Fernando Olvera Díaz
Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/10/2023
Partes del expediente
- Fernando Olvera Díaz
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que en el término de cinco días, diera cumplimiento a los puntos ahí señalados, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendría por no presentada su demanda de amparo. Determinación que se notificó por de manera personal el veintisiete de septiembre de julio del año en curso; la cual, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo, surtió efectos el día hábil siguiente; de modo que, se tiene que el término de cinco días otorgado para desahogar la prevención formulada en autos transcurrió del veintinueve de septiembre al cinco de octubre de dos mil veintitrés, descontándose, al efecto, los días treinta de septiembre y uno de octubre del mismo año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia. No obstante, como se advierte de la consulta realizada en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no obra registro de que se presentara promoción alguna tendiente a cumplir con lo instruido. II. Se hace efectivo apercibimiento. Atento a ello, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado. III. Captura de proveído. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda aparentemente promovida por los menores de edad de iniciales ******************** y ********************, por propio derecho. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el consecutivo 1224/2023. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Protección identidad de menor de edad. Debe precisarse que, toda vez que el presente juicio es promovido por menores de edad, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquella, hágase a través de sus iniciales de nombre y apellidos ******************** y ********************; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). V. Formatos de lectura fácil Como lo solicita la parte quejosa y tomando en consideración que se trata de niños de ******************** años de edad, se ordena implementar como ajuste de procedimiento, la utilización de formatos de lectura fácil que permitan garantizar su derecho de acceso a la justicia en su dimensión comunicacional. Debido a ello, tales formatos se realizarán con un lenguaje simple y directo, en el que se eviten los tecnicismos y los conceptos abstractos. En el entendido de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que dichos formatos no sustituyen la estructura "tradicional" de las actuaciones judiciales, sino que se trata de un complemento de estos. VI. Cuestión previa. Ahora, previo a proveer respecto a la admisibilidad de la demanda de cuenta, debe precisarse que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de analizar de forma integral las demandas de amparo que se les presenten y, en caso de que existieren deficiencias, irregularidades u omisiones, deben mandar prevenir a los promoventes. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 183/2005, con número de registro digital 176329, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." (Énfasis añadido). En tales términos, de conformidad con el mencionado artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional deberá prevenir a la parte promovente cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Por su parte, el artículo 108 del citado ordenamiento dispone que la demanda de amparo indirecto debe señalar lo siguiente: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y Los conceptos de violación." Precisado el marco legal anterior, se procede al estudio del caso concreto, en los términos que se exponen a continuación: VII. Caso concreto. De la Clave Única de Registro de Población (CURP) proporcionada por la quejosa se advierte que el presente asunto es promovido por dos menores de edad, los cuales tienen ******************** años de edad, en tanto sus fechas de nacimiento son, respectivamente, el ******************** y ********************. Así también, de la lectura de su escrito inicial se advierte, por lo menos indiciariamente, que los menores quejosos convive con sus progenitores al referir "tengo derecho a una educación adecuada a mi cultura y en concordancia con la creencias de mis padres". Por otro lado, el artículo 8 de la Ley de Amparo, dispone que un menor de edad -como en el caso-, podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo, sin que en el caso de mérito la menor indique si se encuentra en alguno de dichos supuestos y que, por ello, promovió la demanda de amparo que dio origen al presente sumario por propio derecho. Además, según se advierte de la parte final de la demanda, se plasmó autógrafamente el nombre de los quejosos a manera de firma, no obstante, ambos trazos provienen del mismo puño y letra, como se evidencia con la captura de imagen siguiente: Sin que sea obstáculo que la apreciación anterior no se funde en dictamen emitido por especialista en grafoscopía, pues como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 3/2012, los juzgadores son funcionarios que cuentan con experiencia en la apreciación de firmas. VIII. Prevención. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 8º y 108, fracciones II, III, IV y V, del propio ordenamiento; se previene a la parte promovente para que, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Bajo protesta de decir verdad, aclaren: a) Si desconocen quién es su legítimo representante. b) En caso contrario, si su legítimo representante se encuentra ausente. c) Si su legítimo representante tiene algún impedimento para promover en representación de los menores quejosos; y, d) Si su legítimo representante se negó a promover el amparo en su favor. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, indiquen: a) Cuál de los quejosos redactó, con su puño y letra, los nombres escritos al calce de la demanda. Lo anterior, pues como se ha dicho, de los antecedentes narrados en la demanda no es posible dilucidar que se coloquen en alguno de dichos supuestos para dar trámite al escrito inicial, por el contrario, se desprende que los menores sí tienen contacto con sus progenitores y pese a ello, promovieron por propio derecho, sin que indique el impedimento que tienen sus legítimos representantes para promover en representación de aquél. Se estima ilustrativa por las razones que contiene, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1264, del siguiente contenido: "REPRESENTACIÓN DE PERSONA MENOR DE EDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO ÉSTA PROMUEVE LA DEMANDA POR PROPIO DERECHO Y AFIRMA LA EXISTENCIA DE INTERESES DISTINTOS CON SU REPRESENTANTE PROCESAL EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO, DEBE DESIGNARSE UNO DIVERSO. Hechos: Una persona menor de edad promovió demanda de amparo directo por propio derecho, para impugnar la sentencia de apelación derivada de un juicio del orden familiar, en la que se determinó absolver a su progenitor de la pérdida de la patria potestad y se estableció un régimen de convivencia entre ellos. El Tribunal Colegiado de Circuito que recibió la solicitud de amparo advirtió que la infante tenía designada una tutriz dativa especial en el juicio de origen, que ejercía su representación procesal, por lo que requirió a ésta para que interviniera con ese carácter en el juicio constitucional; la tutriz desahogó el requerimiento e hizo suya la demanda, y el órgano colegiado la admitió a trámite teniéndola como promovida por la representante. En la sentencia del juicio de amparo se decretó el sobreseimiento por estimar extemporánea la demanda. En contra de esta determinación la persona menor de edad interpuso amparo directo en revisión también por propio derecho (suscribió directamente el escrito respectivo y plasmó huellas digitales), en el que cuestionó el hecho de que su demanda se considerara promovida por su tutriz dativa especial y que el plazo para instarla se haya contabilizado a partir de que el acto reclamado fue notificado a ésta en el recurso de apelación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aquellos casos en que la demanda de amparo se promueve por una persona menor de edad, por su propio derecho, sosteniendo que existen intereses diferentes con quienes ejercieron su representación procesal en las instancias ordinarias del juicio natural del que deriva el acto reclamado, tal situación exige que en el juicio de amparo se le designe un representante especial distinto. Justificación: Una interpretación extensiva del artículo 8 de la Ley de Amparo, en armonía con el numeral 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, permite colegir que el primero se refiere a una representación procesal especial en suplencia de la representación originaria que corresponde a quienes ejercen la patria potestad o la tutela sustitutiva de ésta, pues sus diversas hipótesis implican la necesidad de sustituir o reemplazar esta última, en protección de la persona menor de edad, para procurar su adecuada defensa en situaciones extraordinarias. En ese sentido, cuando una niña, un niño o un adolescente promueve demanda de amparo por propio derecho y aduce que su representante procesal en el juicio del que emana la resolución impugnada se encuentra en alguna de las hipótesis de ese dispositivo de la ley de la materia porque tiene intereses diferentes a los suyos, el órgano de amparo debe nombrarle un representante especial en suplencia, distinto al asignado en el procedimiento de origen, para efectos del juicio de amparo, pues en tales circunstancias, ante la posibilidad de un conflicto de interés, está presente la necesidad de proporcionarle una representación procesal diversa." En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la propia quejosa y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de ésta, toda vez que el escrito inicial de demanda, así como su aclaración no pueden desvincularse, pues ambos escritos integran la demanda de amparo. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." IX. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que en caso de no cumplir en sus términos con el presente requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta igualmente aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871 del Tomo del mes de marzo de mil novecientos noventa y ********************, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." X. Representante especial. En congruencia con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, se reserva a proveer en relación con la designación hasta en tanto se cumpla la prevención precisada en líneas precedentes. XI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XII. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se le tiene por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ******************** de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ******************** de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos.
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