Fernando Ojeda Gomez

Expediente 584/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
584/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Fernando Ojeda Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio recibido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual acusa de recibo del diverso oficio número 5385, por el que se le informó que n se aceptaba la incompetencia planteada, e informa que en proveído de catorce de julio del año en curso, remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el juicio de amparo 300/2023, al declinar la competencia de nueva cuenta. Como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de seis meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 19 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos, la boleta de turno, signada por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, al que adjunta un oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, remite el juicio de amparo 300/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por el quejoso -, toda vez que en auto de veintiséis de abril último, declaró carecer de competencia para conocer de dicha demanda, al considerar que se actualiza la primera de las hipótesis establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, requiere de ejecución material, esto es, al tratarse de una resolución relacionada con la privación de la libertad del quejoso (en donde se confirmó la determinación emitida por el Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respecto al beneficio penitenciario, en su modalidad de remisión parcial de la pena); por lo que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el centro de reclusión en el que se encuentra interno el quejoso, en el particular, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; asimismo, agrega que con motivo de la resolución de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la determinación emitida por el Juez de Ejecución, en la que se negó el aludido beneficio, es indudable que continuará privado de la libertad, en el lugar de su reclusión, y por ende, dicho acto tiene como sitio de ejecución material, en donde se encuentra interno; por lo que ordenó su envío al Juzgado de Distrito en turno, en esta ciudad, a través de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Órganos Jurisdiccionales, correspondiendo a este Juzgado de Distrito, conocer de dicha demanda de garantías. De tal forma, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VII-584/2023-2. Ahora bien, analizado lo expuesto en el párrafo que antecede, este Juzgado de Distrito, no acepta la competencia planteada, por el Juez declinante. Por tanto, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el Suscrito procede a determinar las razones en las que se basa para no aceptar conocer de la demanda de garantías que se trata. De tal forma, respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado, se debe atender no solo a que éste, por sí mismo, tenga una ejecución material de manera directa o inmediata, si lleva una ejecución implícita, la cual implica analizar la naturaleza del acto reclamado y las consecuencias que produce. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, la parte quejosa reclama la resolución de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que confirmó la determinación emitida por el Juez Primero de Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que le negó el beneficio penitenciario, en su modalidad de remisión parcial de la pena, motivo por el cual, continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; por tanto, si el acto del que se duele la parte quejosa, lleva una ejecución material implícita, en la población de Buenavista Tomatlán, derivado de la naturaleza del acto reclamado, y las consecuencias que produce, esto es, el continuar interno en dicho centro de reclusión; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal, declara carecer de competencia legal, para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por el quejoso -, por su propio derecho, toda vez que ello le compete al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en la ciudad de Uruapan, por ser quien tiene jurisdicción en esa población; por tanto, en base a lo anteriormente expuesto, se ordena devolver la presente demanda de garantías al Juez declinante, a fin de que se sirva proveer lo conducente, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como con la presente determinación. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la Jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal, tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Lo anterior, encuentra apoyo en la Tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTA RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad, en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Asimismo, la diversa Jurisprudencia 4812005, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de epígrafe y contenido: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRAMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley, para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio, y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Asimismo, se invita a las partes, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales, se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro, y de ser necesario, su incorporación al expediente, previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Finalmente, notifíquese por lista el presente proveído, toda vez que la autoridad que conozca del presente asunto, notificará dicho avocamiento de manera personal. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano