Fernando Peñaloza Quiterio y Otros.
Expediente 881/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Fernando Peñaloza Quiterio y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se DECLARA SIN MATERIA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el expediente principal es conservable, no obran documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y anexos que acompaña, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, remite copia autorizada del acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 413/2012. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y con el diverso ******************** y anexos, córrase traslado y dese vista a las partes, por el término de TRES DÍAS para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, esta juzgadora se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexo signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos remite copia autorizada del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral 413/2012. Al respecto, la autoridad responsable refiere que la parte demandada exhibió un cheque por el monto de $4, 239.00 (cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N) a nombre del actor aquí quejoso en cumplimiento al laudo. Sin embargo, de autos se advierte que el monto al que fue condenada la parte demandada es por la cantidad de $44, 238.10 (cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos 10/100 M.N), y no por el monto que menciona en el oficio de cuenta ($4, 239.00). Por tanto, se requiere a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copia certificada del cheque exhibido por la parte demandada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las doce horas del once de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 881/2023-D, promovido por Fernando Peñaloza Quiterio, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, en audiencia pública la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Alfonso Ruiz Quintana, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia sin la asistencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos (que obran tanto en el expediente físico como en el electrónico), entre las cuales destacan de manera preponderante, las siguientes: No. Constancias: 1 Escrito de demanda y anexos. 2 Auto admisorio 3 Intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Asimismo, el Secretario da cuenta a la Jueza de Distrito con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y anexos, con los cuales se dio vista a las partes, y que se relacionan en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable: Sentido del informe: 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO Acepta Foja 65 2 CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO Omisa 3 GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO Niega Fojas 39 a 58 4 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. Niega Fojas 32 a 36 Asimismo, se hace constar que la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero, fue omisa en rendir su informe previo, toda vez que se notificó el veintiocho de agosto de la presente anualidad, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra agregado en autos. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Periodo probatorio. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa y autoridades responsables ofrecieron las siguientes: No. Parte oferente: Pruebas: 1 Parte quejosa. Documental 2 Autoridades responsables Documental La Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten tales pruebas, las cuales se desahogan en este preciso instante, en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este periodo. Acto continuo, el Secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Atenta a la anterior certificación, se concluye el periodo de pruebas y se continúa con el de alegatos. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. La Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la Jueza para dictar sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 881/2023-D, promovido por Fernando Peñaloza Quiterio, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y otras autoridades; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía electrónica el veinticuatro de junio de dos mil veintitrés en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación, remitida el veintiséis de ese mes y año por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Fernando Peñaloza Quiterio, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: - - - Al TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO - - - GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUERRERO (EN SU CARÁCTER DE VINCULADA AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO) - - - CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO (EN SU CARÁCTER DE VINCULADA AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO) - - - SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO (EN SU CARÁCTER DE VINCULADA AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO)" "IV.- ACTO RECLAMADO: A la primera responsable se reclama: LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MEDIDA DE APREMIO A LAS VINCULADAS AL NO HABER CUMPLIDO EL LAUDO y DICTAR LAS MEDIDAS EFICACES Y FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN A SEGUIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, SIN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. - - - A la segunda, tercera y cuarta responsables se reclama: LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DE CUMPLIR EL LAUDO, EN LOS TÉRMINOS EN QUE LE FUE REQUERIDA POR LA PRIMERA RESPONSABLE." SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto se reclama a unas autoridades responsables cuya sede se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados deben fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama: De la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo. La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en donde solicitó hacer efectiva la medida de apremio a la Gobernadora del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado por no haber cumplido el laudo emitido en el juicio laboral. De la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del mismo Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado: La omisión de cumplir el laudo en los términos en que le fue requerida por la presidenta responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado (i). Es inexistente el acto relativo a la omisión de dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo por ser genérico. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado se Guerrero, prevén lo siguiente: "Artículo 74.- Prescriben en dos años: I.- Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados. II.- Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos, con motivo de un riesgo profesional realizado para reclamar la indemnización correspondiente. III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución." "Artículo 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." Del análisis en conjunto de las normas jurídicas trascritas, es factible considerar que, si bien la primera actuación para ejecutar el laudo es oficiosa; también lo es que las subsecuentes requieren de la intervención necesaria del ejecutante, porque en caso de no hacerlo, puede operar la prescripción una vez transcurrido el plazo de dos años, al evidenciar su falta de interés. Así, se estima que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Luego, con base en lo antes expuesto y considerando además que para la ejecución del laudo se requiere indefectiblemente la solicitud expresa del ejecutante, pues el derecho a la ejecución de la condena está sujeto al término prescriptivo que marca el artículo 74, fracción III, de la Ley 51 señalada; se concluye que el impulso procesal para lograr la ejecución del laudo atañe de manera exclusiva a la parte que hubiere obtenido laudo favorable. En ese sentido, no puede existir el acto genérico que reclama el quejoso consistente en "la omisión de dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo", por no ser factible tener como tal, reclamos genéricos, sino concretos, situados en el momento procesal en que se encuentre el juicio, es decir, el acto que reclama debe existir cuando el quejoso promueva su demanda de amparo. Por ejemplo: una orden, auto, diligencia o requerimiento [fecha] que debe