Fernando Mota Allen

Expediente 1054/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1054/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
13/03/2023

Partes del expediente

  • Fernando Mota Allen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de veintiuno de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es DESTRUIBLE una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración del cuaderno incidental En cuanto al incidente de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión definitiva, el incidente de suspensión original es DEPURABLE, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Coincidencia Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 1054/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado mediante autos de veintitrés de enero y diez de febrero, ambos del año en curso, remite copia certificada de la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emitida dentro del incidente de liquidación de laudo, derivado del expediente laboral *******, así como de la constancia de notificación realizada al apoderado legal de *******. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita estima actualizada la causal de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece lo siguiente: 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de este, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, con ello, la afectación en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residentes en esta ciudad, ******* demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, a quien reclamó lo siguiente: 1.- Le reclamo la inacción jurisdiccional para iniciar y concluir la fase de ejecución de laudo firme que goza de la garantía de cosa Juzgada según expediente de origen *******, de su índice administrativo, misma que le solicite por medio de apoderado legal en forma pacífica, respetuosa y por escrito en promoción de fecha 11 de octubre de 2022 dirigida al expediente en cuestión, con las consideraciones propias de la fase de ejecución de laudo firme; pronta y expedita y con las consideraciones de adulto mayor al contar el quejoso con ******* cumplidos, sin ingresos por lo tanto con sentido de pertenencia a un grupo vulnerable en la sociedad y en dicho laudo introdujo a mi patrimonio jurídico de protección prerrogativas constitucionales como el acceso a una pensión del *******, por ******* años de servicio a razón de $******* pesos mensuales, a los servicios medicas e incrementos de la inclita Pensión. 2.- La indebida apertura de Incidente de Liquidación por medio del auto de fecha 7 de noviembre de 2022, el cual se impugna, ya que el laudo contiene cantidades y porcentajes de fácil obtención con una simple operación aritmética, pues el fundamento 843 de la Ley Federal del Trabajo es solo de carácter excepcional, sin dejar de mencionar que el ente público tercero interesado, además de ser la parte procesal, es el emperador que tiene sin duda, las bases y dependencias Burocráticas su cargo para el pago de la pensión vitalicia obtenida, los incrementos de la pensión a partir del 1 de diciembre de 2015, así como la obligación de garantizarme el acceso al derecho de salud concomitante al derecho a la pensión en base a los años de servicios, de ahí, que la indebida apertura del incidente, en realidad viene a entorpecer la ejecución de un laudo firma que contiene una condena a una prestación de seguridad social respecto de un adulto mayor que obtuvo legítimamente el acceso a la inclita pensión por años de servicios. (lo subrayado es propio) De lo anterior, se advierte que el quejoso compareció ante esta instancia, reclamando el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones firmes, derivado del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, frente a la abierta dilación de cumplimentar un laudo en breve término. Ahora, de las constancias que se atienden se advierte que el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se resolvió el incidente de liquidación de laudo, derivado del expediente laboral *******, notificando dicha resolución a *******, por conducto de su apoderado legal, el veinticinco del mismo mes y año. A las documentales que remite la responsable, se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Por tanto, si la responsable el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, resolvió el incidente de liquidación de laudo y, el veinticinco de ese mismo mes y año, notificó esa determinación al aquí quejoso; es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al peticionario de amparo en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendría por efecto precisamente el obligar al Tribunal de Arbitraje Municipal a cesar la inacción reclamada; lo cual finalmente ocurrió debido a la actuación del presidente responsable. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la responsable, Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de veintitrés de enero del año en curso, no obstante haber sido debidamente notificado para ello, como se desprende de la constancia de notificación que obra en autos. Se requiere nuevamente y apercibimiento En consecuencia, nuevamente, requiérase al Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, a fin de que, dentro del término de tres días computado legalmente, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente *******, de su índice, en el que resolvió el incidente de liquidación planteado. Apercibido que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que, en proveído de veintitrés del mes y año en curso, se requirió a la responsable, Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal de Ciudad Juárez, a fin de que, dentro del plazo de tres días, remitiera copia certificada de la resolución de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente *******, de su índice, en el que resolvió el incidente de liquidación planteado; término que actualmente se encuentra transcurriendo. Diferimiento de audiencia Por otro lado, vista la certificación con que se da cuenta se desprende que, para el día de hoy, se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden, no es posible su desahogo. Atento a lo anterior, ante la imposibilidad para celebrar la referida audiencia, se difiere su celebración y se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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