Fernando Navarro Ozuna

Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
352/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Fernando Navarro Ozuna

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********** contra actos de las siguientes autoridades: 1. Primera Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 2. Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Secretaria del Conocimiento adscrita al Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 4. Delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 352/2019-III. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad; es decir, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Bajo esas circunstancias, la propia Ley de Amparo prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ahora bien, en el caso se advierte que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, ************ Primera Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del JUZGADO PRIMERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS y ************* Segundo Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe.- La sentencia de fecha 28 de febrero del año 2019, emitida en el expediente ******** relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AD PERPETUAM promovida en Jurisdicción Voluntaria por *********** DE LA AUTORIDAD EJECUTORIA 1, SECRETARÍA DEL CONOCIMIENTO ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. a) Reclamo la expedición de copias certificadas de la sentencia de fecha 28 de febrero de 2019, emitida en el expediente ************ relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AS PERPETUAM, promovida en Jurisdicción voluntaria por ************ para que la parte interesada lo protocolice ante Notario Público que al efecto designen. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA 2, DELEGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Reclamo la inscripción del testimonio protocolizado ante Notario Público de la sentencia de fecha 28 de febrero 2019, emitida en el expediente *********** relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AS PERPETUAM, promovida en Jurisdicción voluntaria por relativo a las DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN AS PERPETUAM, promovida en Jurisdicción voluntaria por *********** para que sirva de Título de propiedad. Asimismo, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, vertidas por el promovente, se advierte: ".Es el caso que el suscrito en fecha 07 de enero del presente año acudí al Juzgado Primero Civil de la ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, a efectos de realizar diversos trámites legales, en relación al juicio Ordinario Civil presentado en contra del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de San Cristóbal, el cual quedó radicado bajo el numeral *********** en el cual solicité como prestación que por sentencia definitiva se ordene al Delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de este Distrito Judicial la inscripción en el índice y/o legajo y/o libro, o donde corresponda, el documento que contiene la escritura privada de fecha 06 de enero de 1965, que ampara el contrato de compraventa ADCORPUS Y ADMESURAN, del bien inmueble ubicado en ******** con una superficie total de aproximadamente 1400 metros cuadrados , con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE.- 49.00 metros y colinda con calle la raza y terrenos de Faustina Martínez AL SUR.- 43 metros y colinda con terrenos de Rafael Pérez y Luciano de la Cruz AL ORIENTE.- 44 metros y colinda con arroyo seco y terrenos de la señora********** antes de la vendedora y 11 AL PONIENTE.- Una línea quebrada en su totalidad 35.00 metros y colinda con terrenos comunales del *********** en colindando sur está de por medio un callejón innominado. SEGUNDO.- Fue ahí donde a través de los estrados de ese juzgado me entere que el C. ************ se encontraba promoviendo una diligencia de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad- Perpetuam, sobre el inmueble ubicado en ********* con las siguientes medidas y colindancias: Al norte mide 50.00 cincuenta metros cero centímetros colinda con propiedad de********** y *********** de por medio. Al Sur mide 4.77 Cuarenta y tres metros setenta y síete centímetros y colinda con propiedad de *********** y con prolongación *********** de por medio, Al oriente mide 43.80 cuarenta y tres Metros ochenta centímetros y colinda con propiedad de *********** y arrollo Fluvial de por medio, Al poniente compuesta de dos líneas la primera curva que va de norte a sur y mide 14.07 catorce metros siete centímetros y la segunda recta que va de sur a norte y mide 22.35 veintidós metros treinta y cinco centímetros ambas colindan con calle de la frontera de por medio. Lo cual llamo mi atención ya que mi propiedad descrita en el hecho primero de la presente demanda, tiene las mismas colindancias aunque con diferentes medidas; inmueble que como ya he referido fue adquirido ADCORPUS Y ADMESURAN por el suscrito mediante contrato de compraventa de fecha 06 seis de enero del año de 1965, el cual en su momento fue debidamente ratificado ante el registro público de la propiedad de la dudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas el 19 de febrero de 1965. Mismo contrato que obra en original y copia al carbón en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, en el expediente ********** . Derivado del hecho anterior mediante escrito de fecha 08 de enero del 2019, me apersone ajuicio en el expediente civil número *********** radicado en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de las Casas, a efectos de hacer valer mis derechos y demostrar que soy el legítimo propietario, donde hice del conocimiento al juzgador que el inmueble que el C. *********** se pretende adjudicar de manera dolosa, y valiéndose de hechos y pruebas falaces, pertenece al suscrito, de igual manera solicité se dejara insubsistente la jurisdicción voluntaria de información Ad Perpetuam, pues, el negocio se ha convertido