Fernando Peña Macías

Expediente 1267/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1267/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Fernando Peña Macías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que este expediente se encuentra concluido, y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó el amparo y protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que se negó el Amparo y protección de la Justica Federal solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Glósese el cuaderno de suspensión y realícense las anotaciones conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas con dos minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1267/2022-II, promovido por **********, por derecho propio, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado que obra en autos. Periodo de pruebas. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la presuncional legal y humana, así como las documentales a que hace mención en su demanda de amparo, de las autoridades responsables las que allegaron su informe justificado. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1267/2022-II; y, R E S U L T A N D O: I. ************, por derecho propio, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades. II. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda de trato bajo el número de expediente 1267/2022-II, y una vez atendidas las prevenciones ahí formuladas, se admitió a trámite en auto de diecisiete de noviembre del año en curso; se solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 1º, fracción V, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del territorio en el cual este órgano federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en: - El emplazamiento practicado en el expediente laboral J.5/479/2017, así como todas las actuaciones posteriores a dicha diligencia, incluido el laudo dictado el diecisiete de febrero del dos mil veintidós. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Presidente, Integrantes y Actuario pertenecientes a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán-Texcoco, dado que, al rendir su informe justificado así lo expresaron; manifestaciones que resultan suficientes para acreditar su certeza. Afirmación que se encuentra robustecida con el anexo que remitió en sustento a la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en copia certificada del juicio laboral J.5/479/2017. Documentales que por ser públicas hacen prueba plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Bajo ese contexto, es que se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. No habiéndose invocado causa de improcedencia, ni de oficio advierte este órgano de control constitucional la existencia de alguna, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Hecha la anterior precisión, se atienden los motivos de desacuerdo formulados por el promovente del amparo a manera de conceptos de violación, en los que aduce, en esencia, lo siguiente: La autoridad responsable ejecutora violenta en su perjuicio las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al aplicar de manera inexactas los artículos 17, 712, 739, 740 y 743 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que la diligencia de emplazamiento practicada a la parte quejosa dentro del expediente laboral de origen, no se realizó en el domicilio en el que habita el quejoso, si no en domicilio diverso al que realmente habita y ocupa el quejoso. La inexacta aplicación de los arábigos 741 al 744 de la Ley Federal del Trabajo, así como las reglas que rigen las notificaciones en materia laboral, traducido en la falta de cercioramiento por parte del notificador en cuestión, en razón a que la parte quejosa laborara, habitara o tuviera su domicilio o principal asiento de negocios en el domicilio en que realizó las diligencias de emplazamiento, lo cual constituye de igual manera una violación a la fracción I, del artículo 873 de la citada legislación adjetiva en materia del trabajo. El actuar del Actuario responsable no cumple con el supuesto normativo señalado en el artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que la notificación practicada en razón al laudo emitido el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, no fue efectuada en el domicilio del quejoso. Los conceptos de violación, resultan infundados, por lo siguiente: En efecto, el artículo 14 constitucional, que dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". El derecho de audiencia establecido en el texto constitucional transcrito, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendidas como las necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que se traducen en los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; y 4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 200234, de título, subtítulo siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Así, el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional destinado a hacer saber al demandado la existencia del procedimiento que se ha iniciado en su contra y la posibilidad legal que tiene de acudir a éste, contestando lo que a su interés legal convenga; de tal suerte, que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Igualmente, es importante destacar que el citatorio constituye un medio de comunicación procesal por el que se llama a una persona o personas determinadas para que se presenten en un lugar, en día y hora específicos, que se les señale, para realizar una diligencia o tomar conocimiento de alguna resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses; así, al realizarse la diligencia de emplazamiento, necesariamente deben cumplirse las formalidades que la ley de la materia establezca para llevar a cabo ese acto judicial. