Fernando Nava Sánchez

Expediente 435/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
435/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
12/09/2017

Partes del expediente

  • Fernando Nava Sánchez

Actuaciones

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  1. Principal

    ...es notifcacion personal...

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 435/2017 CEIS VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 435/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Fernando Nava Sánchez, por derecho propio, mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades (en su denominación correcta) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con domicilio en esta ciudad. Ejecutora Encargado del Centro Regional de Reinserción Social, con domicilio en esta c iudad. ACTOS RECLAMADOS "Del C. Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabres residente en esta ciudad y puerto, el auto de vinculación a proceso, de fecha 11 de abril de 2017, dictado en mi contra, como probable responsable del delito de secuestro, en agravio Alejandro Hernández González, A la ejecutora, el acatamiento que hace a la orden dada por la ordenadora, de tenerme en prisión preventiva." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como preceptos transgredidos los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución General de la República. TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedo registrada bajo el número 435/2017; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado así como al Fiscal del Fuero Común adscrito al juzgado responsable la intervención legal que les compete; además se reservó proveer sobre el emplazamiento del tercero interesado Alejandro Hernández González, hasta que se recibieran los informes justificados de las autoridades responsables; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se recibió el informe justificado de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, por lo que se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro de la Fiscalía General del Estado, así como al tercero interesado Alejandro Hernández González. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el trece de junio pasado, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden su ámbito competencial. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama por esta instancia, el auto de vinculación a proceso dictado el once de abril de dos mil diecisiete dentro de la carpeta judicial C-24/2017 del índice del Juzgado de Control y de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, y su ejecución; por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio del tercero interesado Alejandro Hernández González; previsto en los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Si se considera que el quejoso fue notificado personalmente del acto reclamado el once de abril de dos mil diecisiete, en tanto que los días doce, trece, catorce, quince y dieciséis de abril fueron inhábiles, por lo que el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diecisiete de abril al nueve de mayo del año en curso, descontándose los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril al igual que el uno, cinco, seis y siete de mayo por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el ocho de mayo pasado, su presentación se califica oportuna pues fue realizada dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17, párrafo primero de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares y el Encargado del Centro Regional de Reinserción Social, residentes en esta ciudad, al rendir sus informes con justificación aceptaron el acto que a cada uno se le reclama, consistente en la emisión y ejecución del auto de vinculación a proceso de once de abril de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta judicial número C-24/2017, que se instruye en contra del quejoso y otros, por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en agravio del tercero interesado Alejandro Hernández González, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la juez responsable consistentes en copia certificada de la carpeta judicial C-24/2017 (que constituye el tomo I de prueba), así como dos discos ópticos en formato de videograbación DVD, y que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cabe precisar que los discos ópticos en formato de videograbación DVD de las audiencias orales y públicas celebradas en causas penales de corte acusatorio, acompañados por las autoridades judiciales responsables como anexos a su informe justificado, adquieren el carácter de documentales públicas lato sensu, para efectos de su valoración en el juicio de amparo y se tienen por desahogadas sin audiencia especial. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales de ser procedente, serán suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En ese sentido, el quejoso Fernando Nava Sánchez, sostiene que el auto de vinculación a proceso reclamado transgrede en su perjuicio sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: 1. Con los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación no se acredita que en el mundo factico el quejoso ejecutó una conducta que la ley señala como delito de secuestro agravado ni la probabilidad de su participación. 2. La juez responsable no valoró la negativa que realizó ante su presencia en audiencia pública al señalar que no estuvo presente en el lugar de los hechos, ni muchos menos tomó en cuenta lo manifestado por el coinculpado Nicolás Valenzo Sánchez, quien refirió que los únicos que habían participado en el secuestro de Alejandro Hernández González, fueron él y Jordan Cebrero Herculano, y que no sabía porque estaban involucrando a diversas personas entre ellas, el quejoso. 3. Las entrevistas realizadas por la Fiscalía de Secuestro a Rosalinsa Sebastián Manzanarez, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores, carecen de validez como elementos incriminatorios en su contra en primera porque les reviste el carácter de testigos de oídas y en segundo, porque de sus testimonios se advierte su participación en la conducta delictiva, por tanto, debieron rendirlo en presencia de un abogado defensor, además de explicárseles sus derechos como imputadas, es decir el derecho que tenían de abstenerse a declarar ya que su dicho podía ser usado en su contra e involucrar a más coacusados. 