Fernando Palomino Hernández

Expediente 770/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
770/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Fernando Palomino Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada por ese Tribunal Colegiado en sesión virtual celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, relativa al conflicto competencial 13/2020, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl y éste Juzgado Décimo de Distrito; de la que se advierte resolvió: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, y el JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. SEGUNDO. Se declara la competencia legal a favor del JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, para continuar con el conocimiento del juicio de amparo de origen." En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar en este asunto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, artículo 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;" En este sentido, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL, ES SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, toda vez que este Juzgado Federal, no aceptó la competencia declinada. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, a través del cual comunica el proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, del que se advierte que ese Tribunal Colegiado admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre ese órgano federal y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para conocer de la demanda de amparo promovida por --------. Asimismo, de la misiva de cuenta se observa que se registró el asunto con el número de conflicto competencial 13/2020-III, de lo que se se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual informa el contenido del proveído de seis de noviembre del presente año, emitido en el juicio de amparo 673/2020-V-A, de su índice, del que se advierte que tuvo por recibidos los autos originales que este juzgado le devolvió e insiste en declinar competencia a este juzgado federal en relación a la demanda de amparo promovida por ------------, por lo que ordenó remitir el asunto al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, a efecto de que resuelva el conflicto competencial planteado por el oficiante. De lo anterior este juzgado federal toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 211, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27/10/2020, QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio electrónico 12750/2020, procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, al cual anexa la demanda promovida por -------, por su propio derecho (en copia simple y sin papeleta de turno), misma que registró ese órgano jurisdiccional con el número de amparo 673/2020; lo anterior, puesto que por acuerdo de veintiséis de agosto pasado, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 770/2020-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal, no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos jueces de distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la ley de la materia, procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la Ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora bien, en lo concerniente a la competencia en materia de amparo, es conveniente invocar como premisa jurídica los ya citados numerales 107, fracción, VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, el 37 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la competencia por territorio de los jueces de Distrito: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" LEY DE AMPARO. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se aprecia, el supuesto constitucional está referido al juicio de amparo indirecto que se promueve contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, del que debe conocer el Juzgado de Distrito "bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse"; de lo cual se desprende la voluntad del Constituyente de atribuir competencia al juez del lugar en donde haya de ejecutarse o se ejecute el acto, lo que implica facilitar al agraviado ocurrir al Juzgado de Distrito del lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa en cada uno de sus párrafos diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se promueva la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior y respetuoso de la determinación adoptada por el Homologo Federal, este juzgado federal no comparte la postura propuesta, en el sentido de que en el caso se da el primero de los supuestos señalados para fijar competencia, esto es, que los actos reclamados se ejecutan dentro de la circunscripción territorial de este juzgado. Para ello debe decirse que el aquí quejoso Fernando Palomino Hernández, reclama: La falta de contestación al escrito de petición de veinticuatro de enero de dos mil veinte, que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), por el que se peticionó tramitar, acordar, resolver y emitir el dictamen de pensión del aquí quejoso, así como el oficio 006, recibido el trece de julio de dos mil veinte, por el que peticionó de manera oficial dictamen de pensión, sin que al momento haya obtenido respuesta, no obstante que a su decir ya transcurrió el termino concedido en ley para ello. Esto es, de lo antes indicado se advierte que en el caso se está ante la presencia de actos de carácter meramente omisivos, carentes hasta este momento de ejecución alguna, de ahí que, a criterio de quien aquí resuelve en el caso debe aplicarse el último de los supuestos de competencia que refiere el citado ordinal 37 de la Ley de Amparo, esto es, será competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. Ello, con independencia de que la Juez Federal declinante refiera que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de la autoridad Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en dar contestación formulada por el quejoso el veinticuatro de enero de dos mil veinte respecto al dictamen de pensión que pretende obtener, asimismo, refiere que debido a que el quejoso tiene su domicilio ubicado en: Calle Rayón, número tres, pueblo de Santa Clara Ocotitla, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55000, por lo que considera que el acto tiene ejecución en la jurisdicción de esté Juzgado de Distrito. Y al efecto el órgano federal oficiante para sustentar su determinación cita la tesis de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO." Sin embargo, se insiste que hasta este momento los actos reclamados por el quejoso, no tienen ejecución alguna, pues los mismos consisten precisamente en la omisión de las responsables en emitir contestación a las peticiones por los que solicitó tramitar, acordar, resolver y emitir el dictamen de pensión, de ahí que si no se ha dado respuesta en relación a la procedencia o no de esa pensión solicitada, no puede tomarse como parámetro para fincar competencia el domicilio del aquí quejoso; por tanto, lo cierto es que hasta este momento se observa que se trata de actos meramente omisivos sin ejecución alguna, y, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Situación que además es acorde con la pretensión de lograr el mayor respeto del derecho de acceso a la justicia, pues el que la parte quejosa presentara su demanda ante ese órgano jurisdiccional, en efecto, genera la presunción de que es porque le resultó de más fácil acceso, materialmente hablando, lo que tomó en cuenta el legislador en ese precepto legal; con la intención de facilitar al gobernado el acceso al servicio de la administración de justicia. Solo resta destacar que en relación a la hipótesis que este Juzgado Federal considera debe aplicar para conocer del asunto, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tal texto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte esa posibilidad. Estableció lo anterior, a efecto de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Empero, al actualizarse tal hipótesis, indicó, que no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Esas consideraciones quedaron establecidas en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, registro 2006529, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, como se destacó, los actos reclamados no requieren ejecución alguna hasta este momento, con independencia de lo que en un futuro pueda promover la parte quejosa, puesto que ello, al no existir en este momento, no puede ser fundamento para la fincar competencia del asunto; por lo que, en términos del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda en comento, debe decidirse en favor del Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, lo que en el caso a estudio aconteció ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl. Aunado a que, se considera que el criterio jurisprudencial señalado por el juez declinante no es aplicable al caso en concreto, pues se refiere a la competencia para conocer de juicio de amparo en el que se reclame la indebida cuantificación de una pensión, puesto que en el asunto se reclama la omisión de dar contestación a la petición de pensión que solicitó el aquí quejoso, de ahí que si a la fecha no existe determinación que la autorice menos puede reclamarse su cuantificación. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento del juzgado oficiante que no se acepta la competencia declinada, y se ordena devolver el juicio de amparo como fue enviado, solicitándole atentamente, se sirva informar la determinación que adopte y envié el acuse de recibo correspondiente. No es desapercibido para lo anterior que la demanda de amparo que obra en el juicio de amparo que se remitió, carezca de firma autógrafa (demanda en copia simple), aunado a que no se agregó la papeleta de turno de ese asunto, por lo que no se puede conocer si así fue presentado; empero, al ser las constancias que se remitieron, es suficiente para emitir la presente determinación. ------------ En otro orden de ideas, en términos del numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle -----------------, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por así haberlo solicitado.--------- Asimismo, en términos del último párrafo del numeral 21, de la ley de la materia, se faculta al fedatario judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente juicio, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al fedatario, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente expediente, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En ese mismo sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando los números telefónicos --------- y ---------, para establecer contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Por otro lado, se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas -------, -------y -------, toda vez que su cédula profesional que los acredita para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que hace a las demás personas que señalan se tienen por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quienes podrán gozar de amplias facultades una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el referido sistema. Además, toda vez que la parte quejosa proporcionó el nombre de usuario SOZH700712HDFTLC02, para acceder a la consulta electrónica del presente expediente; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la utilización de la vía electrónica del presente juicio de amparo, por lo que se comisiona a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice el trámite necesario y habilite dicha función. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración También, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, a saber 5553870500, extensión 1387, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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