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho fundamental de audiencia, consagrado en el precepto transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra, como se dijo, la notificación del inicio del procedimiento, ya que de no cumplirse con ellas se infringiría el aludido derecho de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Así, la diligencia de emplazamiento debe satisfacer una serie de requisitos y formalidades según la ley que rija el procedimiento, ya que su inobservancia produce la ineficiencia de las actuaciones e impide que éstas surtan sus efectos, toda vez que ese incumplimiento, hace imposible que se tenga por acreditado plenamente, que las partes interesadas pudieron ser conocedoras de la existencia del juicio y por lo tanto, que estuvieron en aptitud de defender sus derechos aportando las pruebas correspondientes y alegar en su defensa, de ahí que la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales resulte violatorio del derecho humano de audiencia. Bajo esta perspectiva, se estima que el emplazamiento reclamado cumplió con las reglas establecidas por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso, que dispone: "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla. III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De la interpretación de la disposición legal en cita, se obtiene que las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local; por su importancia, se deberá hacer personalmente el emplazamiento, al tratarse del primer proveído y auto de radicación; el actuario deberá cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos, si está presente el interesado, se le notificará entregándole copia de la resolución, si no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local. Ahora bien, los requisitos que derivan del estudio de los preceptos legales que debe contener la diligencia de emplazamiento en un juicio laboral, son esencialmente las siguientes: 1. El cercioramiento que el actuario realice de que la persona que va emplazar, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos. 2. Asentar los medios de convicción que tuvo a la vista y que lo llevaron a dicho cercioramiento. En este sentido, es preciso señalar que, en cuanto al domicilio, el actuario debe cumplir con un doble cercioramiento: a) Que el lugar donde se constituye es el señalado en autos para hacer la notificación; y, b) Que en dicho lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que debe ser emplazada, por lo cual los medios de cercioramiento serán distintos para uno y otro aspecto. 3. Si la demandada es una persona moral, el emplazamiento deberá realizarse por conducto de su representante legal a quien, en caso de no encontrarse, el funcionario entenderá la diligencia con la persona que se encuentre en la fuente de trabajo. En ese contexto, de las constancias relativas al emplazamiento de la aquí quejosa, se considera que dicha diligencia cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo aplicable y, por tanto, cubre las formalidades esenciales que exige el artículo 14 Constitucional. Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten las diligencias de citación y emplazamiento cuestionadas; las cuales se insertan a continuación en imagen: Del examen de las anteriores constancias, se aprecia que contrario a lo que la quejosa refiere, la autoridad responsable cumplió con lo establecido por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el actuario adscrito a la Junta responsable se cercioró que el domicilio en el cual se constituyó, esto es, el ubicado en Calle Gardenias y Rosas, Manzana 5, Lote 1, Colonia Ejercito del Trabajo III, C.P. 55298, Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México, es el de la parte demandada, por tanto, dejó el citatorio respectivo, después de lo cual, procedió a emplazar al demandado en el domicilio citado por la parte actora aquí tercera interesada en su demanda inicial, lo que evidencia lo infundado del argumento en el sentido de que no se cercioró que en ese domicilio habita, trabaja o tiene su domicilio la demandada, ya que en las diligencias de tres y cuatro de abril de dos mil diecinueve, hizo mención de los elementos que tomó en consideración para tal efecto (Municipio, Colonia, calle, placas oficiales e informe de vecinos). Además, en términos de lo establecido por el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que el trabajador no está obligado a conocer con exactitud el nombre del patrón o la denominación o razón social del lugar de trabajo, ya que es suficiente que precise el domicilio donde ésta se encuentre, dicho numeral es del tenor siguiente: "Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador." Por tanto, el legislador expresamente dispuso que para que el trabajador esté en posibilidad de reclamar sus derechos, basta que precise cuando menos la ubicación de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta sus servicios y la actividad a que se dedica el patrón. Así, se entiende que el domicilio en el que se llevó a cabo el emplazamiento de la quejosa fue señalado por la parte actora como aquel en que fue contratada y el último en el que prestó sus servicios como trabajadora, lo cual es ajustado a derecho de