Fernando Pérez Contreras
Expediente 1489/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Fernando Pérez Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 4.- SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA VII.- Vista; la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual envía testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de su adscripción, en el amparo en revisión penal 441/2016, así como, originales del juicio de amparo 1333/2015-VII-J, toca penal 269/2015 y duplicado de la causa Penal 39/2015, interpuesto por Ángel Jiménez Zapata; acúsese de recibo. Ahora bien, por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal de alzada, en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Ángel Jiménez Zapata, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en la sentencia recurrida, y para los efectos precisados en el considerando séptimo de la resolución recurrida, cuyo texto literal dice. "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional concedida es para efecto que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco: 1. Deje insubsistente la resolución de veintiocho de agosto de dos mil quince, dictada dentro del toca penal 269/2015-II, del índice de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, por medio de la cual confirmó el auto de formal prisión dictado el veinticinco de abril de dos mil quince, en autos de la causa penal 39/2015, del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, instruida contra Ángel Jiménez Zapata, por el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 110 y 112, en relación con el diverso 123, fracción I, del Código Penal en vigor en el estado, en agravio de Gilberto Torres Gómez; 2. Emita otra, en la que deje insubsistente la resolución de primera instancia y ordene al juez de origen reponer el procedimiento en la causa penal 39/2015, hasta la diligencia posterior a la declaración preparatoria del aquí quejoso, sin nulificar las diligencias o actuaciones desahogadas; y, toda vez que no obra certificación de la hora en que terminó la declaración preparatoria del inculpado, el juzgador de origen deberá asentar el cómputo constitucional, para resolver la situación jurídica de aquel, a partir del momento en que reciba el oficio por el cual se le solicite el cumplimiento de esta ejecutoria, restando treinta horas al plazo constitucional, que habían corrido de las cuatro horas del veintiuno de abril de dos mil quince, en que fue puesto a su disposición, hasta las diez horas del día siguiente, en que tomó la declaración preparatoria del justiciable, es decir, dentro del plazo de cuarenta y dos horas resolverá la situación jurídica del inculpado; en reparación de las garantías constitucionales vulneradas ordenará la ratificación de los dictámenes de levantamiento de cadáver y de necropsia, practicados sobre el occiso Gabriel Gómez Torres, el primero, signado por el perito Dennis Alberto Priego Jiménez, y el segundo, por Adriana de la Cruz Álvarez y Efrén Iniesta Colín, identificados CSMF/15815/2015 y CSMF/15817/2015 (sic), de diecinueve de abril de dos mil quince (fojas 127 a 133), que fueron ponderados en la resolución reclamada; en el entendido de que la imposibilidad que exista para desahogar las probanzas de referencia dentro del plazo constitucional ampliado, de ninguna forma suspende, amplía, ni interrumpe dicho plazo. 3. Una vez ratificados los dictámenes o constatada la imposibilidad que exista para ello, dentro de ese plazo constitucional, con plenitud de jurisdicción, emita la resolución que conforme a derecho resulte procedente." Glósese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar y realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector, otorgado a la parte quejosa, para los efectos arriba precisados. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado se le impondrá, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por cien $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente; al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal oficiante, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por tanto, hágase devolución a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco del toca penal 269/2015-II de su índice y duplicado de la causa penal 39/2015 del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro Tabasco, que envió en apoyo a su informe justificado, mismos que obran por cuerda separada. Para el debido cumplimiento de lo expuesto, remítase copia autorizada de la ejecutoria remitida por el Tribunal de Alzada. Finalmente, se solicita el acuse de recibo relativo a las citadas constancias.
- Principal
MESA 4.- NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTICUOOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, Y SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA Y HORA CELEBRADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
MESA 4.- SÚMESE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO SIGNADO POR LA JUEZA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PARAÍSO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL DEVUELVE DILIGENCIADO EL DESPACHO 403/2016-4, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
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