Fernando Montejo Rodríguez y Otros.
Expediente 1520/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1520/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Fernando Montejo Rodríguez y Otros.
- Fernando Montejo Rodríguez
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el escrito de cuenta, signado por el quejoso Roberto Ulises Zavaleta de los Santos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse, en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo dentro del término de TRES DÍAS a que alude el precepto citado en último término, adjuntándose el original del escrito de expresión de agravios. Fórmese cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese y personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.
- Principal
mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: con la demanda de cuenta se tiene a Fernando Montejo Rodríguez, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, que estima violatorios de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1520/2021-7. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: El acuerdo emitido por la autoridad responsable el treinta de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 3639/2019, de su índice. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo y por lo que respecta al acto reclamado, éste órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La causal en comento consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos. Bajo esa tesitura, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 13, Volumen 139-144, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL." De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca; Que el acto cause un agravio al quejoso; y, Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado. En el presente caso, se colma el primer y segundo requisito por ser un acto consentido, el primero de ellos sobre la existencia del acto reclamado, pues así se desprende del apartado del acto reclamado de su escrito de demanda, lo cual constituye una confesión en términos del artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y el segundo, que le cause un agravio al quejoso, el que quedó satisfecho según la lectura de los antecedentes del acto impugnado y conceptos de violación formulados. Siguiendo con el análisis, en lo que respecta al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de igual manera se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese contexto, existen tres supuestos para computar el referido plazo, a saber: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; y, Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, en el primero de los supuestos, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad señalada como responsable haya notificado al quejoso la resolución reclamada, pues únicamente de esa manera el cómputo empezará a correr a partir del día siguiente al en que surta efectos la referida notificación; lo que no sucede en los últimos dos supuestos, en los que el término se computa a partir del día siguiente en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos que reclama, ya que no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto. En consecuencia, si está acreditado, como a continuación se expondrá, que la parte quejosa tuvo conocimiento del acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, en el cual la autoridad responsable difirió la audiencia para el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente natural 639/2018, la cual le fue notificada a su apoderado legal, al encontrarse presente en la misma; y éste no promovió la demanda de amparo en el término genérico de quince días como lo previene el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, debe considerarse que ha consentido tácitamente el acto reclamado. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, Novena Época, con registro número 163172, que reza: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ" En el caso, la parte quejosa manifestó en su escrito de demanda, que tuvo conocimiento del auto reclamado el treinta de junio del presente año, al tener comunicación con su abogado. Sin embargo, de las constancias que adjuntó la impetrante a su libelo de amparo, en la citada diligencia, al encontrarse presente el apoderado legal de la parte actora, aquí quejoso Fernando Montejo Rodríguez, fue notificado en ese momento. Lo anterior, pues se pone en evidencia que la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal tuvo conocimiento del acto reclamado en este asunto desde el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que se le notificó el acuerdo reclamado. Se afirma lo anterior, en razón que la quejosa no tenía por qué esperar que la autoridad responsable le notificara formalmente el acto reclamado para que pudiera solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, podían impugnarlo en la vía de amparo; por tanto, tomando en consideración que en el presente asunto se actualiza la tercera hipótesis prevista por el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativa al momento a partir del cual deberá de computarse el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo (al siguiente día de aquel en que se haya ostentado sabedor del referido acto). Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y contenido siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.J/30 sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 682, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "REPRESENTANTE LEGAL. NO PUEDE IGNORAR HECHOS QUE CONOCIÓ EN LO PERSONAL.". También apoya a lo anterior, la jurisprudencia 992 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 682, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR CON TAL CARACTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL.". De igual forma, el diverso I.5o.C.37 C, publicado en la página 870, Tomo III, Marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 202851, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. EL REPRESENTANTE LEGAL NO PUEDE IGNORARLO COMO PERSONA FISICA." Finalmente, resulta aplicable, el criterio publicado en la página 395, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, registro 219263, del siguiente rubro y texto: "APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL QUEJOSO, CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO POR CONDUCTO DEL." En consecuencia, según las reglas descritas en el párrafo que antecede, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa estuviera en aptitud de promover su demanda de amparo, se computa a partir del día siguiente hábil al en que haya surtido efectos, en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en este caso por conducto de su apoderado legal, por lo que transcurrió del uno de julio al cinco de agosto de dos mil veintiuno, descontando los días sábados y domingos, y el periodo del diecinueve de julio al dos de agosto de este año, por el primer periodo vacacional de la Junta Local. Esto último, se corrobora con el oficio 1088/2021, de quince de julio del presente, signado por la Presidenta de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Lo anterior se puede observar a continuación: Mes de julio de dos mil veintiuno Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Empieza a correr el término para la promoción de juicio de amparo. Día uno 2 Día dos 3 inhábil 4 inhábil 5 Día tres 6 Día cuatro 7 Día cinco 8 Día seis 9 Día siete 10 Inhábil 11 inhábil 12 Día ocho 13 Día nueve 14 Día diez 15 Día once 16 Día doce 17 inhábil 18 inhábil 19 Inhábil 20 Inhábil 21 Inhábil 22 Inhábil 23 Inhábil 24 inhábil 25 inhábil 26 Inhábil 27 Inhábil 28 Inhábil 29 Inhábil 30 Inhábil 31 Inhábil AGOSTO Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 inhábil 2 inhábil 3 Día trece 4 Día catorce 5 Día quince 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 De lo antes expuesto, se desprende que la demanda fue recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. De lo anterior, resulta evidente que el impetrante de amparo consintió tácitamente el acto que reclama. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 49, Núm. 86-2, Febrero de 1995, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a foja 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." De igual forma, lo es la jurisprudencia sustentada por el más Alto Tribunal del País, número 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. ". En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto reclamado planteado se trate de una dilación procesal (fecha lejana), pues lo cierto es que éste reviste un carácter positivo, es decir, no consiste en la omisión de proveer en relación con las probanzas ofrecidas por las partes, sino en el señalamiento de una fecha distante para su desahogo, lo que desde luego entraña que a partir de su emisión, produjo las violaciones que aduce el referido ocursante y no por la omisión en su dictado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.5o.C.21 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y uno, tomo XXI, mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS". Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.." Así como, la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral tratándose de patrón, administrativa y penal. Ahora bien, en relación al número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DIGITALIZACIÓN En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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