4. La juez responsable no valoró en su integridad la inspección ni el dictamen de criminalística de campo, ambos de nueve de febrero de dos mil diecisiete así como el avance de informe de la misma fecha y el informe de investigación de diez de febrero siguiente, de los que se obtiene, de los dos primeros que el ofendido no señaló el lugar donde encontró al quejoso en actitud vigilante, y de los restantes que los agentes ministeriales no documentaron las fuentes de información que consultaron. 5. Que su detención fue ilegal ya que fue detenido desde el dieciocho de diciembre del año pasado por la policía comunitaria de Xaltianguis, Guerrero, a solicitud de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro mientras perfeccionaban la carpeta de investigación.Una vez establecidos los motivos de disenso, procede ahora a verificar si el auto reclamado se ajustó a los preceptos constitucionales y legales que regulan su emisión. Así tenemos que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en sus artículos 67, fracción IV, 313, 316 y 317, lo siguiente: "Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso.Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado;II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la intelección de los ordinales en comento puede advertirse que los requisitos que deben observarse al dictar un auto de vinculación a proceso, son los siguientes: 1) Constar por escrito, en el que deben precisarse los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos previstos en la ley para su emisión; así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. 2) Que previamente a su dictado se haya formulado imputación, para lo cual también debe observarse lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que el imputado esté presente en la audiencia relativa en la que el Fiscal expondrá al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención del imputado en el evento, así como el nombre de su acusador, salvo que el juzgador considere necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley; y que el Juez haya verificado que el imputado conoce sus derechos. 3) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, en la inteligencia de que sobre este tópico debe observarse lo establecido en el artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, una vez formulada la imputación, se preguntará al imputado si entendió dicha imputación y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que el imputado desee declarar, la misma deberá efectuarse en los términos previstos por la legislación adjetiva en cita, esto es, en presencia de su defensor, y previa entrevista oportuna y privada con el mismo. 4) Que el mismo haya sido dictado en la audiencia de vinculación a proceso, o bien, dentro de las setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro siguientes, a solicitud del inculpado, previo cuestionamiento que sobre el particular le formule el juez de control. 5) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Fiscal, se deriven datos de prueba que establezcan que se ha cometido un delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que se pondera en razón de la existencia de indicios que razonablemente permitan suponerlo así más allá de toda duda razonable. 6) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por su parte, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en la parte que interesa-, se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, la primera se traduce en el hecho de que la responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, mientras que de la segunda se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Extremos que también deben observarse para verificar la constitucionalidad del acto reclamado, habida cuenta que en el dictado del auto de vinculación a proceso también pueden infringirse los derechos fundamentales diversos a los previstos en el artículo 19 de la Carta Magna. En ese orden de ideas, en lo que corresponde al primero de los requisitos reseñados en el inciso 1) que antecede, se observa que el auto de vinculación a proceso se emitió oralmente en la audiencia relativa, según el registro de audio y video que se adjuntó al informe justificado que rindió la juez responsable, aunado a que se adjuntó copia certificada de la carpeta judicial C-24/2017, en la que obra el acta de la audiencia relativa, así como del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso Fernando Nava Sánchez y otros.En ese sentido, no pasa inadvertido que la documental relativa al auto de vinculación a proceso que obra en la carpeta judicial fue allegada parcialmente impresa; sin embargo, aquella circunstancia no impide a este juzgador analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues dado el principio de oralidad que rige la materia, ello será objeto de ponderación a la luz de lo expuesto por el juez de la causa en la audiencia relativa conforme al registro de audio y video contenido en el archivo informativo del disco versátil digital (DVD) adjunto a su informe con justificación, máxime que será lo que al efecto haya expuesto en dicha audiencia y no lo que haya asentado en el documento escrito, lo que debe prevalecer en torno a la situación jurídica del quejoso, tan es así que en la propia audiencia de vinculación a proceso, el juez de la causa adujo que oralmente habría de colmar lo establecido en lo dispuesto por el invocado artículo 317, fracciones II y III del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, se aprecia que tanto en el documento impreso como en la propia audiencia, se reunieron las cuestiones formales atinentes a que contenga los datos personales del imputado (considerando tercero), los cuales en términos de lo dispuesto por el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales se omitieron por solicitar que los mismos se mantuvieran bajo reserva; en tanto que los fundamentos y motivos que se tomaron en consideración para su emisión fueron expuestos oralmente por el juez de la causa en la audiencia relativa. Por lo que ve al segundo de los requisitos en cita, se observa que en la resolución sujeta a examen (considerando cuarto), en congruencia con el registro de audio y video cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el considerando que antecede, el Fiscal formuló la imputación