Fernando Rafael Castillo Lopez

Expediente 89/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
89/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Fernando Rafael Castillo Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VI. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de Amparo el trece de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de Amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.

  2. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima con sede en Umán, Yucatán; lo anterior en virtud de que el trece de marzo de la presente anualidad, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.

  3. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a estos autos el oficio signado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, así como el anexo que adjunta, del que se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la citada responsable acordó lo conducente respecto a la integración de la carpeta de investigación de origen, ddando con ello contestación a lo reclamado por la parte quejosa en la demanda de mérito. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión por parte de la autoridad de integrar la carpeta de investigación 1293/2017 del índice de la responsable Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclama la omisión por parte de la autoridad de integrar la carpeta de investigación 1293/2017 del índice de la responsable Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias certificadas, que el Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el veintiséis de febrero de la presente anualidad, acordó lo conducente respecto a la integración de la carpeta de investigación de origen, esto es, resolvió que los hechos manifestados por la parte quejosa en su querella no son constitutivos de un delito, ya que dicha conducta no es típica, antijurídica ni culpable, ya que los actos que pretendió denunciar derivan de un juicio reclamatorio laboral y del cumplimiento de un laudo, siendo otra dependencia la que tiene la obligación de proveer al respecto. Con lo anterior, queda demostrado que la responsable proveyó respecto de la integración de la carpeta siendo el caso que lo proveído no es materia de fondo de este asunto, puesto que el acto reclamado en concreto consistió en la omisión de integrar la carpeta, circunstancia que queda subsanada con lo acordado por la responsable el veintiséis de febrero del presente año; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Fiscal responsable, emitió el acuerdo correspondiente, proveyéndose respecto de lo solicitado por la parte aquí quejosa en la carpeta de investigación 1293/2017, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo a la integración de la carpeta de origen, dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado del Fiscal General del Estado, quien negó la existencia del acto reclamado en su informe justificado. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la diversa responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la omisión que se reclama en este juicio no puede ser atribuida a una autoridad diversa como en este caso lo es el Fiscal General del Estado, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada a éste último. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a estos autos el oficio signado por el Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, así como el anexo que adjunta, del que se advierte que el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la citada responsable acordó lo conducente respecto a la integración de la carpeta de investigación de origen, ddando con ello contestación a lo reclamado por la parte quejosa en la demanda de mérito. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión por parte de la autoridad de integrar la carpeta de investigación 1293/2017 del índice de la responsable Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclama la omisión por parte de la autoridad de integrar la carpeta de investigación 1293/2017 del índice de la responsable Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias certificadas, que el Fiscal Investigador del Ministerio Público Agencia Vigésimo Séptima de Umán, Yucatán, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que el veintiséis de febrero de la presente anualidad, acordó lo conducente respecto a la integración de la carpeta de investigación de origen, esto es, resolvió que los hechos manifestados por la parte quejosa en su querella no son constitutivos de un delito, ya que dicha conducta no es típica, antijurídica ni culpable, ya que los actos que pretendió denunciar derivan de un juicio reclamatorio laboral y del cumplimiento de un laudo, siendo otra dependencia la que tiene la obligación de proveer al respecto. Con lo anterior, queda demostrado que la responsable proveyó respecto de la integración de la carpeta siendo el caso que lo proveído no es materia de fondo de este asunto, puesto que el acto reclamado en concreto consistió en la omisión de integrar la carpeta, circunstancia que queda subsanada con lo acordado por la responsable el veintiséis de febrero del presente año; documentales que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Fiscal responsable, emitió el acuerdo correspondiente, proveyéndose respecto de lo solicitado por la parte aquí quejosa en la carpeta de investigación 1293/2017, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo relativo a la integración de la carpeta de origen, dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del auto de veintiséis de febrero de la presente anualidad, pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado del Fiscal General del Estado, quien negó la existencia del acto reclamado en su informe justificado. Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la diversa responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que la omisión que se reclama en este juicio no puede ser atribuida a una autoridad diversa como en este caso lo es el Fiscal General del Estado, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada a éste último. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

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