desvirtuar tales negativas, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. Procede el sobreseimiento. [.] IV. de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto citan: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Coordinadores de las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos con Persona Detenida y Delitos Contra la Integridad Física y Daños, y el Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, al rendir su informe justificado indicaron que es cierto el acto reclamado consistente en la detención del quejoso. Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que obran en la indagatoria de origen, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y una, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación al dos mil, cuyo rubro y texto es: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 63 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los restantes actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se desprende de autos. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo VI, Precedentes Relevantes SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: La detención reclamada dio lugar a la carpeta de investigación ***************, radicada ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y ejecución del Delito con Personas Detenidas, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el veintisiete de octubre de dos mil quince y sin exceder el término para retener al garante, el representante social consideró procedente decretar auto de libertad bajo caución a favor de Felipe Ramírez Domínguez. Dada la determinación tomada por el fiscal, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, ya que, con la libertad del quejoso culmina la retención hecha por el representante social. En este sentido, se estima que las violaciones atribuidas a la detención deban considerarse consumadas de un modo irreparable, por existir autonomía entre la captura reclamada y la orden de libertad. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer en el presente juicio de garantías en relación con los actos reclamados al Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Coordinadores de las Unidades Especializadas en Investigación de Delitos con Persona Detenida y Delitos Contra la Integridad Física y Daños, y el Coordinador Regional de la División de Investigación de la Policía Estatal Única en la Zona Norte, con fundamento en la fracción XVII, del arábigo 61 de la ley de la materia. Es aplicable, por identidad en su idea jurídica, la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, visible en la página doscientos setenta, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cincuenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil doce, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en líneas precedentes. Sobreseimiento que se efectúa conforme a la jurisprudencia 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo 736/2015-I-1, promovido por ***************, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil quince. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL A LA LETRA DICE: AGRÉGUESE A SUS AUTOS EL INFORME JUSTIFICADO QUE REMITE EL COORDINADOR REGIONAL DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA DIVISIÓN INVESTIGACIÓN EN LA ZONA NORTE, CON SU CONTENIDO DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS JURÍDICO CONVENGA, TAL COMO LO DISPONE EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. LUEGO, EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO SE LE TIENE INFORMANDO QUE MEDIANTE OFICIO *************** DE VEINTISIETE DE OCTUBRE PASADO, SE ORDENÓ LA INMEDIATA LIBERTAD DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO ***************, EN VIRTUD DE HABÉRSELE OTORGADO LA LIBERTAD BAJO CAUCIÓN; POR LO TANTO ESTE JUZGADOR ACUERDA: RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. MEDIANTE ESCRITO RECIBIDO POR LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, EL VEINTISÉIS DE OCTUBRE PASADO Y REMITIDO A ESTE JUZGADO EN LA PROPIA FECHA, *************** EN REPRESENTACIÓN DE ***************, DEMANDÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, EN CONTRA DEL FISCAL DE DISTRITO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE, Y OTRAS AUTORIDADES, DE QUIENES RECLAMA LA DETENCIÓN, INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS. SEGUNDO. DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. LA PARTE QUEJOSA CONSIDERA VULNERADOS LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 19, 21 Y 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TERCERO. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. MEDIANTE AUTO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE ORDENÓ FORMAR EXPEDIENTE Y REGISTRAR EL ASUNTO BAJO EL NÚMERO 736/2015-I-1, Y ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL DIRECTAMENTE AGRAVIADO. ASÍ, UNA VEZ QUE EL QUEJOSO FERNANDO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, RATIFICÓ LA DEMANDA QUE SE INTERPUSO A SU FAVOR, POR AUTO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE SIGUIENTE, SE ADMITIÓ A TRÁMITE; SE SOLICITÓ A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SU RESPECTIVO INFORME JUSTIFICADO; AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO SE LE DIO LA INTERVENCIÓN LEGAL QUE LE COMPETE; SE SEÑALÓ FECHA Y HORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; Y CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. ESTE JUZGADO DE DISTRITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 94 Y 103, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 35 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y 48, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EL ACUERDO GENERAL 5/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS EN QUE SE DIVIDE EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS Y UNITARIOS DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DADO QUE SE TRATA DE UN ASUNTO EN MATERIA PENAL CON EJECUCIÓN EN UN LUGAR EN QUE ESTE JUZGADOR EJERCE JURISDICCIÓN. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE PROCEDE A REALIZAR LA FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR LO QUE, DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS ASÍ COMO DE LAS CONSTANCIAS QUE INFORMAN EL JUICIO, SE DESPRENDE QUE LA IMPETRANTE RECLAMA LOS ACTOS: 1. DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE, DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON DETENIDOS Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ENCARGADO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE LESIONES Y DAÑOS LA DETENCIÓN, INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS. 2. DEL COORDINADOR REGIONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA EN LA ZONA NORTE, ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE, LA EJECUCIÓN A DICHA CAPTURA, INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS. BAJO ESTE CONTEXTO, RESULTA PROCEDENTE TENER COMO ACTOS RECLAMADOS LOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, DE LOS QUE SE PROCEDERÁ A SU ESTUDIO. PARA LA FIJACIÓN DE LOS ACTOS, SE ATIENDE EL CONTENIDO DE LA TESIS P. VI/2004, SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONSULTABLE EN LA NOVENA ÉPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XIX, ABRIL DE DOS MIL CUATRO, PÁGINA 255, REGISTRO 181810, QUE CONSTA DEL RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE QUE LAS SENTENCIAS QUE SE DICTEN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS DEBERÁN CONTENER LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, ASÍ COMO LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS CONDUCENTES PARA TENERLOS O NO POR DEMOSTRADOS; ASIMISMO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA SOSTENIDO EL CRITERIO DE QUE PARA LOGRAR TAL FIJACIÓN DEBE ACUDIRSE A LA LECTURA ÍNTEGRA DE LA DEMANDA SIN ATENDER A LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD. SIN EMBARGO, EN ALGUNOS CASOS ELLO RESULTA INSUFICIENTE, POR LO QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBERÁN ARMONIZAR, ADEMÁS, LOS DATOS QUE EMANEN DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, EN UN SENTIDO QUE RESULTE CONGRUENTE CON TODOS SUS ELEMENTOS, E INCLUSO CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL JUICIO, ATENDIENDO PREFERENTEMENTE AL PENSAMIENTO E INTENCIONALIDAD DE SU AUTOR, DESCARTANDO LAS PRECISIONES QUE GENEREN OSCURIDAD O CONFUSIÓN. ESTO ES, EL JUZGADOR DE AMPARO, AL FIJAR LOS ACTOS RECLAMADOS, DEBERÁ ATENDER A LO QUE QUISO DECIR EL QUEJOSO Y NO ÚNICAMENTE A LO QUE EN APARIENCIA DIJO, PUES SÓLO DE ESTA MANERA SE LOGRA CONGRUENCIA ENTRE LO PRETENDIDO Y LO RESUELTO. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA EN AUSENCIA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE Y COORDINADORES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON PERSONA DETENIDA Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS, AL RENDIR INFORME JUSTIFICADO MANIFESTARON QUE NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA INCOMUNICACIÓN DEL QUEJOSO Y MALOS TRATOS. EN TALES CONDICIONES, AL NO HABER OFRECIDO LA PARTE QUEJOSA PRUEBA SUFICIENTE PARA DESVIRTUAR TALES NEGATIVAS, DEBE SOBRESEERSE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, QUE ESTABLECE: 63. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO. [.] IV. DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS APARECIERE CLARAMENTE DEMOSTRADO QUE NO EXISTE EL ACTO RECLAMADO, O CUANDO NO SE PROBARE SU EXISTENCIA EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR, LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 310, VISIBLE EN LA PÁGINA 209, TOMO VI, MATERIA COMÚN DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, CUYO RUBRO Y TEXTO CITAN: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. SI LAS RESPONSABLES NIEGAN LOS ACTOS QUE LES ATRIBUYEN, Y LOS QUEJOSOS NO DESVIRTÚAN ESTA NEGATIVA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA EN AUSENCIA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE Y COORDINADORES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON PERSONA DETENIDA Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS, Y EL COORDINADOR REGIONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA EN LA ZONA NORTE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO INDICARON QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN DEL QUEJOSO. LO QUE SE CORROBORA CON LA COPIA CERTIFICADA DE DIVERSAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA INDAGATORIA DE ORIGEN, DOCUMENTALES A LAS QUE SE OTORGA VALOR PROBATORIO PLENO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 129, 197 Y 202 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. SIRVE DE APOYO LA JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN LA PÁGINA DOSCIENTOS TREINTA Y UNA, TOMO VI, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPILACIÓN AL DOS MIL, CUYO RUBRO Y TEXTO ES: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. SI EN ÉL CONFIESA LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA, DEBE TENERSE ÉSTE COMO PLENAMENTE PROBADO Y ENTRARSE A EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE ESE ACTO. QUINTO. IMPROCEDENCIA. ES PERTINENTE SEÑALAR QUE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO ES UNA INSTITUCIÓN POR VIRTUD DE LA CUAL EXISTE UN IMPEDIMENTO PARA ESTABLECER SI EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO ES CONSTITUCIONAL O NO. ES DECIR, LA IMPROCEDENCIA VA A MOTIVAR QUE EL JUZGADOR FEDERAL NO DIRIMA LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE ÉL PLANTEADA, POR EXIGIRLO ASÍ ALGUNA DE LAS CAUSAS QUE CONFORMAN A LA MISMA INSTITUCIÓN, YA QUE ÉSTA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA POR UNA SERIE DE HIPÓTESIS NORMATIVAS DEBIDAMENTE DESCRITAS POR LA CONSTITUCIÓN, LA LEY DE AMPARO Y LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR NUESTRO MÁS ALTO TRIBUNAL, LA QUE SE ANALIZA EN FORMA PROFUNDA DE ACUERDO CON EL TEXTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY EN CITA. CONSECUENTEMENTE, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL, PREVIO ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS RESTANTES ACTOS RECLAMADOS, SE INCLINA, POR SER UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO, A PROFUNDIZAR SOBRE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE DESPRENDE DE AUTOS. ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 158, EMITIDA POR EL PLENO DEL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS VISIBLE EN LAS PÁGINA 262, PARTE VIII, QUINTA ÉPOCA, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, REGISTRO 395571, QUE ESTABLECE: IMPROCEDENCIA. SEA QUE LAS PARTES LA ALEGUEN O NO, DEBE EXAMINARSE PREVIAMENTE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, POR SER ESA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. EN LA ESPECIE, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO, QUE DISPONE: 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: [.] XVII. CONTRA ACTOS EMANADOS DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, O DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, CUANDO POR VIRTUD DE CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL MISMO DEBEN CONSIDERARSE CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, POR NO PODER DECIDIRSE EN TAL PROCEDIMIENTO SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA. [.] DEL ARTÍCULO ANTERIOR SE OBTIENE QUE EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR REGLA GENERAL, SE PRODUCE CUANDO CONCURREN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: A) QUE EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EMANE DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, O DE UN ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO; B) QUE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SE PRONUNCIE UNA RESOLUCIÓN QUE CAMBIE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN QUE SE ENCONTRABA LA QUEJOSA POR VIRTUD DEL ACTO QUE RECLAMÓ EN EL AMPARO; C) QUE NO PUEDA DECIDIRSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA Y, POR ENDE, QUE DEBAN CONSIDERARSE CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO DE AMPARO; Y D) QUE EXISTA AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA ENTRE EL ACTO QUE SE RECLAMÓ EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, Y LA NUEVA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DE MODO QUE ESTA ÚLTIMA PUEDA SUBSISTIR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ACTO MATERIA DEL AMPARO RESULTE O NO INCONSTITUCIONAL. TIENE APLICACIÓN A LO ANTERIOR LA TESIS 51, SUSTENTADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN LA PÁGINA 39, TOMO VI, PRECEDENTES RELEVANTES SCJN, MATERIA COMÚN, NOVENA ÉPOCA, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, COMPILACIÓN 2000, DEL TENOR SIGUIENTE: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR REGLA GENERAL, SE PRODUCE CUANDO CONCURREN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES: A).- QUE EL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EMANE DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, O DE UN ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO; B).- QUE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO SE PRONUNCIE UNA RESOLUCIÓN QUE CAMBIE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN QUE SE ENCONTRABA EL QUEJOSO POR VIRTUD DEL ACTO QUE RECLAMÓ EN EL AMPARO; C).- QUE NO PUEDA DECIDIRSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA, Y POR ENDE, QUE DEBAN CONSIDERARSE CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO DE AMPARO; D).- QUE HAYA AUTONOMÍA O INDEPENDENCIA ENTRE EL ACTO QUE SE RECLAMÓ EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, Y LA NUEVA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, DE MODO QUE ESTA ÚLTIMA PUEDA SUBSISTIR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ACTO MATERIA DEL AMPARO RESULTE O NO INCONSTITUCIONAL. EN EL CASO CONCRETO, LOS SUPUESTOS DESCRITOS CON ANTELACIÓN, Y QUE DERIVAN DEL CITADO ARTÍCULO 61, SE ENCUENTRAN SATISFECHOS COMO SE VERÁ A CONTINUACIÓN: LA DETENCIÓN RECLAMADA DIO LUGAR A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ***************, RADICADA ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, ACUSACIÓN Y EJECUCIÓN DEL DELITO CON PERSONAS DETENIDAS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, EXACTAMENTE EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE Y SIN EXCEDER EL TÉRMINO PARA RETENER AL GARANTE, EL REPRESENTANTE SOCIAL CONSIDERÓ PROCEDENTE DECRETAR AUTO DE LIBERTAD BAJO CAUCIÓN A FAVOR DE FELIPE RAMÍREZ DOMÍNGUEZ. DADA LA DETERMINACIÓN TOMADA POR EL FISCAL, NO ES POSIBLE DECIDIR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN RECLAMADA, SIN AFECTAR LA NUEVA SITUACIÓN JURÍDICA, YA QUE, CON LA LIBERTAD DEL QUEJOSO CULMINA LA RETENCIÓN HECHA POR EL REPRESENTANTE SOCIAL. EN ESTE SENTIDO, SE ESTIMA QUE LAS VIOLACIONES ATRIBUIDAS A LA DETENCIÓN DEBAN CONSIDERARSE CONSUMADAS DE UN MODO IRREPARABLE, POR EXISTIR AUTONOMÍA ENTRE LA CAPTURA RECLAMADA Y LA ORDEN DE LIBERTAD. EN CONSECUENCIA, AL QUEDAR PLENAMENTE JUSTIFICADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EXAMEN, PROCEDE SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LOS ACTOS RECLAMADOS AL FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE Y COORDINADORES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON PERSONA DETENIDA Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS, Y EL COORDINADOR REGIONAL DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA EN LA ZONA NORTE, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN XVII, DEL ARÁBIGO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. ES APLICABLE, POR IDENTIDAD EN SU IDEA JURÍDICA, LA JURISPRUDENCIA DEL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS, VISIBLE EN LA PÁGINA DOSCIENTOS SETENTA, TOMO XXVII, JUNIO DE DOS MIL OCHO, NOVENA ÉPOCA, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, DE RUBRO Y TEXTO: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SI DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN APARECE QUE EL ACTO RECLAMADO ORIGINARIAMENTE (UNA ORDEN DE APREHENSIÓN) HA SIDO SUSTITUIDO POR UNO DIVERSO (EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN), POR CUYA VIRTUD SE GENERA UN CAMBIO EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO, PUES AL SER LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y ESTUDIO PREFERENTE, EL JUZGADOR ESTÁ OBLIGADO A DECRETARLO EN CUANTO APARECE LA CAUSAL, SIN DAR VISTA PREVIA