al quejoso respecto de los hechos que se le atribuyen; diligencia en la que estuvo presente el propio Fernando Nava Sánchez, asistido de los defensores públicos adscritos.En este punto, del registro audiovisual allegado, puede apreciarse que el Ministerio Público expuso oralmente los hechos que se le atribuyen al imputado, así como los datos de prueba relativos; la calificación jurídica preliminar de los mismos; la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención en el evento, y el nombre de su acusador. De igual forma, se destaca el hecho de que, previo a dicha exposición, la juez responsable explicó de que se trataba la audiencia de formulación de la imputación al quejoso (y demás coinculpados), pidiéndole por ende que pusiera atención en su exposición y que cualquier duda la consultara ordenadamente con su defensor, habiendo preguntándole al imputado al inicio y al concluir en el uso de la voz el fiscal, si había comprendió lo expuesto, a lo que expresamente Fernando Nava Sánchez respondió en ambas ocasiones afirmativamente. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el tercero de los requisitos que nos ocupan, se advierte que una vez que concluyó en su exposición el Ministerio Público sobre la formulación de la imputación y que se cuestionó al imputado sobre su entendimiento a dichas manifestaciones, el juez responsable hizo saber a Fernando Nava Sánchez del derecho que tenía para contestar el cargo que se le formuló si así lo deseaba, o bien, abstenerse de hacerlo, en cuyo caso se le explicó que esa circunstancia no podría ser considerada en su perjuicio. Además, destaca que en la diligencia relativa se le pidió que antes de manifestar si era su deseo o no, contestar al cargo imputado, lo consultara con su defensor, lo que así hizo por un lapso prudente, para entonces informar al juez responsable de su decisión, en el sentido de que sí era su deseo declarar. Así, del registro de audio y video allegado, se observa que en la diligencia de vinculación a proceso, en forma ordenada y separadamente respecto de los demás coinculpados, el indicado Fernando Nava Sánchez hizo uso de la voz, particularmente para relatar su versión de los hechos atinentes al modo en que fue detenido, y a su vez, negando su intervención en el hecho que la ley señala como delito; lo anterior, no obstante que de la lectura del acta de la audiencia inicial, se asentó que dicho quejoso manifestó que se reservaba el derecho a declarar, previa consulta con sus defensores públicos. En torno al cuarto de los requisitos descritos en líneas precedentes, atinente la temporalidad en la que debe emitirse el auto de vinculación a proceso, en el acta de la audiencia inicial de cinco de abril anterior, el quejoso, previa consulta con su defensa, manifestó su deseo para que su situación jurídica se resolviera dentro de la duplicidad del plazo constitucional de setenta y dos horas; esto es, dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas; temporalidad dentro de la cual se pronunció el auto de vinculación a proceso ya que según consta de la constancias que integran la carpeta judicial C-24/2017, y del registro de audio y video, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de abril pasado, se realizó la detención del quejoso y demás coinculpados, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra el treinta y uno de marzo del año en curso; mientras que a las diez horas con cincuenta minutos de ese mismo día se le realizó una valoración médica por parte del perito médico legista, en tanto que a las trece horas con treinta y dos minutos siguientes se levantó el acta para su identificación, habiéndose recibido a las catorce horas con treinta y tres minutos la solicitud de la autoridad ministerial para que tuviera lugar la audiencia inicial, cuyo verificativo fue a las quince horas con treinta minutos de la aludida data, en tanto que el auto de vinculación a proceso se dictó el once de abril siguiente. De ese modo, no obstante que el auto de vinculación a proceso se emitió hasta las veintidós horas con cuarenta minutos del once de abril de dos mil diecisiete, según el registro de audio y video allegado; esto es, después de que habían transcurrido las ciento cuarenta y cuatro horas que como plazo eligió el imputado para que fuera resuelta su situación jurídica; de ello no se sigue objetivamente una infracción a lo dispuesto por el artículo 19 Constitucional, dado que la celebración de la audiencia para pronunciar dicha resolución se fijó con antelación a ese término, y el eventual retraso en su dictado deriva del lapso que necesariamente tuvo que transcurrir para que tuviera verificativo dicha actuación, máxime que medió un receso de dos horas a efecto de que se emitirá la resolución de plazo constitucional, una vez que se declaró cerrado el debate para resolver la situación jurídica de los imputados. Sostener que el auto de vinculación a proceso resulta inconstitucional por la circunstancia antes apuntada, implicaría constreñir al juez responsable a que en la audiencia relativa hubiera restringido los derechos fundamentales del inculpado y su defensa, ya que a la luz de una pretendida observancia del artículo 19 Constitucional, habría restringido o acotado injustificadamente el ejercicio de aquéllos, porque en el proceso penal acusatorio ello es predominantemente oral.En mérito de todo lo anterior, es factible arribar a la conclusión de que la juez de origen sí verificó que el quejoso tuviera conocimiento de los derechos que le asisten con motivo de la calidad y la actuación que le revisten en el juicio penal, habida cuenta que la misma se desarrolló en presencia de aquél y de su defensor. Hasta este momento es factible sostener que la Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares en el Estado de Guerrero, sí observó las formalidades que la ley exige para el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que en este momento se procederá a verificar los últimos dos requisitos reseñados en los incisos 5) y 6), que anteceden. