Fernando Ortega Neri

Expediente 1092/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1092/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Ortega Neri

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos el oficio y anexo de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, mediante el cual remite la ejecutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso 313/2023, relativo al recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, contra el auto dictado el siete de noviembre de dos mil veintitrés del índice de este juzgado. Acúsese de recibo correspondiente. Ahora bien, del contenido de la ejecutoria se advierte que la superioridad declaró fundado el recurso de queja planteado por el recurrente y revocó la determinación recurrida y en su lugar, negó la suspensión de oficio y de plano, por lo que hace a la falta de atención médica reclamada por la parte quejosa; hágase lo anterior del conocimiento de las partes." Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta población, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesta por la autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, contra el auto de siete de noviembre del año en curso. Recurso que se encuentra registrado con el número 313/2023, de la estadística del tribunal colegiado citado. Notifíquese por lista electrónica."

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se agrega a los autos el oficio de la autoridad responsable Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra la determinación dictada el siete de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, por el cual se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Por ello, en términos del artículo 101, segundo párrafo de la ley de la materia, con carácter urgente notifíquese a las partes este proveído; y, remítase de inmediato el informe sobre la materia de la queja interpuesta al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de ese medio de impugnación, al cual se adjuntará: El original de ese recurso, La certificación en la que se haga constar que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución que integran este juicio; y, 3) Una vez que las partes queden notificadas de este auto, se instruye al actuario adscrito para que, de inmediato integre dichas actuaciones al expediente electrónico. Resulta aplicable, lo considerado en la Jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL." Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe vía estafeta, fax o correo electrónico los oficios correspondientes, que contienen este auto a las autoridades señaladas como responsables. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial A, para que haga disponible el presente expediente, a efecto de que el Tribunal Colegiado que corresponda, realice la vinculación respectiva del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, así como a sus autorizados, atento a lo establecido en autos de nueve y veintidós del actual, y por oficio a las autoridades responsables."

