Fernando Morones de la Ossa

Expediente 983/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
983/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
16/07/2019

Partes del expediente

  • Fernando Morones de la Ossa
  • Juez Quinto de lo Mercantil en el Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente (IV)

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso auto de uno de julio de dos mil diecinueve...Agréguese a los autos el escrito de demanda firmado por... fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el consecutivo número...- Desechamiento - La parte quejosa reclama la interlocutoria dictada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, por el Juez Quinto de lo Mercantil en el Estado, en la cual declaró improcedente las excepciones dilatorias opuestas por el aquí quejoso y, por ende, condenó a este último al pago de gastos y costas en el juicio ejecutivo mercantil 332/2019 promovido en su contra por Héctor Sergio Herrera Ruiz. Como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad que el quejoso expone y que constituyen una confesión de su parte, se obtiene: 1. El quejoso, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso diversas excepciones, que denominó como excepción de falsedad ideológica, excepción personal de falta de acción y derecho, así como excepción de obscuridad de la demanda. 2. Previa vista otorgada al actor en el juicio de origen y el trámite correspondiente, el juez responsable emitió la resolución reclamada. 3. En la resolución reclamada, en cuanto a la excepción opuesta por el ahora quejoso en el sentido de que el actor dejó de narrar los elementos de tiempo, espacio y lugar en que se suscribieron los pagarés base de la acción, es esencial, el juez determinó que, al haberse corrido traslado al demandado con dichos documentos, tuvo conocimiento de los mismos, incluso, contestó la demanda. Respecto a la diversa consistente en que el accionante omitió precisar el tiempo, espacio y lugar en que el actor refiere no se le cubrió el importe de los títulos de crédito, la autoridad expuso que ello no afecta la ejecutividad de estos últimos porque puede requerirse extrajudicialmente y en cada uno de ellos e menciona el domicilio del demandado. Por lo que hace a que el actor omitió narrar los hechos, ocultó otros y la razón de la suscripción de los pagarés, al demandado se le permite, al contestar la demanda, introducir los hechos que, a su consideración, son la realidad y los que el actor omitió narrar, por lo que, en virtud de que el contestar la demanda los refutó frontalmente, no se le dejó en estado de indefensión. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte...El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora, con la finalidad de dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, para establecer si tienen efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), se reitera que el acto reclamado consiste en la resolución mediante la cual se declararon improcedentes las excepciones dilatorias opuestas por el aquí quejoso y, en virtud de ello, se le condenó al pago de gastos y costas en el juicio ejecutivo mercantil. En mérito de lo expuesto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, pues no trasciende a su persona o bienes, sino que su naturaleza es eminentemente procesal, ya que ello puede ser reparado si el ahora quejoso obtiene sentencia favorable, esto es, existe la posibilidad de que la autoridad responsable emita un fallo favorable a los intereses del aquí quejoso, al declarar, eventualmente, fundada alguna excepción diversa o el actor deje de probar su pretensión, de tal modo que resultan intrascendentes las violaciones que pudieran derivarse de la interlocutoria reclamada, pues no obstante lo anterior, el tribunal agrario deberá examinar si los hechos expuestos por el actor justifican la acción ejercida y si tiene derecho a las pretensiones reclamadas. Sin que sea óbice que en la resolución reclamada, ante la improcedencia de las excepciones opuestas por el ahora quejoso, se le condenó al pago de gastos y costas, ya que en la propia interlocutoria, el juez estableció que ello será reiterado en el fallo definitivo, conforme a lo dispuesto en los ordinales 1084 del Código de Comercio; ya que la resolución reclamada es un acto de naturaleza procesal, pues su efecto directo e inmediato guarda relación con el desenvolvimiento del proceso, lo cual conlleva a la continuación de la secuela procesal del juicio de origen hasta que se dicte una resolución que lo dé por concluido, la cual puede ser favorable a los intereses del peticionario de amparo, o se emita una sentencia definitiva y ésta, de ser contraria, podrá ser impugnada a través del amparo directo, en el que podrán hacerse valer las violaciones procesales o adjetivas que se hubieren cometido en el desarrollo del proceso...(IV).

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