Fernando Muñoz González
Expediente 672/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fernando Muñoz González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el tres de septiembre del año en curso, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso presentado por el quejoso Fernando Muñoz González, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de diecinueve de agosto del año en curso, precisa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; al respecto, el Juez acuerda: Este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, de la novena época, tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la tesis II.2°.C.T.19K, visible en la página 618, del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, mayo de 1997, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 198810, aplicada en términos del sexto transitorio que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Así es, como se anunció, la demanda de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió el acto reclamado. En efecto, para sustentar lo anterior, es preciso señalar que, el artículo y fracción citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". De la interpretación del precepto trascrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando no se haga valer dentro de los plazos contemplados en la Ley de Amparo, pues tal omisión entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto en mención. En ese orden, los artículos 17 y 18, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computará a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. Ahora, el quejoso reclama el auto de formal prisión emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, el dieciséis de junio de mil diecinueve, en la causa penal 120/2009. En el escrito que se atiende, se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que le fue notificada dicha resolución el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, la substanciación de la demanda de amparo en que se reclama dicho auto de formal prisión, debe regirse conforme a lo previsto por la Ley de Amparo en vigor, pues éste fue emitido con posterioridad a la entrada en vigor de la citada normatividad -dieciséis de junio de dos mil diecinueve-; de ahí que para determinar el plazo para la presentación de tal demanda se atienda a lo dispuesto por dicha legislación. Sin que, en su caso, pueda considerarse para tal efecto aplicable la Ley de Amparo abrogada, pues al momento de la emisión del acto reclamado -dieciséis de junio de dos mil diecinueve-, ésta ya había perdido su vigencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio de la ley actual. Es aplicable en lo conducente y a contrario sensu, la Jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el trece de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". En ese sentido, como se precisó el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, plazo que en el presente caso debe observarse, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones que comprende tal numeral. Es así, pues no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida; incomunicación; deportación; expulsión; proscripción; destierro; desaparición forzada de personas; incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional; o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Y si bien es cierto que el acto reclamado implica un ataque a la libertad personal, también lo es que éste fue emitido dentro de un procedimiento penal, el cual se encuentra substanciado en la causa 120/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas; de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas de excepción previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Plazo que deberá comenzar a computarse, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, al día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley del acto. En ese tenor, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reconoció que el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, le fue notificado el acto reclamado. Manifestación del impetrante de amparo que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notificación que en términos del artículo 67 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad -normativa adjetiva en que se sustentó el acto reclamado-, surtió sus efectos el mismo día en que se practicó. Por tanto, el plazo de quince días con que contaban el solicitante del amparo para presentar la demanda de amparo contra dicho auto de plazo constitucional, comenzó a correr el dieciocho de junio del presente año y concluyó el ocho de julio del mismo año, sin que se tomen en consideración en dicho lapso los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, así como seis y siete de julio del mismo año, al ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el quince de agosto de dos mil diecinueve-según se advierte del sello de recepción respectivo el cual obra a foja 2 del expediente en que se actúa-, es evidente que su presentación fue extemporánea. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XXX.1o.8 P (10a.), visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, Marzo de 2014, Tomo II , página 1583, del epígrafe siguiente: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días." De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la tesis II.1º.88 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." También se cita en apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.
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SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso presentado por el quejoso Fernando Muñoz González, por el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de diecinueve de agosto del año en curso, precisa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; al respecto, el Juez acuerda: Este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, de la novena época, tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la tesis II.2°.C.T.19K, visible en la página 618, del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, mayo de 1997, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 198810, aplicada en términos del sexto transitorio que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Así es, como se anunció, la demanda de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa consintió el acto reclamado. En efecto, para sustentar lo anterior, es preciso señalar que, el artículo y fracción citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". De la interpretación del precepto trascrito, se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando no se haga valer dentro de los plazos contemplados en la Ley de Amparo, pues tal omisión entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto en mención. En ese orden, los artículos 17 y 18, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se puede advertir, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones contempladas en dicho numeral; en tanto que el diverso 18 dispone que el citado plazo se computará a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En la primera de ellas, el término de quince días que prevé el citado artículo 17 se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En la segunda hipótesis, el término para la interposición de la demanda de amparo iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, ya sea porque en el procedimiento del que deriva el acto reclamado no existe medio legal de comunicación procesal, o bien, porque no es parte del mismo, o siéndolo no fue llamado al procedimiento. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado, lo cual entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. Ahora, el quejoso reclama el auto de formal prisión emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, el dieciséis de junio de mil diecinueve, en la causa penal 120/2009. En el escrito que se atiende, se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que le fue notificada dicha resolución el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, la substanciación de la demanda de amparo en que se reclama dicho auto de formal prisión, debe regirse conforme a lo previsto por la Ley de Amparo en vigor, pues éste fue emitido con posterioridad a la entrada en vigor de la citada normatividad -dieciséis de junio de dos mil diecinueve-; de ahí que para determinar el plazo para la presentación de tal demanda se atienda a lo dispuesto por dicha legislación. Sin que, en su caso, pueda considerarse para tal efecto aplicable la Ley de Amparo abrogada, pues al momento de la emisión del acto reclamado -dieciséis de junio de dos mil diecinueve-, ésta ya había perdido su vigencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio de la ley actual. Es aplicable en lo conducente y a contrario sensu, la Jurisprudencia P./J. 45/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el trece de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". En ese sentido, como se precisó el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, plazo que en el presente caso debe observarse, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones que comprende tal numeral. Es así, pues no se está reclamando una norma general autoaplicativa, el procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, o bien, un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco se está impugnando un acto que implique privación de la vida; incomunicación; deportación; expulsión; proscripción; destierro; desaparición forzada de personas; incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional; o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Y si bien es cierto que el acto reclamado implica un ataque a la libertad personal, también lo es que éste fue emitido dentro de un procedimiento penal, el cual se encuentra substanciado en la causa 120/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas; de ahí que no se actualice alguna de las hipótesis normativas de excepción previstas en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, por tanto, en el caso a estudio debe atenderse al plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo. Plazo que deberá comenzar a computarse, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo, al día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley del acto. En ese tenor, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reconoció que el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, le fue notificado el acto reclamado. Manifestación del impetrante de amparo que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notificación que en términos del artículo 67 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad -normativa adjetiva en que se sustentó el acto reclamado-, surtió sus efectos el mismo día en que se practicó. Por tanto, el plazo de quince días con que contaban el solicitante del amparo para presentar la demanda de amparo contra dicho auto de plazo constitucional, comenzó a correr el dieciocho de junio del presente año y concluyó el ocho de julio del mismo año, sin que se tomen en consideración en dicho lapso los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, así como seis y siete de julio del mismo año, al ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el quince de agosto de dos mil diecinueve-según se advierte del sello de recepción respectivo el cual obra a foja 2 del expediente en que se actúa-, es evidente que su presentación fue extemporánea. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XXX.1o.8 P (10a.), visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, Marzo de 2014, Tomo II , página 1583, del epígrafe siguiente: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días." De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la tesis II.1º.88 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII, del artículo 73, en relación con el 145 de la Ley en cita." También se cita en apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la tesis visible, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computaran desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Oswaldo Beltrán Saucedo, autorizado en términos amplios del quejoso por el que pretende dar cumplimiento al requerimiento hecho por este Juzgado, en auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, sin que haya lugar a tener por cumplida la misma, toda vez que es el propio quejoso quien debe manifestara bajo protesta de decir la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que el autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no pueden desahogar la prevención formulada por un órgano de control constitucional, cuando deba de manifestarse bajo protesta de decir verdad, por lo que continúa transcurriendo el término concedido al quejoso en el referido acuerdo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página: 210. "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes."
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