FERNANDO o JOSE FERNANDO URTUSASTEGUI HDEZ o HERNANDEZ
Expediente 549/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- FERNANDO o JOSE FERNANDO URTUSASTEGUI HDEZ o HERNANDEZ
Actuaciones
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el cinco de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veintiséis de agosto pasado (fojas 10 a 12), se previno a la parte quejosa la forma siguiente: "Prevenciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, complemente el apartado de antecedentes, debiendo expresar, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: PRIMERO. Señale la fecha en que fue notificado del acto reclamado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor de él. SEGUNDO. Precise el tipo de juicio del que emana el acto reclamado, quiénes son las partes y si el promovente es una de ellas. TERCERO. Manifieste en qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen. CUARTO. En caso de que el juicio del que emana el acto reclamado se encuentre en etapa de ejecución, deberá señalar: a) En qué fase específica se encuentra el procedimiento de ejecución respectivo, y cuáles son las actuaciones que se han verificado en dicha etapa; o b) Si ya se dictó la última resolución en esa etapa precise: cuál fue el sentido y en qué términos; así como la fecha en la que se le notificó, tuvo conocimiento o, bien, se hizo sabedor. Cumplimiento a la prevención. Precisado lo anterior, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Fernando Urtusastegui Hdez, alias Fernando Urtusastegui Hernández, alias José Fernando Urtusastegui Hernández, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención impuesta por acuerdo de veintiséis de agosto pasado (fojas 10 a 12), bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas, aduce: "PRIMERO: En fecha 17 de Octubre de 2014 derivado de la Ejecución del juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el ciudadano DARWIN IGNACIO HERRERA MANZANILLA en contra del hoy quejoso en su calidad de deudor principal, me fue notificado el acuerdo de fecha 24 de Septiembre de 2014 por medio del cual se le da vista al quejoso de los avalúos ofrecidos en autos del expediente número 276/2009, mismos avalúos que le fueron realizado (sic) al bien inmueble ubicado sobre la calle Zacil B. (Zacil Be) lote 27 manzana 07 del fraccionamiento Villas Kinich Na de esta ciudad Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, el cual es propietario del hoy quejoso y que se encuentra embargado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil como garantía de la suerte principal y que derivado de la ejecución de sentencia se hicieron los correspondientes abalúos (sic) del mismo para su remate y por tal circunstancia el suscrito con fundamento en los establecido en el artículo 1411 del Código de Comercio el suscrito IMPONE de los avalúos ofrecidos en autos del expediente antes citado respecto del bien inmueble anteriormente citado. SEGUNDO: El quejoso mediante escrito de fecha 23 de Octubre de 2014, dio contestación a la vista que le fuera hecha mediante acuerdo de fecha 24 de Septiembre de 2014., asimismo interpuso incidente de objeción de Dictámenes Periciales en Materia de Valuación y en donde por herror (sic) mecanográfico involuntario se estableció como nombres y alias del suscrito los siguientes FERNANDO URTUSASTEGUI HDEZ alias FERNANDO URTUSASTEGUI FERNÁNDEZ alias JOSÉ FERNANDO URTUSASTEGUI FERNÁNDEZ siendo lo correcto FERNANDO URTUSASTEGUI HDEZ alias FERNANDO URTUSASTEGUI HERNÁNDEZ alias JOSÉ FERNANDO URTUSASTEGUI HERNÁNDEZ error dado en la letra F en lugar de la H, mas sin embargo (sic) la firma que obra al calce de dicho escrito corresponde al puño y letra del suscrito, además que el número de expediente y el nombre de la parte actora corresponden al mismo asunto. TERCERO: Mediante acuerdo de fecha de fecha (sic) 3 de Noviembre de 2014 su señoría (sic) acuerda lo siguiente: JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHETUMAL QUINTANA ROO, A TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE------------------------------------- Por presentado el ciudadano FERNADO URTUSASTEGUI HDEZ alias FERNANDO URTUSASTEGUI FERNÁNDEZ alias JOSÉ FERNANDO URTUSASTEGUI FERNÁNDEZ, con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, visto lo anterior la ciudadana JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos el escrito de referencia para los efectos legales que corresponda, con fundamento en el artículo mil cincuenta y cinco del código de comercio, no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado en el de cuenta, toda vez que la parte demandada del presente asunto es FERNANDO URTUSASTEGUI HDEZ alias FERNANDO URTUSASTEGUI HERNÁNDEZ alias JOSÉ FERNANDO URTUSASTEGUI HERNÁNDEZ y no el ocursante, por lo anterior quedan a disposición los documentos exhibidos con el de cuenta, previa razón de recibo que otorgue en autos para constancia NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó manda y firma la Ciudadana Licenciada MARÍA ADELAIDA PAT PAREJA, secretaria del juzgado en funciones de Juez adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad actuando con el secretario de acuerdos quien autoriza y da fe, Ciudadano Licenciado LUIS MIGUEL PÉREZ GALLEGOS.