conformidad con lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que la parte actora deberá señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el último lugar donde prestó sus servicios. De ello, se insiste, el funcionario público dio cumplimiento a lo anterior al asentar en su razón actuarial lo siguiente: ".Y CERCIORADO DE QUE ES EL DOMICILIO CORRECTO POR ASÍ INDICARLO EL NOMBRE DE LA CALLE, COLONIA Y MUNICIPIO VISIBLES EN PLACAS OFICIALES, UBICADAS EN LAS ESQUINAS POR DONDE TRANSITO, DE IGUAL FORMA POR INFORMES DE VECINOS DEL LUGAR, Y POR INFORMACIÓN EXPRESA QUE SE RECIBE DE QUIEN ME ATIENDE Y COMPARECE ANTE EL SUSCRITO, PERSONA QUÉ ME INFORMO LO ANTERIOR YA QUE ME HA MANIFESTADO QUE LOS DEMANDADOS FÍSICOS ACUDEN A ESTE DOMICILIO DE FORMA COTIDIANA A DESEMPEÑAR SUS LABORES Y QUIEN MANIFIESTA LLAMARSE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: BERENICE PINEDA QUIEN SE OSTENTA COMO EMPLEADA EN EL DOMICILIO EN EL QUE SE ACTÚA, ANTE QUIEN ME IDENTIFICO CON GAFETE OFICIAL VIGENTE Y CON FOTOGRAFÍA, EXPEDIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE ME ACREDITA COMO ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO, Y SOLICITO HAGA LO PROPIO MANISTANDO QUE NO CUENTA CON DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL PARA HACERLO, POR LO QUE PROCEDO A DAR SU MEDIA FILIACIÓN: SER DEL SEXO FEMENINO DE APROXIMADAMENTE 35 AÑOS DE EDAD, DE 1.65 METROS DE ESTATURA, TEZ MORENA, COMPLEXIÓN DELGADA, FRENTE AMPLIA, CARA REDONDA, CABELLO CASTAÑO, CEJA POBLADA, NARIZ ANCHA SIN DEMÁS SEÑAS PARTICULARES A LA VISTA; ACTO SEGUIDO LE HAGO SABER EL MOTIVO DE MI PRESENCIA MEDIANTE LECTURA EN VOZ ALTA DEL ACUERDO ANTES CITADO QUE SE DILIGENCIA, LE REQUIERO LA PRESENCIA DE LA PARTE DEMANDADA: FERNANDO PEÑA MACÍAS, FERNANDO PEÑA CASTRO Y QUIEN RESULTE RESPORSABLEAS PROPIETARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO DEL NOMBRE COMERCIAL "PERFILES PLÁSTICOS PEÑA" CONTESTANDO LA PERSONA COMPARECIENTE Y QUE ME ATIENDE QUE EN ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA EL PRINCIPAL CENTRO DE ACTIVIDADES DE FERNANDO PEÑA MACÍAS, FERNANDO PEÑA CASTRO, PERO NO SE ENCUENTRAN PRESENTES EN ESTE MOMENTO E IGNORA LA HORA EN QUE PUEDA LOCALIZARLO, EN CONSECUENCIA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 743 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CUYO TEXTO ES DEL TENOR SIGUIENTE." Por lo anterior, se advierte que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, el actuario se cercioró de que se constituía en el lugar correcto, por lo que cumplió con el primero de los requisitos establecidos por el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para la realización de las notificaciones personales, en este caso, del emplazamiento, consistente en que el actuario se cerciore de que la persona que debe ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. Cabe mencionar, que el actuario refirió no haber encontrado al demandado, en la primer ocasión en que se constituyó en el domicilio proporcionado en autos, por lo cual dejó el citatorio correspondiente, tal como lo prevé la fracción III del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, requiriéndolo por conducto de la persona con quien entendió la actuación, para que se sirviera esperarlo al día siguiente hábil, dado que refirió, que por el momento no se encontraba el buscado; por lo que, como se dijo, el funcionario público procedió a dejar el citatorio correspondiente y fijó las trece horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, para que lo esperara. De esa manera, se insiste, contrario a lo referido por el quejoso, el actuario responsable cumplió con lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, al no encontrar al demandado en la primera ocasión, dejó el citatorio correspondiente y al no haber sido esperado en la fecha y hora indicadas procedió a entender la diligencia con quien se encontrara presente. Máxime, que el emplazamiento se realizó en el mismo domicilio en que se practicó la notificación del laudo emitido el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, esto es, el ubicado en Calle Gardenias y Rosas, Manzana 5, Lote 1, Colonia Ejercito del Trabajo III, C.P. 55298, Municipio de Ecatepec de Morelos Estado de México, siendo que en su escrito de demanda, manifiesta que con fecha tres de octubre de dos mil veintidós le fue entregada copia del mismo, por conducto de su hijo de nombre Fernando Peña Castro, quien le refiere que uno de sus vecinos se lo entregó pues una persona lo había dejado bajo la puerta de acceso a su domicilio, sin embargo, el accionante es omiso en precisar el nombre de la persona la cual le entrego dicho documento o el domicilio del mismo, en el cual dice fue puesto debajo de la puerta la copia del laudo en cuestión. Sentado lo anterior y analizadas las constancias que integran el proceso laboral de origen, específicamente el citatorio de tres de abril de dos mil diecinueve y cédula de notificación de cuatro del mismo mes y año, se concluye que el proceder del actuario adscrito a la Junta responsable se ajustó al marco normativo que rige el emplazamiento en procedimientos del orden laboral. No es óbice para concluir lo anterior, que se alegue que el actuario debió aportar más elementos para comprobar el cercioramiento y que debió asegurarse, de que la persona con la que entendió la diligencia habitara, trabajara o tuviera su domicilio en el lugar indicado en autos. Lo anterior, porque el numeral 743 invocado, no prevé