Fernando Pérez Lopez

Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
58/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • Fernando Pérez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. EJECUTORIA COLEGIADO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que adjunta el expediente de amparo 58/2023, y copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q 33/2023, en la que los Magistrados del tribunal de su adscripción declararon infundado el recurso de queja hecho valer por el quejoso********************, en contra del acuerdo dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en el presente expediente de amparo. Glósese a los autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por cuanto hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo de éste. Acúsese recibo a la superioridad respecto del testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja Q 33/2023, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y en virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada en términos del artículo 19 del acuerdo general citado, este órgano jurisdiccional califica: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir a la parte quejosa que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico coincida en su totalidad como el impreso. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintitrés. SE ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA Agréguese a los autos el oficio de cuenta del Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la correspondiente firma electrónica, por el que transcribe el acuerdo dictado el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 33/2023 del índice del tribunal de su adscripción, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Fernando Pérez López, en contra del acuerdo dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo en que se actúa; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones insertan en el oficio de mérito. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso ********************, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés. En tales condiciones, toda vez que el auto recurrido es de aquellos en que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna, desechar de plano la demanda de amparo promovida por el citado quejoso, contra actos de la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, ********************. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, por ello no se emplazó a las demás partes ni se hizo requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del expediente de amparo en que se actúa. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Con la demanda de amparo promovida por Fernando Pérez López, por su propio derecho, contra actos de la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Guadalupe Juárez Martínez, fórmese y regístrese el amparo 58/2023. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que se provee, se advierte que el quejoso reclama de la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Guadalupe Juárez Martínez, la determinación dictada en audiencia oral y pública el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 319/2019, en la que declaró improcedente la prórroga para el cierre de investigación complementaria y declara el cierre de esa etapa. De lo anterior, debe concluirse que la acción constitucional ejercida mediante la demanda amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, en razón de que se advierte que respecto del acto que el quejoso reclama, se actualiza una causa notoria e indudable de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen lo siguiente: (.) Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama de la Jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Guadalupe Juárez Martínez, la determinación dictada en audiencia oral y pública el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 319/2019, en la que declaró improcedente la prórroga para el cierre de investigación complementaria y declara el cierre de esa etapa. Acto reclamado que no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, esto es, no es un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales o convenciones que el Estado Mexicano haya suscrito o ratificado, ya que el hecho de que la juez de control haya declarado improcedente la prórroga para el cierre de investigación complementaria y declara el cierre de esa etapa, no afecta materialmente algún derecho sustantivo del quejoso. En efecto, el procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. Así, la investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. En ese tenor, el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, si se reclama la determinación de la Jueza de control, mediante la cual declara improcedente la prórroga para el cierre de investigación complementaria y el cierre de esa etapa, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 230/2021, cuya ejecutoria dio origen a la jurisprudencia con número de registro digital 2025607 de rubro "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LÍMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", sostuvo que el cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 del mismo código adjetivo penal nacional, para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral; ello conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante. Conforme a lo expuesto, se hace patente que el acto reclamado por el quejoso, no afecta ni impide el ejercicio de sus derechos sustantivos dentro del proceso penal de origen, ya que, se insiste, durante la audiencia intermedia, el acusado (aquí quejoso) o su defensa en ejercicio del principio de contradicción y derecho al debido proceso y defensa adecuada, estarán en aptitud de ofrecer sus medios de prueba y podrán combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante ofrezcan, etapa que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral; por ende, al no producir el acto reclamado efectos de imposible reparación sobre el quejoso o sus derechos, el juicio de amparo indirecto se torna improcedente en contra de ese acto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver la queja 5/2017, cuya ejecutoria dio origen a la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2020733 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: IV.1o.P.27 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3502 Tipo: Aislada ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, EMITIDAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA RELATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El procedimiento penal acusatorio se integra por distintas etapas, cada una con objetivos propios y diferentes a las demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. De ahí se tiene que el inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia; entonces, según la lógica del procedimiento penal acusatorio, las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente fase del procedimiento; de otro modo, se trastocaría el curso regular del proceso. Bajo ese contexto, mediante el juicio de amparo indirecto pueden impugnarse únicamente las determinaciones tomadas en la etapa intermedia, empero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura a juicio oral, esto es, justo en el cierre de la fase. En esa tesitura, si se reclama la determinación del Juez de control, mediante la cual desecha por improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la negativa de ampliar el plazo de investigación complementaria, esa decisión sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Desde luego, en todo caso, deberá impugnarse al término de la etapa intermedia, esto es, al controvertir el auto de apertura a juicio, si es que la violación trascendió en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, el primero interpretado a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Respecto a su solicitud de que se autorice la consulta del expediente electrónico a través del usuario "AbogadoAndresLopez", con fundamento en el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se comisiona a la analista jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así mismo, como lo solicitan los quejosos, se autoriza que se realicen vía electrónica las notificaciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene de manera personal, a través del usuario que precisa, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y, toda vez que se autorizó las notificaciones dirigidas al quejoso vía electrónica, no resulta procedente tenerlo señalando como domicilio físico para recibirlas el que indica en el proemio de la demanda de amparo. NOTIFICACIONES POR LISTA Con independencia de lo anterior, los acuerdos en cuyo contenido se ordene notificar, deberán ser notificados por lista en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen por autorizados con el cúmulo de facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en su demanda de amparo, ello por encontrarse su nombre y cédula profesional en el Registro Nacional de profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

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