Fernando Onofre Polvo
Expediente 723/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Fernando Onofre Polvo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 99 a 115), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que la parte promovente nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 99 a 115), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución billetes de depósito al no obrar éstos en autos. ...
- Principal
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Fernando Onofre Polvo, el contenido de la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Onofre Polvo por los motivos señalados en el punto VI de esta resolución.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Fernando Onofre Polvo; en atención a su contenido con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza respecto al informe rendido por el Agente Auxiliar del Ministerio Público de Tlaltelulco, Tlaxcala, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa procesal correspondiente. Asimismo, en el escrito de mérito el quejoso manifiesta objetar en cuanto a su contendido y valor probatorio la documental que fue anexada al informe rendido por el Agente Auxiliar del Ministerio Público de Tlaltelulco, Tlaxcala, al efecto dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad la objeción que plantea, toda vez que únicamente se pueden refutar los informes justificados, en cuanto a la configuración externa de los mismos, sin que comprenda lo que encierran, es decir, su contenido, es decir, la pretensión de desvirtuar un documento no puede referirse a lo manifestado en él, sino solo a su autenticidad, esto es, al cumplimiento de los requisitos de forma que el mismo debe tener, entre ellos, las firmas y sellos correspondientes, la fecha de su emisión, etcétera; de ahí que al plantear la objeción respecto de dicha documental la misma resulta improcedente. Por otra parte, debe decirse que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. ... En lo que respecta a su petición de dar vista al Agente del Ministerio Público de la Adscripción, a fin de que inicie la investigación correspondiente, en contra de la autoridad responsable ya que objeta el acta número 225/2017 levantada por comparecencia del hoy tercero interesado Ponciano Zamora Rosete, en fecha treinta de julio de dos mil diecisiete, en virtud de que considera que ésta fue levantada en fecha posterior a la ahí asentada y con el fin de justificar las invitaciones para mediar, que envió la autoridad responsable -acto reclamado-, por lo que ante tal sospecha, solicita se de vista correspondiente, para que se analicen las manifestaciones que hace en relación al acta señalada y de considerarlo proceda a actuar bajo sus facultades si considera que pudiera cometerse algún delito con tal actuar. A lo anterior, debe decirse que atendiendo a la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que estableció que los juzgadores de amparo deben ordenar dar vista al Ministerio Público Federal, ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la ley de la materia; sin embargo, en el caso nos encontramos ante un supuesto que no encuadra dentro de los contenidos en dicho numeral, esto es, no le atribuye al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, alguna conducta que tenga relación con el citado numeral, la que sería con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, o que en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Ahora bien, en el caso, lo que está objetando la parte quejosa, es una constancia de hechos levantada por la autoridad responsable en uso de las facultades que la ley le confiere, sin que en el caso, se trate de hechos manifestados por el quejoso o su autorizado, con el fin de obtener alguna ventaja procesal indebida o que afirme hechos falsos en su demanda de amparo u omita los que le consten en relación con el acto reclamado o que el tercero interesado presente testigos o documentos falsos. Por lo anterior, al no encuadrar la conducta a que hace referencia el quejoso, en su escrito de cuenta, es que no ha lugar a dar vista al ministerio público de la adscripción con dichas manifestaciones; sin embargo, se reserva dar la vista correspondiente a la autoridad ministerial por hechos probablemente constitutivos de delito, si durante la tramitación del juicio del juicio constitucional se presenta alguno de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo. ...
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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