Fernando Moreno González
Expediente 1291/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Moreno González
- Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM)
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por... autorizado del quejoso... mediante el cual solicita la devolución de los documentos que adjuntó a su escrito inicial de demanda; atento a lo anterior, dígase al promovente de mérito, que en proveído de diez de diciembre el presente año, se dejaron a su disposición; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del tres al nueve de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Secretario General del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacán (SPUM), se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Así como se anticipó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En la especie el quejoso, hace consistir los actos reclamados, según se aprecia de su escrito de demanda, los consistentes en: "a) Del Secretario General del Comité Ejecutivo del SPUM, en su carácter de representante legal de dicha Organización Sindical, se reclama la suspensión e inhabilitación en mis derechos sindicales del de la voz durante 1 un año, acto del cual tuve conocimiento el pasado día 4 cuatro de noviembre del año en curso, en el que se me intentó notificar tal determinación, así como la probable ejecución y materialización de tal orden y/o determinación que se actualizaría en cada momento que se me impida hacer uso de mis derechos sindicales dentro del SPUM; y que además obstaculizaría desempeñar los cargos sindicales que me han sido conferidos de manera legítima. Acto emitido sin que haya mediado el debido proceso para tal determinación y que además pretende modificar y/o extinguir una situación jurídica en mi perjuicio, careciendo además de la debida fundamentación y motivación. b) Del Secretario General del Comité Ejecutivo Secciona!, de la Sección Sindical del SPUM, de la Escuela Preparatoria "Melchor Ocampo" de la UMSNH, se reclama la ratificación/reiteración de la suspensión e inhabilitación en mis derechos sindicales del de la voz durante 1 un año, que se me hizo saber de manera verbal en la Asamblea de la Sección Sindical de dicha Escuela Preparatoria "Melchor Ocampo", llevada a cabo el día miércoles 06 seis de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, así como la probable ejecución y materialización de tal orden y/o determinación que se actualizaría en cada momento que se me impida hacer uso de mis derechos sindicales dentro del SPUM; y que además obstaculizaría desempeñar los cargos sindicales que me han sido confiados de manera legítima. Acto emitido sin que haya mediado el debido proceso para tal determinación y que además pretende modificar y/o extinguir una situación jurídica en mi perjuicio, careciendo además de la debida fundamentación y motivación. c) Todas las consecuencias, efectos y alcances de los actos anteriores, que de hecho o de Derecho se sigan de los mismos, hasta colmar las hipótesis del artículo 77 de la Ley de Amparo." La evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la publicada en el mismo medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, para los efectos del juicio de amparo, que autoridades responsables eran todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho que estén en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser pública la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Lo anterior se encuentra en los razonamientos que integran la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: *** Ahora bien, del análisis del texto del artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, se observa que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo previamente aludido que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado artículo, es autoridad responsable para efectos del juicio Constitucional la que con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del artículo en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos, del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. En la especie, el quejoso hace consistir, en esencia, como actos reclamados la suspensión e inhabilitación de sus derechos sindicales durante un año, sin que haya mediado el debido proceso para tal determinación, además de obstaculizar el desempeño de los cargos sindicales que le fueron conferidos de manera legítima. Atento a lo anterior, así como a las notas distintivas establecidas por el Máximo Tribunal del País, en el caso que nos ocupa, no se configura una afectación susceptible de someterse al análisis Constitucional, en tanto que los actos reclamados carecen de los requisitos necesarios para ser considerados actos de autoridad, virtud a que éstos derivan de la aplicación de los estatutos del Sindicato del que es parte el aquí quejoso, los cuales no son considerados de observancia general, por ello al tratarse de actos que derivan de un vínculo sindical, no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se adolece la parte quejosa, tienen su origen en la mencionada relación sindical, donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de miembros del mismo. De ahí que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se pueden obtener que dichos entes aquí señalados como autoridades responsables, actúan desprovistos de facultades de imperio, al posicionarse en el mismo plano que el aquí quejoso, pues sólo se trata de organismos que conforman la multicitada Asociación Sindical, y que se establece en el artículo 13 de los estatutos de la misma. Por tanto, si los sindicatos, según la definición dada por el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, son la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses; es patente que los organismos aquí señalados como autoridades responsables, no tienen tal calidad para el juicio de amparo, pues tienen un fin específico como se desprende de la definición dada, por lo que actúan desprovistos de imperio, de ahí que los conflictos que se susciten entre los agremiados y las asociaciones sindicales, incluidos todos los órganos que la conforman, deberán dirimirse ante las autoridades del orden común que correspondan, ya que son actos de particulares, pues actúan únicamente como representantes de los órganos que conforman a la asociación sindical. Ante tal contexto, puede afirmarse que los actos que atribuye y reclama a las autoridades responsables, no pueden considerarse como actos de autoridad que lesionen los derechos humanos de la parte impetrante del amparo. En ese orden de ideas, es patente que los actos que aquí se reclaman no pueden ser considerados como actos de autoridad, pues no existe una relación de supra-subordinación entre el Sindicato en comento, y el ahora quejoso; es decir, los entes sindicales señalados como autoridades responsables, no emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, dado que se posicionan en el plano del particular, en el caso, de líderes del sindicato a que nos hemos venido refiriendo. En esa tesitura, es inconcuso que dichas actuaciones no pueden considerarse como actos de autoridad, pues aún y cuando afectan la situación del quejoso, no son actos emitidos en plano de supra o subordinación, por lo que en todo caso, el quejoso debe acudir a reclamar esa actuación ante el órgano competente encargado de dirimir controversias de orden laboral, suscitadas entre miembros de un sindicato, porque se trata de una relación de coordinación. ***** Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en ****, autorizando para el mismo efecto a *** quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 2324149, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ***Por otro lado, téngase al promovente de mérito oponiéndose a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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