en contencioso, puesto que el suscrito se ha opuesto, teniendo el derecho para hacerlo, al cual recayó el auto de fecha 10 de enero del 2019, mediante el cual se me previno a efectos de que exhibiera documental que acredite mi dicho, esto es el contrato de compra venta ratificado ante el Delegado del Registro Público de la propiedad de fecha 6 seis del mes de Enero del año de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, misma que se encuentra exhibida en original y copia en el expediente ******** del mismo juzgado primero del Distrito Judicial de San Cristóbal; para efectos de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda, razones por las cuales exhibí copia certificada por el propio juzgado del contrato de compraventa, no obstante no se me tuvo por apersonado a juicio, ni fue suspendido el procedimiento conforme a la letra del Artículo 880 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado que obliga al juzgador a que si a la solicitud promovida en una jurisdicción voluntaria, se opusiere parte legítima, se dará por terminada la jurisdicción, dejando a salvo los derechos de las partes para que procedan en la vía contenciosa que corresponda.- 3.- Como ya señalé en el hecho anterior, mediante escrito de fecha 5 de febrero del presente año, exhibí copia debidamente certificada de la escritura de fecha 06 de enero de 1965, el cual tal y como obra en el mismo contrato, fue debidamente ratificado ante el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del comercio de la dudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, mediante el cual acredito la legitima propiedad, así mismo solicité se inspeccionara a través del personal adscrito al juzgado, el bien inmueble objeto de la Litis ya que de las constancias que obraban en el expediente de jurisdicción voluntaria, expediente civil 951/2016, se acreditaba la falsedad con la que se conducía el señor ********** quien presentó contrato, testigos y colindantes falsos, quienes manifestaron que en el terreno de mi propiedad se encontraba una construcción, donde acudían a tomar café, y que el señor ************ se encontraba en posesión de mi predio, lo cual no es cierto pues el suscrito nunca construí nada dentro del predio de mi propiedad y estuve en posesión del predio desde la fecha que lo adquirí hasta el día 26 de febrero de la presente anualidad y puesto que había exhibido el contrato de fecha cierta debidamente requisitada, de igual manera solicité nuevamente se suspendiera la Jurisdicción Voluntaria de información Ad Perpetuam, promoción a la cual recayó el auto de fecha 12 de febrero de 2019 y que surtió efectos el día 14 de febrero del mismo año, mediante el cual se me niega rotundamente mi derecho de audiencia y el juzgador se extra limita a indicarme únicamente que se dejan a salvo mis derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, sin mencionar o especificar cuál es esta y sin suspender la jurisdicción voluntaria, lo que me deja en completo estado de incertidumbre e indefensión. El día 19 de febrero de la presente anualidad, de manera unilateral, es decir de propio mutuo el A quo publica un visto dentro del expediente ******** del juzgado primero del Distrito Judicial de San Cristóbal, en el cual hace mención que derivado de un error se dejó de turnar el expediente para el dictado de la sentencia correspondiente, por lo que turna de manera inmediata para el dictado de la sentencia definitiva, lo cual contraviene nuevamente el artículo Artículo 880 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, evidenciando el interés personal que la persona que se encontraba en funciones de Juez tiene en otorgarle un ilegítimo título de propiedad al promovente de la jurisdicción voluntaria, pues sin petición de parte, publica un visto mediante el cual ratifica su ilegal actuar, lógicamente por la premura que tiene, ya que el suscrito se apersonó a juicio, lo que va en contra de sus intereses personales. Mediante escrito de fecha 20 de febrero, presentado en la oficialía de partes común de los juzgados civiles y familiares del Distrito judicial de San Cristóbal de las casas, interpuse recurso de apelación en contra del auto de fecha 08 de febrero de 2019, interpuse recurso de apelación en contra del auto de fecha 08 de febrero, publicado el 12 de febrero y que surtió sis efectos el día 14 de febrero de 2019, toda vez que dicho auto me impidió apersonarme en el expediente de jurisdicción voluntaria y no suspendió las diligencias ad perpetuam, sin embargo el acuerdo que recayó a la apelación fue una denegada apelación, manifestando el A Quo que no se podía dar entrada al recurso porque dicho expediente había sido turnado al dictado de la sentencia correspondiente, a pesar de que dicho recurso fue interpuesto en tiempo y forma, omitiendo el juzgador motivar y fundamentar la negativa a admitir la apelación, colocándome en total estado de indefensión, contraviniendo los artículos 882 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que contiene las reglas a seguir en cuanto a las apelaciones en las providencias de jurisdicción voluntaria, y que fue trasgredido por el juez de primera instancia concretamente en la hipótesis en la que el recurrente se oponga a la solicitud motivo de la formación de la jurisdicción voluntaria. Razón por la cual promoví Recurso de queja en contra de la denegada apelación, sin embargo a la persona encargada como Juez de Primera Instancia poco le importó el contenido de la ley, permitiendo que fuese emitida la sentencia de la cual hoy me quejo. El día 26 de febrero de la presente anualidad, me constituí en el predio de mi propiedad, para colocar postes y alambre, lugar en donde fuimos agredidos por el señor ************ quien en ese momento de manera violenta y en compañía de aproximadamente 8 personas armadas con machetes y picos me despojaron del terreno cometiendo una serie de hechos delictuosos que se encuentran denunciados ante autoridad competente en el expediente *********** A pesar de haberme opuesto a las Diligencias de Jurisdicción voluntaria, promovidas en el expediente ************ la autoridad responsable emite sentencia de fecha 28 de febrero del año 2019, que resulta ser el acto reclamado, mediante la cual resuelve: PRIMERO.