Fernando Molina Montalva
Expediente 787/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Molina Montalva
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por XXXXXXXX. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de mayo de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por el promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por medio de lista. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte promovente.
- Principal
México, Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
*CITATORIO.- SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "México, Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA El escrito inicial de demanda fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el once de octubre de dos mil veintiuno, y recibido el trece de octubre del año en curso en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. PERSONALIDAD La demanda la promueve ********* por propio derecho, en contra del acto que reclama de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil, ambos de la Ciudad de México. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de Gobierno con el número 787/2021-II, y con número de NEUN 28858608. ACTO RECLAMADO La resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca 342/2021/1, por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se revocó el auto de veintiséis de mayo del año en curso, dictado por el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de esta ciudad, mediante el cual se decretó la caducidad de la instancia, dictado en el juicio ordinario civil 1345/2019, seguido por ********** Y ***********, en contra de Operadora de Hospitales Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable y ********** aquí quejoso, y en su lugar, no acordó de conformidad la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada, ordenando que se realice la designación del perito tercero en discordia, para el desahogo de la prueba pericial en materia de medicina. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1) El acto reclamado deriva juicio ordinario civil 1345/2019, seguido por *********** Y ************** en contra de Operadora de Hospitales Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable y **********, radicada ante el Juez Cuadragésimo Sexto de lo Civil de esta ciudad. 2) Una vez abierto el juicio a prueba, la parte actora ofreció como medio de convicción la prueba en materia de medicina. 3) mediante acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, el juez de origen designó perito tercero. 4) en audiencia de once de abril de dos mil diecinueve, se hizo constar el fallecimiento del perito tercero, y se designó a otro en sustitución. 5) En la etapa probatoria la demandada Operadora de Hospitales Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó la actualización de la caducidad de la instancia. 6) A dicha petición, recayó el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el que se decretó la caducidad de la instancia. 7) Inconforme con lo anterior, la parte actora en el juicio de origen, interpuso recurso de apelación, el cual, por razón de turno, correspondió resolver a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, revocó el auto impugnado. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Ahora bien, en el presente caso se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ya que las resoluciones reclamadas no son de imposible reparación, como se verá a continuación. En efecto, los actos cuya ejecución es de imposible reparación, se trata de aquellos en las que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas, aún con la obtención de un fallo favorable, quedan irreparablemente consumadas. En cambio, los actos en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación cuando la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con la posición que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos y garantías del gobernado; y en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales reconocidos, está en condiciones de hacerlas valer como tales en recurso que la materia prevea que en su caso promueva, o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el Toca 342/2021/1, que se revocó el auto de veintiséis de mayo del año en curso, mediante el cual se decretó la caducidad de la instancia, dictado en el juicio ordinario civil 1345/2019 y, en su lugar, no acordó de conformidad la caducidad de la instancia, no constituye un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no tiene como consecuencia directa e inmediata la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera. Lo anterior es así, pues en la determinación reclamada, esencialmente, se determinó revocar el auto dictado en el juicio de origen, en el que se había decretado la caducidad de la instancia, para en su lugar, declarar que no operaba dicha caducidad; por tanto, no afecta en ninguna forma sus derechos sustantivos constitucionales, ni puede considerarse una violación procesal que los afecte, pues sólo producen efectos de carácter formal o adjetivo, ya que, únicamente, incide en el curso natural del juicio. De ahí que la resolución que constituye el acto reclamado, sólo produce efectos de carácter intraprocesal, pues no está en juego ningún derecho humano reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales en los que México es parte. Además, existe la posibilidad que la resolución que posteriormente dicte el Juez en el juicio de origen para resolver la controversia natural, sea favorable a los intereses de la parte quejosa, en cuyo caso, la molestia que la resolución reclamada causa hoy a la quejosa, se extinguiría sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que dicha determinación fuera adversa a los intereses de la parte quejosa, estará en condiciones de hacer valer lo que hoy reclama mediante el recurso que en su caso interponga en contra de la resolución que se dicte, posteriormente, contra la resolución de alzada y el juicio de amparo correspondiente; razones por las que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, Décima Época, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.. Así pues, se estima que aquel supuesto es análogo a la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad en juicios ordinarios, pues tiene también el efecto de continuar el trámite del juicio respectivo; y sus efectos son sólo intraprocesales; por lo que, el criterio en cita también debe aplicarse en dicho caso. En consecuencia, la resolución que confirma la negativa a decretar la caducidad de la instancia no es impugnable en amparo indirecto, pues no impide el libre ejercicio de algún derecho y, por otro lado, no afecta materialmente los derechos sustantivos del quejoso; por lo que, en su caso, sólo puede ser reclamada como violación procesal en la vía del amparo directo." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por **********. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del promovente el que indica en su escrito de cuenta. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********* , **********, Y **********, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al diverso profesionista que indica por no tener registrada su cédula en el referido Registro Único de Profesionales del Derecho, y a las demás personas que señala se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico a los usuarios "******" y "******", ya que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena darlos de alta en el sistema, autorizándoles el acceso al expediente electrónico, en términos de lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.
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