- DOY FE. CUARTO: Mediante escrito de fecha 10 de Noviembre de 2014 el suscrito interpuso de REBOCASIÓN (sic) en contra del acuerdo de fecha 3 de Noviembre de 2014 y mismo que fue resuelto mediante resolución de fecha 16 de julio de 2015 en el cual la responsable determina como puntos resolutivos los siguientes: [.] QUINTO: Bajo protesta de decir verdad manifestó que en fecha 17 de Julio de 2015 mediante lista de estrados tuve conocimiento de la resolución de fecha 16 de Julio de 2015 toda vez que la misma fue publica (sic) en dicha fecha por listas de estados aclarando que de acuerdo a la ley mercantil por la cual se rige la materia dicha notificación cayó en el último día de labores del juzgado civil de primera instancia y por lo tanto la misma surte sus efectos hasta el día 3 de agosto del 2015 y empieza a corres (sic) al día siguiente en que se surte sus efectos dicha notificación, ósea el día 4 de Agosto de 2015, siendo hasta la presente fecha la última resolución que se le ha notificado al hoy quejoso en los términos señalados en el antecedente CUARTO del presente escrito.". [Lo subrayado es propio]. En ese tenor de ideas, téngase a la parte quejosa desahogando cabalmente las prevenciones inmersas en autos. Desechamiento de la demanda. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que establece: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se hará interpretando la demanda de amparo en su integridad, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Es decir, el numeral recién invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". [Lo subrayado es propio]. Del estudio del segundo párrafo de la fracción antes transcrita se concluye que la procedencia del juicio de amparo biinstancial, en contra de actos de ejecución de sentencia, se encuentra supeditada a ciertas hipótesis que en forma específica previno el legislador. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras en el tercer párrafo de la fracción apuntada dispone que tratándose de actos de ejecución de sentencia, específicamente en los procedimientos de remate, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Derivado de lo anterior, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el acto reclamado consista en la última resolución, pues los actos dictados en ejecución de sentencia tienen como apoyo la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que mientras no se dicte la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados en ese procedimiento sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución, en la que incluso podrán reclamarse las violaciones procesales que en esa etapa se realicen. Además, -se reitera- en los procedimientos de remate el amparo biinstancial procederá contra la última resolución en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: "IV) ACTO RECLAMADO.- a) De las autoridad responsable (sic) RECLAMO LA RESOLUCIÓN DE FECHA 16 DE JULIO DE 2015, RESPECTO DEL RECURSO DE REBOCACIÓN (sic) HECHO VALER POR EL QUEJOSO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014.". Esto es, de la anterior transcripción, así como del análisis del ocurso de demanda, se desprende que la parte quejosa combate por esta vía constitucional la resolución de dieciséis de julio del año en curso, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 276/2009, del índice de la Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante la cual se determinó improcedente el recurso de revocación hecho valer por la parte quejosa respecto del acuerdo de tres de noviembre de dos mil catorce, emitido en dicho asunto. Ahora, a fin de brindar claridad en torno a la determinación asumida por este órgano jurisdiccional, resulta necesario hacer referencia a los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, expuso el quejoso en su demanda y escrito aclaratorio, a saber: I. Señaló que el diecisiete de octubre de dos mil catorce, derivado de la ejecución del juicio ejecutivo mercantil 276/2009, promovido por Darwin Ignacio Herrera Manzanilla contra el hoy quejoso, en su calidad de deudor principal, le fue notificado el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, en el cual se le dio vista de los avalúos que le fueron realizados al inmueble ubicado en calle Zacil B. (Zacil Be) lote 27 manzana 07 del fraccionamiento Villas Kinich Na de esta ciudad Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, del cual refiere es propietario y que es materia del embargo de dicho juicio ejecutivo mercantil. II. Agregó que, mediante escrito de veintitrés de octubre del