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, es necesario tener en consideración que el dictado del auto de vinculación a proceso sólo exige la justificación de la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo en ello, pues la referida resolución solamente tiene como finalidad fijar la materia de lo que deberá ser objeto de investigación -formalizada-, y del eventual juicio. Por ello, su pronunciamiento no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Lo anterior exige que el juez de control examine el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Entonces, del registro de audio y video se observa la exposición de que el delito por el que se le dictó auto de vinculación a proceso al quejoso, fue por secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a) y 10, fracción I, inciso b) -al desestimar actualizadas las hipótesis contenidas en los incisos a) y c) del último ordinal y fracción en cita-, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establecen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; En este punto, es importante destacar que, como lo expuso el juez de la causa en la audiencia de vinculación a proceso, incluso a observación expresa del Ministerio Público al otorgársele el uso de la voz; el quejoso fue detenido con motivo de la emisión de la orden de aprehensión dictada en su contra el treinta y uno de marzo anterior. Lo anterior adquiere relevancia, porque aun y cuando los datos de prueba ofertados por la defensa del quejoso revelan que Fernando Nava Sánchez fue detenido por la Policía Comunitaria del poblado de Xaltianguis, Guerrero, desde el dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis, al tenor de las circunstancias que expuso tanto el propio quejoso como de lo depuesto por Servina Sánchez Dorantes, cuyo testimonio fue ofertado por su defensa y desahogado en la audiencia de once de abril pasado; de ese extremo no se deriva que hayan quedado desvirtuados los datos de prueba en cuya intelección el juez de la causa justificó el auto de vinculación a proceso que nos ocupa. En efecto, si se parte del hecho de que el quejoso fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión al tenor de los antecedentes relatados en líneas precedentes extraídos de la carpeta judicial; entonces puede concluirse que las eventuales violaciones a los derechos humanos del quejoso derivados de aquella detención prolongada no son susceptibles de repararse en el auto de plazo constitucional, porque su detención derivó del mandamiento de un mandamiento de captura, de ahí que sea la indagatoria a la que constriñó el juez de la causa que llevara a cabo la autoridad ministerial en contra de aquellos elementos comunitarios a efecto de verificar la existencia de algún delito y particularmente, sobre la tortura que refirió haber sufrido el quejoso y otros imputados, como habrán de repararse aquellas eventuales afectaciones al quejoso. Incluso si se sostuviera lo contrario, de todos modos las eventuales violaciones a los derechos fundamentales del imputado cometidas con motivo de la detención de la que fue objeto, habrían quedado consumadas de manera irreparable al dictarse el auto de vinculación a proceso. Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia VI.2o. J/260 que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 49, Núm. 66, Junio de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DETENCION ILEGAL. NO DESVIRTUA EL AUTO DE FORMAL PRISION. Aun cuando pudiera estimarse que una detención fue ilegal y por ende violatoria de garantías, este acto, por una parte, queda consumado de modo irreparable al justificarse posteriormente dicha detención con el auto de formal prisión y, por la otra, ese hecho no desvirtúa los elementos de prueba que sirvieron de base para decretar el mencionado auto y tener por acreditada la presunta responsabilidad del inconforme." Ello, porque la libertad del imputado quedó vinculada a la resolución sujeta a examen en la presente instancia constitucional, máxime que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 constitucional en relación con el diverso ordinal 167 del Condigo Nacional de Procedimientos Penales, procede la prisión preventiva oficiosa en tratándose de los delitos de secuestro, entre otros supuestos; y en el caso, de la clasificación jurídica preliminar y de los hechos atribuidos al quejoso en el auto de vinculación a proceso se estableció que pudieran constituir precisamente aquel injusto; todo lo cual revela que el motivo de disenso sintetizado en el punto identificado con el número 5, resulta infundado. Además, tampoco puede pasar inadvertido que, como lo expuso oralmente el juez de la causa en la audiencia de vinculación, no se advierte evidencia que revele que, a partir de aquella detención del quejoso o demás imputados, se haya obtenido algún dato de prueba ilícito, a virtud de lo cual incluso oficiosamente, debiera excluirse, habida cuenta que en la exposición que efectuó el Ministerio Público en torno a los datos de prueba introducidos, no se aprecia que se haya recabado directamente o indirectamente aquella evidencia a partir de la detención del quejoso. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables." De igual modo, es necesario señalar que en torno a los datos de prueba allegados atinentes a las entrevistas realizadas a Rosalinda Sebastián Manzanares, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores, de las cuales, las primeras dos son menores de edad (con identidad reversada RSM y FBE), en tanto que la última guarda una relación filial con el diverso imputado Joaquín Almazán Vargas, como lo señaló el juez de la causa en la audiencia de vinculación a proceso, no se allegó dato de prueba del que pudiera advertirse la nulidad de dichos datos de prueba, ni siquiera para revelar que las entrevistas que les fueron realizadas a aquellas personas hubieran sido obtenidas bajo coacción, y particularmente en lo que respecta a las menores de edad, en forma distinta a lo señalado por el Ministerio Público; esto es, ante la presencia de Gudelina Nava Tolentino y Gonzalo Bibiano Barrientos, en su carácter de abuela y progenitor de Rosalinda Sebastián Manzanares y Fabiola Bibiano Escamilla, respectivamente y en las instalaciones de la autoridad investigadora. Entonces, resulta desacertado lo esgrimido por el quejoso (concepto de violación identificado con el punto número 3), cuando sostiene que tales datos de prueba carecen de validez porque, como se expuso oralmente en la audiencia de vinculación a proceso, el estándar probatorio en esta etapa procesal es reducido, pues sólo se exige del juez de control el examen del grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no el hecho o los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Así, se tiene presente entonces que el proceso penal acusatorio y oral, instaurado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil ocho, comprende distintos estadios procesales, que se rigen por reglas específicas y, que tratándose del auto de vinculación a proceso, por los efectos que éste produce en esa etapa del proceso, el estándar de prueba para su emisión es reducido, a diferencia del que se requiere al momento de dictar sentencia. Esa circunstancia se debe a que mientras en el auto de vinculación se determina que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad que el "indiciado " lo cometió o participó en su comisión, para el dictado de una sentencia es menester que se establezca la existencia de un delito; esto es, que existe una conducta típica, antijurídica y culpable. La diferencia sustancial entre el hecho delictuoso y el delito, es que en el primero no se realiza un juicio de valoración en torno a la responsabilidad, porque ello debe ser materia de análisis por parte del tribunal de enjuiciamiento, el cual, con vista de las pruebas, debe formarse una convicción más allá de una duda razonable, de que tal o cual persona es responsable (culpabilidad) de la conducta que la ley señala como delito (tipicidad) y de la violación al bien jurídico tutelado (antijuridicidad). Para arribar a la conclusión de que se cometió un delito, además deben existir pruebas, mientras que para determinar que existe un hecho delictuoso, es suficiente que existan datos que así lo establezcan. La diferencia entre un dato de prueba, un medio de prueba y una prueba, se establece en el artículo 261, del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual establece lo siguiente: "Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación". No obstante que para la emisión de un auto de vinculación a proceso se requiera un estándar de prueba reducido, porque se insiste, en él no se establece la existencia de un delito sino la existencia de un hecho delictuoso, ello no significa que la autoridad judicial soslaye el deber de precisar aquellos elementos que justifiquen los extremos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior significa que, aunque no existe una disposición que constriña a los jueces de control a que hagan uso de la dogmática jurídica penal para determinar los elementos del hecho delictuoso -aunque ello es deseable por la facilidad que representa para su comprensión-, de conformidad con el artículo 16 de la ley fundamental para cumplir con el requisito de la fundamentación y motivación del acto de molestia que representa un auto de vinculación a proceso, es menester que la autoridad precise en qué consiste la conducta que sancionan las leyes penales y la forma en que el imputado probablemente lo cometió o participó en su comisión, ello porque a partir de su concreción se estará en la posibilidad de determinar si existen o no causas que excluyen el delito, ya que tal aspecto es obligatorio que se analice, porque la fracción IV del artículo 316, del Código Nacional de Procedimiento Penales, exige como requisito para la emisión de un auto de vinculación que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por ende, no será sino hasta que se formalicen aquellos datos de prueba en etapas procesales posteriores cuando habrán de verificarse los extremos a los que alude la parte quejosa en torno a las formalidades que deben observarse para desahogar el testimonio de las referidas Rosalinda Sebastián Manzanares, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores, máxime que en la etapa procesal que nos ocupa, nada impedía a la defensa del quejoso realizar entrevistas a aquellas atestes y ofrecerlas como datos de prueba a fin de comprobar sus pretensiones. Por esas mismas razones, tampoco asiste razón al quejoso cuando sostiene (motivo de disenso reseñado ene l punto 4), que la autoridad responsable no valoró en su integridad la inspección, ni el dictamen de criminalística de campo, ambos de nueve de febrero de dos mil diecisiete, así como el avance de informe de la misma fecha y el informe de investigación de diez de febrero siguiente, pues su resultado y contenido necesariamente serán objeto de ponderación en una etapa procesal posterior en la que podrán verificarse los extremos apuntados por el quejoso, en tanto que dichos datos de prueba sí resultan objetivamente idóneos para demostrar la existencia del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, y la probable participación del imputado en su comisión. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue publicada a las diez horas con doce minutos del cuatro de agosto pasado en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Así, del registro de audio y video puede obtenerse que en la resolución que pronunció el juez de la causa sí se expresaron el delito que se imputa al quejoso, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, esto es así, porque sobre el particular la responsable expuso que de los datos de prueba introducidos por el Ministerio Público se obtenía que el evento delictivo aconteció el día veintiséis de julio de dos mil dieciséis, cuando el agraviado Alejandro Hernández González conducía una camioneta de transporte público en la que se encontraban diversos pasajeros, entre ellos, su propia progenitora de nombre "Rafaela"; y que en el punto de las brechas del entronque conocido como "Las Marías", de la comunidad de San José, salieron del monte dos personas armadas, a las que el agraviado reconoció como Jordan Cebrero Herculano, alias "El Tribilín", quien portaba un arma de fuego corta; así como Nicolás Valenzo Sánchez, quien portaba un arma de fuego larga tipo rifle; que luego de amagar a los pasajeros, a los que hicieron descender de la unidad motriz, dichos individuos se introdujeron a esa camioneta y le pidieron a Alejandro Hernández González que condujera con dirección al punto conocido como "Las Tranquillas", que se ubica como a un kilómetro de donde aconteció lo anterior; que ese lugar ya estaban aguardando otras dos personas con actitud vigilante, a quienes reconoció como Fernando Nava Sánchez (aquí quejoso) y Marco Antonio Castañón Martínez; que ese lugar el agraviado fue maniatado y llevado hacia el