Fernando Montes de Oca Guerrero
Expediente 1191/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Fernando Montes de Oca Guerrero
Actuaciones
- Principal
...VISTA ...SE DECLARA QUE...QUEDA FIRME...SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO...SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...
- Principal
...Querétaro, Querétaro, a diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por ., por propio derecho, a través del Portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Juez Cívico del Municipio de Corregidora Querétaro y otras autoridades, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1191/2022, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. Ahora, considerando que del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele de los siguientes actos: 1. El arresto administrativo del cual fui objeto el pasado viernes dos de septiembre de dos mil veintidós, y por ende la ilegal detención fuera de procedimiento judicial. 2. Los golpes, malos tratos, y azotes recibidos durante mi arresto. 3. La tortura psicológica inferida por los captores. Que se verificaron el dos de septiembre de dos mil veintidós, y que tuvieron su origen en la detención del quejoso realizada en esa fecha por parte de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Corregidora, Querétaro. Al respecto, si bien actos reseñados, están prohibidos por los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y merece tratamiento urgente, lo cierto es que en ocasión a dichos actos se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Lo anterior, porque en ocasión a dichos actos el quejoso narra en su demanda que el día dos de septiembre de dos mil veintidós, Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Corregidora, Qro, en un retén de tránsito municipal, que se localizaba a la entrada del municipio de corregidora Querétaro, viniendo de San José del Llanito. Siendo que al cuestionarles sobre su procedencia y destino de manera inmediata les pidieron bajar de su vehículo, amenazándolos para que no opusieran resistencia, sin embargo el quejoso, se opuso a ello y a los citados policías, ya que en ningún momento de su actuar, según su dicho se identificaron ni tampoco les mostraron alguna orden emitida por autoridad competente. Es por ello que posterior a un lapso de tiempo su familia descendió del carro y al ver que se entablo una discusión forcejeo con los elementos policiacos intervinieron de manera directa su hermano y hermana de nombres Rosalinda y Santiago Montes de Oca Guerrero, momento en el cual más elementos con uso de violencia los detuvieron y arrestan, llevándolos al Juzgado Cívico del municipio de corregidora, según su dicho por desacato. Siendo que según dicho del quejoso al ser arrestados fueron golpeados por los captores además de que los azotaron en el vehículo en el que los transportaron, además que durante todo el camino les hicieron manifestaciones intimidantes, esto es que les iban a sembrar más cosas para que duraran más tiempo detenido. Sin embargo, al llegar al Juzgado Cívico, y pasado un lapso de ocho horas aproximadamente fueron puestos en libertad por el juez cívico, alegando que únicamente se les había arrestado por resistencia de particulares en razón de la revisión a su vehículo, además de haber tenido que pagar una multa de $1200.00 la cual no reclama en esta vía de amparo. Teniendo el temor de que dichos actos se vuelvan a presentar dadas las amenazas de los policías captores y al haber tenido contacto con su vehículo y tomado datos. Como se ve, a pesar de que el quejoso reclama a) El arresto administrativo del cual fue objeto el pasado viernes dos de septiembre de dos mil veintidós, y por ende la ilegal detención fuera de procedimiento judicial, b) Los golpes, malos tratos, y azotes recibidos efectuados durante dicho arresto, y c) La tortura psicológica inferida por los captores, de su demanda se aprecia que la misma se ejecutó el dos de septiembre de dos mil veintidós, es decir desde el momento de la detención hasta la liberación del quejoso, en la inteligencia que el mismo quejoso señala haber sido arrestado durante ocho horas, de modo que el tiempo que duro dicha ejecución está ejecutada de modo irreparable, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal que reclama durante ese lapso, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos como el amparo restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado durante ese día. Ante lo cual, resulta improcedente el juicio de amparo, en ocasión al consabido acto identificado en los incisos 1), 2), y 3) de este acuerdo, y por ende, acorde a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al ser notoriamente improcedente respecto de tal acto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, registro 171537, que señala: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Como corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve ., por ser notoriamente improcedente, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo). En diverso orden de ideas, se tiene como domicilio procesal el mencionado en la demanda, esto es los estrados de este Juzgado Federal, y como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señala en el ocurso de cuenta por no contar con el registro correspondiente en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. NOTIFIQUESE.
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