realizarse a petición de la parte actora. Es aplicable la jurisprudencia 15/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2000011, que señala: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo relativo al acto reclamado (i). CUARTO. Certeza de los actos reclamados restantes. Se tienen por cierto los actos reclamados de la presidenta laboral debido a que de las constancias relativas al expediente laboral 413/2012, se advierte que fue omisa en analizar lo solicitado por el quejoso en el escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés. En cuanto a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del mismo Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado se aprecia que el nueve de enero de dos mil veintitrés la presidenta laboral las vinculó al cumplimiento del laudo y el mismo no ha sido cumplido (fojas 3 a 5, del legajo de pruebas), por tanto, se tiene por cierto el acto que se les reclama. Actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, en relación a la omisión de cumplir el laudo reclamada de la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado (acto reclamado iii), no es factible analizarlo en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos trascritos se advierte que la misma norma indica, que se entiende por autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia, que el acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden púbico y del interés social, caracterizadas por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad), en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias suscitadas entre las partes). Encuentra aplicación la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Con base en tales premisas se advierte que la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, dado que por sí mismas no pueden crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique a las personas impetrantes en su esfera de legalidad, ya que su actuación se limita a auxiliar a la autoridad laboral rectora del procedimiento con el objeto de lograr la materialización del laudo condenatorio. Es decir, solamente ejercen facultades propias de administración, pero ninguna de esas facultades permite en el caso a dichas autoridades, incurrir con carácter imperativo y coercitivo en la esfera jurídica particular de los impetrantes del amparo. Además, el propio tribunal laboral tiene a su alcance los mecanismos legales para hacer valer sus determinaciones, al igual que el actor aquí quejoso tienen la vía expedita para instar al tribunal los medios legales a fin de vencer dicha contumacia en que han incurrido las autoridades que señaló como responsables, para cumplir cabalmente con el laudo dictado en el juicio laboral de origen. Sin pasar desapercibido que, el cumplimiento y ejecución de los laudos es de observancia e interés público, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, la participación de las autoridades como vinculadas, sólo se limita a efectuar las gestiones que expresamente le sean requeridas por el tribunal rector del procedimiento laboral, es decir, no actúan de propia autoridad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas que afecten o beneficien a las partes en el juicio, esto es, sólo intervienen como auxiliares de la autoridad laboral para lograr la ejecución del laudo. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J.38/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro: 173100, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." En ese contexto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la omisión reclamada de la Gobernadora del Estado de Guerrero, Congreso del mismo Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado (acto reclamado iii), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No existe una diversa causal de improcedencia que se actualice, por tanto, se procede el análisis del acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo (acto reclamado ii). Los conceptos de violación expresados por el promovente se tienen por reproducidos, en aras de economía procesal, aunado a que en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos. Por lo anterior, a consideración de esta potestad, resulta fundado el concepto de violación vertido por la parte quejosa (omitir dictar las medidas eficaces para el cumplimiento del laudo), atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución Federal prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunal expeditos para impartirla en los que fijen las leyes, emitiendo su manera pronta, completa e imparcial. De tal norma jurídica se aprecia que la garantía de acceso a la administración de justicia consiste en: El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del Estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. La obligación por parte de los tribunales jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver controversias que ante ellos se diriman. Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse de manera pronta, es decir, dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. Cabe mencionar que la pretensión del Constituyente, al establecer como obligación inexcusable de las autoridades encargadas de impartir justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia, o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquella. El incumplir con una justicia pronta se manifiesta a través de dos vertientes: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio y la tramitación del procedimiento respectivo. En razón de lo anterior, basta que el retardo u omisión anotado, se prolonguen más allá de los términos y plazos legales previstos para la tramitación y solución del juicio o procedimientos respectivos, para así actualizar la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución del resultado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Por su parte, el artículo 91 de la Ley Burocrática 51 del Estado de Guerrero, aplicable al caso, previene lo siguiente: "ARTICULO 91. Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento." Dicho artículo señala que todos los términos serán de tres días. Entonces, si la autoridad responsable omite sujetarse al término de tres días y además se acredita que existe una abierta dilación o paralización en el procedimiento de ejecución, es evidente que esa conducta vulnera el derecho humano de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, de las constancias del juicio laboral de origen se advierte que por escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en donde solicitó hacer efectiva la medida de apremio a las autoridades vinculadas por no haber cumplido el laudo emitido en el juicio laboral. Sin que exista constancia de que la autoridad responsable hubiere dado respuesta a ese escrito. De ahí que la autoridad laboral ha provocado una dilación en el procedimiento, en virtud que desde el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, a la fecha de la emisión de la presente sentencia, la autoridad responsable no ha acreditado haber dado respuesta a la solicitud del quejoso, lo que implica un mayor retraso de más de cuatro meses. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable vulnera el contenido del artículo 17 de la Constitucional porque su conducta provoca la dilación del cumplimiento de la ejecución del laudo. En las narradas circunstancias, al resultar fundado el concepto de violación de la parte quejosa se concede el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa, para el efecto de que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: Con libertad de jurisdicción acuerde el escrito presentado por la parte quejosa el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el juicio laboral 413/2012. OCTAVO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Fernando Peñaloza Quiterio, contra el acto reclamado de las autoridades responsables como fueron señaladas en el considerando segundo, conforme a lo expuesto en los diversos tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fernando Peñaloza Quiterio, contra el actos reclamado de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por las razones expuestas en el considerando sexto, para los efectos precisados en el diverso séptimo de la presente sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el licenciado Alfonso Ruiz Quintana. Doy fe.
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