  4. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia de notificación que antecede, se advierte que el quejoso asentó lo siguiente: "No deseo firmar hasta ser asesorado por un licenciado experto en la materia". Por tanto, en atención a que en la diligencia de fecha ocho de este mes (foja 19), el quejoso ***, solicitó que se tuvieran a los licenciados en derecho *** y ***, con cedulas profesionales 11567593 y 13236223, respectivamente (quienes promovieron la demanda de amparo), como sus abogados que lo representen en el presente juicio, quienes señalaron sus respectivos correos electrónicos para ser notificados, lo cual se proveyó en auto de nueve del actual; en tales condiciones, al no estar contemplado dicho medio de notificación en la Ley de Amparo, no es posible notificarlos por esa vía. Por lo anterior, realícese la notificación de este auto, así como el de quince de este mes, y los subsecuentes a dichos autorizados, por lista electrónica. Notifíquese por lista electrónica este auto, el de quince de este mes y los subsecuentes, a los autorizados citados." "INSERCIÓN: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la diligencia que antecede, en atención a su contenido, se provee: Análisis de la demanda de amparo Ahora, es pertinente señalar que el escrito inicial de demanda y los documentos en los que se funde, deben ser analizados en su integridad, a efecto de determinar lo que en derecho corresponda. Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito, se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese contexto, del análisis de la demanda de amparo, conduce a sostener que en el presente asunto se actualiza una causal de improcedencia que por ser indudable y manifiesta impide substanciar el juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, así como las manifestaciones que realizó el quejoso Fernando Ortega Neri, en la diligencia que antecede, se desprende que los actos que reclama en este juicio son: La orden de traslado y sus consecuencias. Falta de atención médica en traumatología, optometría y urología. Segregación al no permitirle tener comunicación con sus familiares los días veinticinco de abril; y, dieciocho de octubre, del año en curso. En ese tenor, por lo que hace a la orden de traslado y sus consecuencias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del precepto en comento, se advierte que la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución o acto proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado. c) Que por virtud de ese medio, la resolución o acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que la suspensión del acto reclamado con motivo de la interposición del recurso, medio de defensa o juicio, tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, y no exija mayores requisitos ni plazos que los contemplados para el otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva. Así, una vez contrastado el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En efecto, el primero de ellos se encuentra satisfecho porque el acto reclamado se atribuye sólo a autoridades administrativas. En cuanto a la segunda y tercera hipótesis, del análisis efectuado a la demanda y cumplimiento a la prevención formulada, se advierte que el quejoso reclama la orden de traslado de un centro penitenciario, sin que existiera un mandamiento judicial que autorizara el mismo. En esa tesitura, cabe precisar que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se complementó la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, ello a través del Juez de Ejecución; asimismo, la referida legislación contempla varios regímenes relacionados con las personas internadas en centros de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de pena. En ese sentido, es de concluir que tratándose de actos inherentes a la vida en internamiento sea por prisión preventiva o ejecución de pena, será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo objeto, de acuerdo a la contradicción de tesis 57/2018, resuelta el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el siguiente: "Objeto. Del contenido del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprecia que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad." Por otra parte, resulta necesario precisar que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece una serie de mecanismos, a efecto de que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, resuelvan las controversias que se susciten, entre otras hipótesis, cuando se encuentren relacionadas con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con el traslado -acto reclamado en la presente instancia constitucional-. En efecto, los artículos 1, fracción II, 4, párrafo sexto, 5, 9, 25, 30, 50 a 53, 57, 116, 117, 120 a 125, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. Así, de la interpretación sistemática de los preceptos antes mencionados, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, regula el procedimiento a seguir para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el recurso de apelación y una controversia judicial para combatir dicho acto. Asimismo, dicha legislación establece tres tipos de traslados y su procedimiento, a saber: Traslados voluntarios; Traslados involuntarios; y, Traslados urgentes (o excepcionales). 1) El traslado voluntario, se encuentra previsto en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; inicia a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país, operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Federal. 2) El traslado involuntario, tanto de procesados como de sentenciados, conforme al artículo 51 de la ley nacional especial, debe ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3) Los traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley de Ejecución, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. En contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado urgente o excepcional, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. Con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, el artículo 116, fracción I, en relación con el numeral 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. En tales condiciones, debido a que el traslado voluntario reclamado por el quejoso, tiene una tramitación especial prevista por la Ley Nacional de Ejecución, es improcedente el juicio de amparo, pues antes de acudir al juicio amparo, el quejoso debe agotar el procedimiento administrativo o controversia judicial, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). Así, es claro que si el quejoso reclama el traslado involuntario, atribuido a una autoridad administrativa, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa -controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual debe agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Máxime, que si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Además, debe precisarse que la suspensión del acto, prevista en los artículos 122 y 124 de la citada ley, no exige mayores requisitos para decretarla, ya que únicamente contemplan que el acto sea considerado urgente, y que la misma sea solicitada por el interno o se advierta de oficio por el juzgador, para que éste se pronuncie y mantenga su vigencia hasta el momento en que resuelva. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el citado acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Resta decir, que el traslado del quejoso a un centro de reclusión, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -dado que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en el capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Como fundamento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En otro orden, respecto del acto reclamado consistente en: Falta de atención médica en traumatología, optometría y urología. Respecto de dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Por su parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura de reclusión, entre las que se encuentran: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio de las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito sin formalidad ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciara dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas, a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, este: Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia antes el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la misión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Aunado a lo anterior, debe decirse que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla peticiones relativas a casos urgentes, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno; casos en los cuales, la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. Por tanto, es evidente que existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, solo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable a los quejosos, en el entendido que, no obstante que los actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento, esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera viene a señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el juez de Control de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; (.)." En consecuencia, es evidente que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia referida, pues la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal respecto de la omisión de brindarle atención médica y no se advierte que haya agotado el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lo obliga a agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el Juez de Ejecución por virtud de los actos reclamados; pues de lo contrario, en cualquier circunstancia, podría acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Es así, debido a que el quejoso debe agotar, previo a las disposiciones de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a obtener la atención que pretende se le otorgue en el Centro de su reclusión, sin que exista limitación en cuanto a la cantidad de veces que puede hacer valer peticiones administrativas o controversias judiciales, como se aprecia de los preceptos que han quedado trascritos. Máxime, que de estimarlo en caso urgente, el quejoso puede acudir directamente ante el juez de Ejecución, sin necesidad de petición administrativa previa. Lo anterior es así, pues con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230, con número de registro 2018548, de rubro y texto siguientes. "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Así como la diversa PC.III.P. J/18 P (10ª.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1701, con registro 2017822, de título y contenido siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." En otro aspecto, en relación al diverso acto consistente en: La segregación al no permitirle tener comunicación con sus familiares los días veinticinco de abril; y, dieciocho de octubre, del año en curso. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable. En efecto, de la manifestación vertida por la parte quejosa, se advierte que dichos actos se consumaron los días veinticinco de abril; y, dieciocho de octubre, del año en curso, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena, atento a lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo dispone su numeral 2°, así como en la tesis que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." De donde se advierte que el acto reclamado ha quedado consumado de modo irreparable, dado que resulta jurídica y materialmente imposible retrotraer el tiempo a fin de restituirle al quejoso esos días en que refiere no mantuvo comunicación con sus familiares. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Novena Época, Registro: 171537, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 171/2007, Página: 423 "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." De ahí que, ante la actualización de las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por ******************** Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Notificación al quejoso NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN."

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