la obligación de especificar esos datos; además, los relativos a la calle, manzana, número, colonia, son de naturaleza pública y por ende, susceptibles de percepción a través de los sentidos, en especial el de la vista; en consecuencia, es factible que mediante ella el fedatario se hubiera cerciorado de tales elementos, incluso, los corroboró con el informe de la persona con la cual entendió la diligencia. Por tanto, no era indispensable que se hubiera apoyado en otros medios, como la quejosa menciona, sobre todo considerando que el actuario tiene fe pública y así, sus actuaciones merecen valor pleno, sin que en la especie se hubiera desvirtuado. Al efecto, se invoca la jurisprudencia VI.2o. J/153, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Octava Época, registro electrónico 221249, de título, subtítulo y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Tampoco, es obstáculo para estimar legal la diligencia actuarial, que el fedatario no hubiera solicitado a la persona con la que atendió la diligencia, que acreditara ser empleado de la parte quejosa; toda vez que en términos del artículo 743 aludido, el actuario no estaba obligado a exigir dichos requisitos, lo cual es acorde con la jurisprudencia 2a/J.162/2004, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 180149, de título, subtítulo y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONACON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR." En este orden, aun cuando de acuerdo con la jurisprudencia 2ª/J.9/99 de la Segunda Sala mencionada, publicada con el rubro "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE 'POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA' PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO.", sin embargo, en la especie se estima que el domicilio en el que se produjo el emplazamiento a la quejosa, es el que corresponde a la fuente de trabajo, pues así lo afirmó la persona con la cual se entendió la diligencia; sin que tal acontecimiento haya sido desvirtuado con argumentos lógicos y jurídicos, por lo que debe prevalecer para constatar la legalidad de la citación al juicio. Por consiguiente, es evidente que el fedatario se aseguró de haberse constituido en el domicilio correcto y que correspondía al inmueble donde el peticionario podía ser emplazado, en los términos de su razón del tres de abril de dos mil diecinueve, lo que resulta legal, porque como ya se puntualizó, los datos mencionados en esa diligencia, revelaron el haberse cerciorado de tales extremos. Derivado de lo expuesto, es irrelevante el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que el actuario, no se cercioró de que la persona que atendió la diligencia, tuviese el carácter de empleado del demandado, para determinar que quien buscaba tenía su domicilio en el lugar que se constituyó, porque los elementos citados demuestran lo contrario y porque, la ley sólo exige que cuando no se espere al fedatario, la diligencia se llevara a cabo con quien se encuentre en ese lugar y que en la especie, ello así aconteció. Sin que pase por desapercibida la copia de la credencial para votar que como prueba acompañó a su escrito de demanda, a fin de probar el domicilio en el cual habita, sin embargo a simple vista se advierte que la misma refiere a Fernando Peña Castro, persona diferente a quien insta esta acción constitucional, puesto que el aquí accionante del amparo resulta ser Fernando Peña Macías. En razón de lo anterior, acorde a los elementos aportados en autos, no hay constancia objetiva de la cual se advierta la ilegalidad que se atribuye al emplazamiento cuestionado y por tanto, es evidente que el quejosa estuvo en aptitud de comparecer a la contienda de origen, por lo que al no hacerlo, solo le es imputable y no puede prevalerse de ello. En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal, a Fernando Peña Macías, contra actos que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades. Sin que pase desapercibido que, si bien acude a esta instancia constitucional reclamando todo lo actuado en el juicio laboral J.5/479/2017, incluyendo el laudo emitido por la junta responsable, lo cierto es que sobre este último, es decir, el laudo condenatorio de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la parte quejosa no formuló conceptos de violación donde se advierta una real intención del quejoso en reclamarlo por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. Razón por la cual, atendiendo a la causa de pedir, el suscrito juzgador considera que no se actualiza el supuesto de la "jurisdicción escalonada", esto es así, en razón de que como se ha resuelto, la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***********, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese mediante lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase al quejoso **********, solicitando copias simples del presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, expídase a su costa las copias simples que solicita de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y entréguense previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por conducto de la persona autorizada para tal efecto. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que la expedición de las copias que solicitó, está sujeta a que el servicio de fotocopiado al público en el edificio sede de este Juzgado, se encuentre trabajando. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

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