cerro de "La Peineta", porque lo estaba esperando el hermano de Jordan Cebrero Herculano, de nombre Irving Cebrero Herculano; que el referido Jordan Cebrero Herculano les ordenó a Fernando Nava Sánchez y Marco Antonio Castañón Martínez que permanecieran en ese lugar para vigilar los movimientos de la policía comunitaria. Que una vez que Jordan Cebrero Herculano y Nicolás Valenzo Sánchez llevaron a Alejandro Hernández González ante la presencia de Irving Cebrero Herculano, este le indicó que para obtener su libertad le exigía la cantidad de doscientos mil pesos, a lo que el agraviado le respondío que no tenía tal cantidad, porque el dinero que tenía para cosechar incluso era prestado; que por ese motivo su captor le indicó que llamara a su hermano para ver cuánto podían juntar la familia. Que aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos de ese mismo día veintiséis de julio del año pasado, con el celular del agraviado se comunicaron con su hermana Alma Delia Hernández González, a quien le pidieron que retirara a los comunitarios y que no denunciara, bajo la advertencia de que tenían personas infiltradas en dicha corporación que les pasaban reportes; tan es así que previamente el propio Alejandro Hernández González pudo escuchar cómo Jordan Cebrero Herculano recibió una llamada en la que platicó con alguien al que identificó por el nombre de "Gustavo" (Villanueva Dorantes), quien era policía comunitario, a quien le preguntó sobre cuántos elementos de esa corporación estaban apoyando con lo del secuestro del agraviado. Que en dicho lugar (CERRO DE LA PEINETA), aquellos captores y la víctima permanecieron toda la tarde, y hasta las seis de la tarde de ese día Jordan Cebrero Herculano le indicó a Nicolás Valenzo Sánchez que bajara por comida al poblado, haciéndole saber que si se perdía, debía realizar un disparo al aire a lo que Jordan Cebrero Herculano respondería con otro disparo para que de esa manera se ubicara, por lo que intercambiaron sus armas. Que aproximadamente tres horas más tarde, se escuchó un disparo, por lo que Jordan Cebrero Herculano realizó una llamada telefónica con una persona de nombre "Arely", a quien le pidió refuerzos porque Nicolás Valenzo Sánchez se había perdido, y que "se pusiera bien", porque si no, no le iba a tocar nada del rescate, permaneciendo maniatado el agraviado en dicho cerro toda la noche. Que aproximadamente a las nueve de la mañana del día siguiente (veintisiete de julio de dos mil dieciséis), Jordan Cebrero Herculano desató a Alejandro Hernández González y le pidió que se bajaran del cerro hacia el poblado porque iban a ir por comida, amaneándolo para que no intentara escapar; que antes de llegar a dicha comunidad, el agraviado y su captor esperaron alrededor de una hora, donde Jordan Cebrero Herculano realizó una llamada telefónica pidiéndole que llevara comida a la entrada de la brecha; y que posteriormente arribó una camioneta donde descendió Joaquín Almazán Vargas, quien dejó comida para el agraviado y sus captores. Que finalmente, en la tarde (aproximadamente a las dieciocho horas), sus captores llevaron a Alejandro Hernández González al rio del kilómetro 45, donde lo dejaron e indicaron cómo podía regresar a su casa, lo que así hizo aproximadamente hasta las veintidós horas con treinta minutos de ese día; no sin antes haber pasado a la casa de un amigo donde le dieron de comer y beber; observando que cuando lo dejaron, Irvin y Jordan de apellidos Cebrero Herculano tomaron un taxi colectivo de los amarillos con dirección a Acapulco. Que María del Rosario Hernández González, hermana de la víctima, fue la persona encargada de realizar las negociaciones para el pago del rescate exigido por los captores de su hermano Alejandro Hernández González; llamadas que en su mayoría entendió con el propio agraviado, aunque escuchó que eran otros individuos quienes le indicaban a este último qué decir; que dicho rescate fue fijado en la cantidad de veinticuatro mil pesos, el cual entregó aproximadamente a las diecisiete horas del veintisiete de julio del año pasado cuando fue citada a las quince horas con treinta minutos del veintisiete de julio anterior en el puente peatonal de la colonia "Las Cruces", lugar donde se le acercó una persona con camisa y gorra negra, con pantalón azul, quien le pidió que se subieran a un taxi con dirección al centro del a ciudad de Acapulco; y que en al llegar al local que señaló dicha denunciante sobre la vialidad denominada Cuauhtémoc, le entregó el dinero, para posteriormente regresarse a la comunidad de Xaltianguis. Las anteriores circunstancias fueron extraídas de los datos de prueba ofertados por el Ministerio Público, esencialmente con las entrevistas llevadas a cabo con el propio agraviado y María del Rosario Hernández González, las cuales concatenó con las entrevistas realizadas a Rosalinda Sebastián Manzanares, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores, quienes refirieron haber sido invitadas un día antes (veinticinco de julio de dos mil dieciséis) a participar en el secuestro de Alejandro Hernández González, mediante una llamada telefónica que les realizó Jordan Cebrero Herculano, quien ante su inicial negativa a hacerlo, fueron amenazadas de muerte hacia su persona y familia, por lo que se vieron forzadas a participar llevando comida y realizar acciones de vigilancia en torno a los elementos de la policía comunitaria desde un sitio de taxis cercano a las instalaciones de dicha corporación; y que en las diversas llamadas que les efectuaron supieron por voz de Jordan Cebrero Herculano, que entre quienes participaban en dicho secuestro se encontraba precisamente el quejoso Fernando Nava Sánchez, a quien incluso vieron caminar constantemente cerca de las instalaciones de la policía comunitaria, debido a que supieron que también realizaba acciones de vigilancia y "halconeo". De ese modo, si se atiende a lo dispuesto por los artículos 19 constitucional en relación con el diverso 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces puede afirmarse que fue acertada la decisión del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal con sede en esta ciudad, de considerar aptos y suficientes los datos de prueba aportados por el Fiscal para justificar la existencia de un hecho ilícito, ya que arribó a dicha conclusión analizando conjuntamente