Fernando Pérez Pérez

Expediente 245/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
245/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
27/09/2019

Partes del expediente

  • Fernando Pérez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el dos de abril de dos mil veinte. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Principal

    Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la sentencia protectora se encuentra o no cumplida. En ese sentido, por sentencia dictada el treinta de abril del año en curso, se concedió el amparo a Fernando Pérez Pérez, contra el acuerdo de veintidós de marzo del año en cita, dictado en la averiguación previa UEIDFF/FINM06/02/2018, para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa Trece de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República (quien actualmente conoce de la citada indagatoria), realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo reclamado; y 2. Emitiera otro, en el que se pronunciara de manera fundada y motivada, si era admisible o no la prueba ofrecida por el quejoso mediante escrito de veintiuno de marzo pasado, y para el caso de que la admitiera, remitiera en un plazo prudente las constancias necesarias a servicios periciales, a efecto de que se realice lo solicitado por el amparista en el citado impreso. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden 126/2019, que en sesión de once de julio del año en curso, confirmó la sentencia recurrida. En ese sentido, este órgano de control constitucional por auto de trece de agosto pasado, requirió a la responsable para los efectos precisados en la resolución dictada en este asunto. Ahora, por oficio y anexo recibidos en este órgano de control constitucional el veinte siguiente, la autoridad ministerial responsable refirió dar cumplimiento al fallo protector. Con base en lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hubiere hecho. Del comunicado y anexo de que se trata, se aprecia que conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoriada en cita, la responsable mediante resolución de dieciséis de agosto pasado, dejó insubsistente el acuerdo reclamado, y el diecinueve siguiente, admitió la prueba ofrecida por la parte quejosa, asimismo, ordenó que se remitiera la información conducente a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que se designaran peritos en materia de informática, a fin de que se emita el dictamen correspondiente. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional tiene cumplida la ejecutoria que se analiza. Por tanto, es indudable que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro aspecto, resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202 de la ley de la materia, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de agosto de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio signado por el agente del Ministerio Público responsable y anexo de cuenta, a través del cual se informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tal motivo, con el comunicado y anexo que se proveen, dese vista a la parte quejosa para que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

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