AL QUEJOSO, AUNQUE TAL CIRCUNSTANCIA SE CONOZCA CON LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. LO ANTERIOR SE CORROBORA CON LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2002-PL, DE LA QUE DERIVÓ LA TESIS 2A./J. 10/2003, PUBLICADA CON EL RUBRO: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. ADEMÁS, ESTA SOLUCIÓN NO SE OPONE A LA REGLA EMITIDA EN LA TESIS P./J. 15/2003, DE RUBRO: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', QUE PERMITE AMPLIAR LA DEMANDA DE AMPARO INCLUSO SI YA SE RINDIÓ EL MENCIONADO INFORME, PUES CON DICHO CRITERIO EL TRIBUNAL EN PLENO NO OBLIGA AL JUZGADOR A PERMITIR LA AMPLIACIÓN EN TODOS LOS CASOS, SINO SÓLO CUANDO SEA INELUDIBLE LA VINCULACIÓN ENTRE EL ACTO ORIGINALMENTE RECLAMADO Y EL NUEVO, LO CUAL NO PUEDE PREDICARSE CUANDO HA OPERADO CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO; SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE ELLO AFECTA AL QUEJOSO, QUIEN PUEDE COMBATIR EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN O PROMOVER OTRA DEMANDA DE GARANTÍAS RESPECTO DEL NUEVO ACTO. EN ESE ORDEN, SE DEJA SIN EFECTO LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE SE PROGRAMÓ A LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO ANOTADA EN LÍNEAS PRECEDENTES. SOBRESEIMIENTO QUE SE EFECTÚA CONFORME A LA JURISPRUDENCIA 10/2003, QUE SUSTENTÓ LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE A PÁGINA 386, TOMO XVII, MARZO DE DOS MIL TRES, NOVENA ÉPOCA, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, REGISTRO 184572, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN III Y 83, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE DESPRENDE QUE EL LEGISLADOR PREVIÓ LA POSIBILIDAD QUE DURANTE EL JUICIO SOBREVINIERA ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, TAN ES ASÍ QUE EN EL SEGUNDO DE LOS PRECEPTOS MENCIONADOS ESTABLECIÓ LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS AUTOS DE SOBRESEIMIENTO; ÉSTOS SON PRECISAMENTE LOS QUE EL JUEZ PRONUNCIA CUANDO, DURANTE EL TRÁMITE CONOCE DE LA EXISTENCIA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. CONFORME A LO ANTERIOR, CUANDO LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SEA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE, DE MANERA QUE CON NINGÚN ELEMENTO DE PRUEBA PUEDA DESVIRTUARSE, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, SIN NECESIDAD DE ESPERAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL; ESTIMAR LO CONTRARIO TRAERÍA CONSIGO EL RETARDO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, LO QUE ES CONTRARIO AL ESPÍRITU QUE ANIMA AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA PARTE QUE ESTABLECE QUE TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR LOS TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL. POR LO EXPUESTO, FUNDADO Y CON APOYO ADEMÁS EN LOS ARTÍCULOS 63, 73, 74, 76 Y 217 DE LA LEY DE AMPARO, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 736/2015-I-1, PROMOVIDO POR ***************, EN CONTRA DE LOS ACTOS Y AUTORIDADES PRECISADOS EN EL RESULTANDO PRIMERO DE ESTA RESOLUCIÓN. SEGUNDO. SE DEJA SIN EFECTO LA FECHA Y HORA SEÑALADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE SE PROGRAMÓ A LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, LICENCIADO ***************, ANTE LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUE AUTORIZA Y DA FE, LICENCIADA ***************. DOY FE.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL A LA LETRA DICE: AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL INFORME QUE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RINDE LA AUTORIDAD OFICIANTE AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA EN AUSENCIA DEL FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE Y COORDINADORES DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CON PERSONA DETENIDA Y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DAÑOS; EN ATENCIÓN A SU CONTENIDO, SE TIENEN POR HECHAS SUS MANIFESTACIONES, A TRAVÉS DE LOS CUALES DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL EN TORNO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO OTORGADA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 15, 117 Y 126 DE LA LEY DE AMPARO. LO ANTERIOR, CONSIDÉRESE EN LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 124 DE LA LEGISLACIÓN EN CITA. NOTIFÍQUESE. LO PROVEYÓ Y FIRMA EL JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, LICENCIADO ***************, ANTE LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUE AUTORIZA Y DA FE, LICENCIADA ***************. DOY FE.

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