los datos de prueba reseñados, pues de aquellos datos de prueba bien se puede concluir que el día veintiséis de julio de dos mil dieciséis, Alejandro Hernández González fue privado de su libertad, ya que evidentemente la acción atribuida a Jordan Cebrero Herculano y Nicolás Valenzo Sánchez impidió que el agraviado hiciera uso de su libertad deambulatoria. Asimismo, puede concluirse que aquella acción (la privación de la libertad), tenía como propósito obtener un beneficio económico, pues de la entrevista realizada a Alejandro Hernández González puede advertirse el dialogo que sostuvo con uno de sus captores (Irving Cebrero Herculano), sobre el numerario que le exigía para liberarlo, así como el resultado de las negociaciones realizadas sobre el particular y la posterior entrega de veinticuatro mil pesos realizada por María del Rosario Hernández González a la persona que pudo reconocer como Jordan Cebrero Herculano. Lo anterior, concatenado con el resultado de las entrevistas realizadas a Rosalinda Sebastián Manzanares, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores, de cuya intelección de observa incluso la promesa de que por la realización de ese evento delictivo les iban a entregar parte del rescate pagado por la familia del agraviado. En ese mismo orden de ideas, también puede observarse la participación de más de dos personas en el hecho señalado como delito, pues si bien es cierto que únicamente se atribuye a dos personas (Jordan Cebrero Herculano y Nicolás Valenzo Sánchez) la realización de la acción material por la que fue privado de su libertad el agraviado, no puede soslayarse que también quedó reseñado cuál fue la aportación de cada uno de los demás imputados en dicho evento, siendo que en particular a Fernando Nava Sánchez se le atribuye su probable participación en tales hechos por haber brindado seguridad para que Jordan Cebrero Herculano y Nicolás Valenzo Sánchez pudieran conducir al agraviado hacia el cerro de la Peineta, donde se encontraba Irving Cebrero Herculano, quien se encargó de negociar el pago del rescate con la familia de Alejandro Hernández González, así como realizar actividades de vigilancia respecto de los elementos de la policía comunitaria del poblado de Xaltianguis. De todo lo anterior se sigue entonces que fue acertada la decisión de la autoridad judicial responsable de tener por acreditado el hecho que sancionan las leyes como delito, en este caso, el de secuestro agravado porque dan cuenta de la privación de la libertad deambulatoria del agraviado con el propósito de obtener un beneficio económico; aunado a que la agravante que introdujo la fiscalía se basan en las circunstancias de ejecución ya reseñadas, pues dan cuenta que efectivamente el hecho se realizó por un grupo de dos o más personas en codominio funcional en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal. De lo expuesto queda en evidencia que las referencias aportadas por los datos de prueba reseñados son idóneas para sostener, que se suscitó un hecho que la ley califica como delito; extremos sobre los cuales incluso, la defensa del imputado no introdujo argumento alguno para demeritar tales hechos. Por otro lado, en lo que corresponde a la verificación de que los datos de prueba sean idóneos para que, al tenor de los requisitos previstos en el artículo 19 constitucional, pueda establecerse fundadamente la posibilidad de que el imputado participó en los mismos, también se estima acertada la determinación del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal. En efecto, contrario a lo afirmado por el quejoso, se estima correcto el proceder de la responsable cuando sostuvo que los datos de prueba son aptos y suficientes para demostrar la probabilidad de que el indiciado cometió el hecho delictivo que se le atribuye, pues como se ha expuesto en líneas precedentes en concordancia con el estándar probatorio que constitucionalmente se exige, aquel juicio de probabilidad no requiere de la comprobación fehaciente o adelantada de dicho extremo, sino meramente preliminar en un grado objetivamente de probabilidad y racionalidad. De ese modo, se observa que la decisión del juez de la causa deriva en primer término, de la observación que realizó el propio agraviado, quien reconoció a sus captores, así como a las personas que aguardaban en el punto conocido como "Las Tranquillas", entre las que se encontraba Fernando Nava Sánchez; y si bien Alejandro Hernández González refirió que aquellas dos personas se encontraban en actitud "vigilante", no puede soslayarse la referencia en el sentido de que Jordan Cebrero Herculano les ordenó a esas dos personas (Fernando Nava Sánchez y Marco Antonio Castañón Martínez) que permanecieran ahí para brindar seguridad, lo que objetivamente presupone un acuerdo previo respecto del hecho delictivo; lo que se robustece con lo expuesto por Rosalinda Sebastián Manzanares, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores en el sentido de que fueron informadas por Jordan Cebrero Herculano sobre quiénes participaron en el hecho delictivo, y que al encontrarse en el sitio de taxis cercano a las instalaciones que ocupa la policía comunitaria de Xatianguis, vieron caminar constantemente a los demás imputados que también hacían actividades de vigilancia a los elementos de dicha corporación, entre ellos, al propio Fernando Nava Sánchez. En ese sentido, si bien la defensa del imputado sostuvo en la audiencia de vinculación que los datos de prueba no sirven para justificar el aludido extremo, debe tenerse presente que las referencias de los datos de prueba ya reseñados objetivamente dan cuenta de ello, sin que preliminarmente pueda sostenerse una consideración opuesta. Por otro lado, contrario a lo expuesto por el quejoso en torno a que los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público quedaron desvirtuados por lo manifestado por el coimputado Nicolás Valenzo Sánchez en la audiencia de vinculación a proceso, pues adujo que únicamente habían participado aquél y Jordan Cebrero Herculano, desconociendo por qué habían involucrado a otras personas, y que incluso, hasta antes de que fueran detenidos por los elementos de la policía comunitaria no se conocían entre sí, salvo a aquellos con los que guarda una relación por afinidad; no puede soslayarse que la ponderación del hecho delictivo y la