Fernando Montero Ruiz
Expediente 1823/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1823/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2018
Partes del expediente
- Fernando Montero Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación contra la resolución de treinta de octubre del año en curso (fojas 47 a la 54); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su ordinales 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario asentar el cómputo correspondiente, respecto a las demás partes, pues dado el sentido de la sentencia, no estuvieron en posibilidad de recurrirla. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Asimismo, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar emitida tanto en la provisional, como en la definitiva, se negó, respecto del acto reclamado (fojas 25 a la 26 y 30 a la 32 del original del cuaderno incidental); por ende, déjense por separado los mismos del juicio principal; por lo que una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; en tanto que el cuaderno original, será destruido una vez que transcurran más de cinco años; previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de septiembre del año en curso; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia en su arábigo 2, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurra un plazo de cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Luego, con sustento en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Primero, fracción III, último párrafo, del citado Acuerdo General, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados; previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el Libro de Gobierno que corresponda. Cabe precisar que, dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, la parte quejosa exhibió póliza de fianza número 3517-22418-3, expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de $*, con el objeto de garantizar la concesión de la suspensión definitiva decretada en autos; sin embargo, atendiendo al sentido del fallo este Juzgado se reserva realizar pronunciamiento alguno, hasta en tanto transcurra el término de seis meses que establece el ordinal 156 de la Ley de Amparo, plazo dentro del cual la parte tercera interesada, podrá reclamar la garantía otorgada. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad exhibió consistentes en dos legajos de copias certificadas relativas al expediente laboral 113/2008 de su índice.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el Director General del ** del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nayarit, a través del cual informa que mediante comunicado ISS.018.200.204/828/2018, de veintiuno de agosto del año en curso, dio repuesta a lo solicitado por la quejosa, sin que haya lugar a realizar manifestación alguna al respecto, toda vez que mediante sentencia emitida en autos el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 116 a 125), se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
Tepic, Nayarit, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la interlocutoria de trece de septiembre del año en curso (fojas 288 a 292); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por León Felipe Salazar Benítez, delegado de las autoridades responsables Tesorero y Director de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual informa la imposibilidad que tienen las responsables para dar cabal cumplimiento al fallo protector dictado en autos; y por ende propone un cumplimiento sustituto a la ejecutoria en comento, por medio del convenio que transcribe en su ocurso; luego, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2, dese vista a la parte quejosa, con el escrito de cuenta para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, se seguirá el cumplimiento al fallo protector en los términos establecidos en la ejecutoria respectiva, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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