- Han sido tramitadas legalmente las presentes DILIGENCIAS DE INFORMACION AD PERPETUAM, promovida en Jurisdicción Voluntaria por ********* quien demostró sus pretensiones; en consecuencia: SEGUNDO.- Por las razones expresadas en el considerando cuarto de esta resolución, se declara que el promovente ************* de poseedor se ha convertido en propietario por virtud de la prescripción que operó a su favor, respecto del inmueble ubicado en******** con una superficie de 1,710.32 mil setecientos diez metros treinta y dos centímetros cuadrados y las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE MIDE 50.00 cincuenta metros cero centímetros y colinda con propiedad de ***** y ******* de por medio; AL SUR Mide 43.77 cuarenta y tres metros, setenta y siete centímetros y colinda con propiedad de ******* y con *********** de por medio; AL ORIENTE, Mide 43.80 cuarenta y tres metros ochenta centímetros y colinda con propiedad de ********** y arrollo fluvial de por medio y, AL PONIENTE compuesta de dos líneas la primera curva que va de sur a norte y mide 14.07 catorce metros siete centímetros y la segunda recta que va de sur a norte y mide 22.35 veintidós metros treinta y cinco centímetros, ambas colindan con calle de la Frontera de por medio. Lo anterior sin perjuicio de terceros con mejores derecho para ello. TERCERO.- Una vez que quede firme esta sentencia, se autoriza a la Secretaría del conocimiento expedir copia certificada para que la parte interesada la protocolice ante el Notario Público que al efecto designen, debiendo inscribirse su testimonio en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de este Distrito Judicial, para que le sirva de Título de Propiedad y hágase del conocimiento a la Dirección de Catástro Urbano y rural de esta Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la presente resolución.". De lo anterior, claramente se advierte, que en la especie, el promovente reclama la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso, emitida en el expediente *********** relativo a las Diligencias de Información Ad Perpetuam promovida en Jurisdicción Voluntaria por ************** quien se convirtió en propietario por virtud de la prescripción que operó a su favor, respecto del inmueble ubicado en ************* sin número del *********** ordenando que una vez que ésta quede firme se expida copia certificada para que la parte interesada protocolice ante el Notario Público, debiendo inscribir el testimonio en el Registro Público de la Propiedad. Al respecto, el quejoso, antes de acudir al juicio constitucional, debió interponer en contra de la citada determinación, el recurso de apelación. En efecto, los artículos 666, 671, 675, 882 y 883 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, mencionan lo referente al procedimiento de jurisdicción voluntaria, donde se desprende que el medio de defensa mediante el cual puede lograrse la anulación del acto reclamado es la apelación, mismo que se ajustará a los trámites establecidos para los incidentes. Los artículos antes mencionados son del contenido siguiente: "Artículo 666. La apelación debe interponerse por escrito ante el Juez que pronunció la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva". "Artículo 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación." "Artículo 675. Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan: I. De las sentencias definitivas; II. De los autos definitivos que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación; III. De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen termino al juicio haciendo imposible su continuación". "Artículo 882. Las providencias de jurisdicción voluntaria serán apelables en ambos efectos si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, y sólo en el devolutivo, cuando el que recurre hubiere venido al expediente voluntariamente o llamado por el juez o para oponerse a la solicitud que haya dado motivo a su formación". "Artículo 883. La substanciación de las apelaciones en jurisdicción voluntaria se ajustará a los trámites establecidos para la de los incidentes". De lo anterior, debe destacarse que previamente a la presentación de la demanda de amparo, se debió observar el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que la parte quejosa debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; lo anterior aún en el supuesto de que se estime que el acto es de ejecución irreparable, pues ello, no exime de agotar el principio de definitividad. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, materia común, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro electrónico 2017117, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Igualmente, la tesis 16/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, materia común, libro XIX, abril de 2013, tomo 1, visible a página 744, registro electrónico: 2003301, de rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en este asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente se integró al proceso, pues el acto reclamado se dictó después de que se desahogó una prevención. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XII, julio de 2000, página 156, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ************ Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, mayo de 1997, página 618, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". En ese contexto, ante lo improcedente de la demanda de amparo lo legalmente procedente es desechar la misma. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que al efecto indica en esta ciudad y como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que designa, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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