probabilidad de que Fernando Nava Sánchez participó en su comisión no descansa en la aceptación o conocimiento que haya manifestado Nicolás Valenzo Sánchez sobre quiénes efectivamente participaron en el secuestro de Alejandro Hernández González, sino en los datos de prueba allegados por el ministerio público consistentes en las entrevistas realizadas al agraviado, quien reconoció al quejoso en un momento determinado y escuchó las instrucciones que le dieron para que los demás activos pudieran continuar realizando el secuestro de la víctima, así como de las entrevistas realizadas a Rosalinda Sebastián Manzanares, Fabiola Bibiano Escamilla y Arely Almazán Flores que lo ubican como una de las personas que también realizaba actividades de vigilancia. En este punto, conviene destacar que tanto el Ministerio Público al formular la imputación, como el juez de la causa al exponer oralmente los fundamentos y motivos por los cuales se estimaron satisfechos los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa, definieron en qué consistió la participación del quejoso en el evento delictivo, extremo que -como se ha expuesto- válidamente puede calificarse preliminar y objetivamente como parte del desarrollo del injusto de que se trata, pues así se puede concluir de la acción de brindar seguridad y efectuar labores de vigilancia al cuerpo de seguridad comunitaria. Entonces, no es jurídicamente factible en este momento, realizar una consideración diversa a la conclusión a la que arribó el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal, pues no se introdujo dato de prueba que haga insuficientes los datos de prueba introducidos por la parte acusadora sobre la probabilidad de que Fernando Nava Sánchez participó en el hecho delictivo que se le atribuye; incluso en suplencia de la queja en favor del imputado, pues no se advierte que el sentido del auto de vinculación a proceso derive de una argumentación deficiente de la defensa del quejoso, sino del resultado que arrojaron los datos de prueba reseñados con antelación. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.) que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 689, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor." Finalmente, tampoco se observa, como lo señaló la responsable que en el caso se actualice alguna causal de extinción de la acción penal o excluyente del delito a que se refiere el artículo 31 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, máxime que la parte quejosa tampoco introdujo en la audiencia relativa ni en la presente instancia, argumentación alguna sobre el particular. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, y no existir queja deficiente que suplir en los términos previstos por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó Fernando Nava Sánchez, en contra del auto de vinculación a proceso de once de abril de dos mil diecisiete dictado por el Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta judicial C-24/2017, por el delito de secuestro agravado; determinación que se hace extensiva al acto que se reclama del Director del Centro de Reinserción Social, con sede en Ometepec, Guerrero, por no haberse impugnado por vicios propios. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Nava Sánchez, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el doce de septiembre de dos mil diecisiete, asistido del licenciado César Israel Santes Quevedo, Secretario del propio juzgado que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado de la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada de la carpeta judicial C-24/2017 de la que derivan los actos reclamados; fórmese por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Asimismo, ténganse por recibidos los discos compactos que anexa como apoyo a su informe justificado, en el entendido que la reproducción de la información contenida en el mismo, será el día en que tendrá verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, de autos se advierte que en acuerdo de diez de mayo del año en curso, se reservó acordar respecto a la notificación del inicio de este juicio al tercero interesado Alejandro Hernández González, así como al representante social, hasta en tanto se recibiera el informe justificado de la mencionada juez responsable; lo cual ya aconteció, por lo que se provee lo siguiente: Ahora bien, dado que del informe de referencia se advierte que la juez responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye, puesto que dentro de la carpeta judicial C-24/2017, la cual se formó con motivo de la carpeta de investigación 120211200022260716 consignada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro de la Fiscalía General del Estado, el once de abril de dos mil diecisiete, dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso Fernando Nava Sánchez, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en agravio de Alejandro Hernández González. Asimismo, dado que la resolución que se emita en el presente juicio de amparo, pudiera percutir en la libertad personal de la parte quejosa, notifíquese por medio de oficio que al efecto se gire al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, la presentación de la demanda de amparo, a quien le resulta el carácter de tercero interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. De igual forma, tomando en cuenta las consecuencias jurídicas de la aludida resolución importa una afectación en la reparación del daño a la que pudiera tener derecho la parte ofendida en la causa de origen, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, le reviste el carácter de tercero interesado y debe ser llamado a juicio. En ese sentido y como de las constancias que integran la citada carpeta judicial, se aprecia que la parte ofendida Alejandro Hernández González, señaló tener domicilio conocido en la localidad de San José Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero; por tanto, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, para que notifique a la citada parte procesal en el domicilio señalado, asimismo, le notifique el presente proveído, y con copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, le corra traslado.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Encargado del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.

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