año próximo pasado, dio contestación a la vista que le fuera hecha a efecto de imponerse de los avalúos y de sus respectivas actualizaciones, escrito en que de igual manera interpuso incidente de objeción de dictámenes periciales en materia de valuación y en donde por error mecanográfico estableció como nombres y alias Fernando Urtusastegui Hdez alias Fernando Urtusastegui Fernández alias José Fernando Urtusastegui Fernández, siendo lo correcto Fernando Urtusastegui Hdez alias Fernando Urtusastegui Hernández alias José Fernando Urtusastegui Hernández, esto es, en el apellido materno colocó como primera letra la F en lugar de la H. III. Sostuvo que al escrito aludido en el párrafo que antecede le recayó el auto de tres de noviembre de dos mil catorce, en el que se determinó: Por presentado el ciudadano FERNADO URTUSASTEGUI HDEZ alias FERNANDO URTUSASTEGUI FERNÁNDEZ alias JOSÉ FERNANDO URTUSASTEGUI FERNÁNDEZ, con su escrito de cuenta, haciendo las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, visto lo anterior la ciudadana JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos el escrito de referencia para los efectos legales que corresponda, con fundamento en el artículo mil cincuenta y cinco del código de comercio, no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado en el de cuenta, toda vez que la parte demandada del presente asunto es FERNANDO URTUSASTEGUI HDEZ alias FERNANDO URTUSASTEGUI HERNÁNDEZ alias JOSÉ FERNANDO URTUSASTEGUI HERNÁNDEZ y no el ocursante, por lo anterior quedan a disposición los documentos exhibidos con el de cuenta, previa razón de recibo que otorgue en autos para constancia NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- Así lo acordó manda y firma la Ciudadana Licenciada MARÍA ADELAIDA PAT PAREJA, secretaria del juzgado en funciones de Juez adscrita al Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad actuando con el secretario de acuerdos quien autoriza y da fe, Ciudadano Licenciado LUIS MIGUEL PÉREZ GALLEGOS.- DOY FE. [Lo subrayado es propio]. IV. Por tal motivo, mediante escrito de diez de noviembre de dos mil catorce, interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de tres de noviembre de dicho año, el cual fue resuelto el dieciséis de julio de dos mil quince, determinándose improcedente el recurso de revocación. La resolución antes citada de dieciséis de julio del año en curso, constituye el acto que señala como reclamado en el presente juicio, y la cual, según lo expresa el quejoso en el escrito aclaratorio de cuenta bajo protesta de decir verdad, es la última resolución que se le ha notificado. Siguiendo esa línea de ideas y con base en lo manifestado por el propio quejoso, es evidente que el acto reclamado emerge dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen, específicamente fue pronunciada en la fase de avalúos rendidos respecto del bien inmueble embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen; esto es, no se ha celebrado aún la audiencia de remate correspondiente y, por ende, tampoco se ha ordenado en forma definitiva el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. De ahí que la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, emitida en el juicio 276/2009, de modo alguno encuadra en los supuestos de lo que debe entenderse por última resolución en la etapa de ejecución para los efectos del juicio de amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no lo constituye la resolución en la que se hubiera ordenado el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es aplicable al caso, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1738, de la Décima Época, Materia Común, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla.". Todo lo anterior, al margen de que aun tratándose de aquellos actos que revisten las características propias para impugnarse en el juicio de amparo indirecto, la procedencia de éste dependerá, entre otras condicionantes, a que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que emerja una vez agotados los recursos que en su caso procedan, según lo estableció el Constituyente en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna. En ese sentido, se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto en relación al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, visible en la página 1186, del Tomo XVII, de Mayo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dieciocho de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintiséis de agosto del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala Se previene a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contados a partir de que surta sus efectos la notificación de este auto, cumpla con la prevención inmersa en el presente proveído, con el apercibimiento que de no cumplir se tendrá por no presentada la demanda que se atiende.
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