Fernando Méndoza Cruz
Expediente 255/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 17/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Méndoza Cruz
- Fernando Méndoza Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
MESA II B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de dos de marzo de dos mil quince (fojas 36 a 41), por una parte se negó y, por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original al haberse concedido en parte la medida cautelar de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el veintitrés de marzo de dos mil quince (fojas 46 a 49), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, mediante oficio que al efecto se gire devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, la copia certificada de la causa penal 08/2015 de su índice, que acompañó a su informe justificado, con la que en proveído de seis de marzo del año en curso, se ordenó formar por separado el cuaderno de pruebas respectivo (foja 18). Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
MESA II B Agréguese a los autos el oficio 631 signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada del auto de formal prisión dictado el dieciocho de marzo de dos mil quince, en la causa penal 08/2015 de su índice; documental que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos FERNANDO MENDOZA CRUZ, JULIÁN GAUDENCIO MENDOZA CRUZ, TERESO GREGORIO VÁSQUEZ SALINAS, ROBERTA MENDOZA CRUZ, LEONCIO FLORENTINO VÁSQUEZ SALINAS y JULIA MENDOZA CRUZ, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; así como del Coordinador General y Comandante de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, que hicieron consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución material de la misma, en su respectiva esfera de competencias. Ahora, de las constancias que obran en autos, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 16), aceptó de manera general la existencia del acto que le atribuyen los impetrantes; sin embargo, de las constancias que remitió como complemento a su informe justificado se aprecia que el mandamiento de captura únicamente fue librado en contra de las quejosa ROBERTA MENDOZA CRUZ y JULIA MENDOZA CRUZ (fojas 1 y 54 a 73 del cuaderno de pruebas); por tanto, el acto que se le reclaman los inconformes FERNANDO MENDOZA CRUZ, JULIÁN GAUDENCIO MENDOZA CRUZ, TERESO GREGORIO VÁSQUEZ SALINAS, y LEONCIO FLORENTINO VÁSQUEZ SALINAS, se tiene como inexistente. Asimismo, que las autoridades responsables Agente Estatal de Investigaciones de la Guardia en Turno de la Comandancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (denominación correcta de la señalada como Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones); así como Coordinador General y Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, el primero por conducto de la Jefa de Unidad Administrativa y de Carrera Policial de dicha agencia, al rendir su informe justificado (fojas 14, 11 y 12) negaron la existencia de los actos que les reclaman los quejosos FERNANDO MENDOZA CRUZ, JULIÁN GAUDENCIO MENDOZA CRUZ, TERESO GREGORIO VÁSQUEZ SALINAS, y LEONCIO FLORENTINO VÁSQUEZ SALINAS. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados por los referidos quejosos a las precisadas autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En otro orden se advierte que la Juez Mixto de Primera Instancia y Agente Estatal de Investigaciones de la Guardia en Turno de la Comandancia, ambos con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que les reclaman las quejosas ROBERTA MENDOZA CRUZ y JULIA MENDOZA CRUZ, pues al efecto la autoridad judicial en comento manifestó que el diecisiete de febrero de dos mil quince, en la causa penal 08/2015 de su registro, libró orden de aprehensión en contra de las impetrantes de mérito, por el delito de lesiones simples cometido en agravio de Amelia Natalia Mejía Salinas(fojas 14 y 16). Por su parte, el Coordinador General y Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, el primero a través de la Jefa de Unidad Administrativa y de Carrera Policial de dicha agencia, al rendir su informe justificado (fojas 11 y 12), negaron la existencia del acto de ejecución que les atribuyen las quejosas; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de que la orden de captura de la cual deriva la ejecución fue aceptada por el juez responsable, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado, las citadas autoridades pueden ejecutar el acto de que se trata; en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se les reclama. Ahora, del oficio 631 agregado en párrafos que anteceden, se conoce que la Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, por resolución de dieciocho de marzo de dos mil quince, emitida en la causa penal 08/2015 de su registro, dictó auto de formal prisión en contra de las quejosas ROBERTA MENDOZA CRUZ y JULIA MENDOZA CRUZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones simples en agravio de Amelia Natalia Mejía Salinas. En tales condiciones, es evidente que con el dictado del auto de formal prisión ha cambiado la situación jurídica de las quejosas, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, pues la orden de aprehensión combatida no puede ser analizada sin afectar la nueva situación jurídica creada por el auto de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a las quejosas ni las priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido al Agente Estatal de Investigaciones de la Guardia en Turno de la Comandancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; así como al Coordinador General y al Comandante del Grupo de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 5 vuelta). Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: MESA II B Agréguese a los autos el oficio 631 signado por la Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mediante el cual remite copia certificada del auto de formal prisión dictado el dieciocho de marzo de dos mil quince, en la causa penal 08/2015 de su índice; documental que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos FERNANDO MENDOZA CRUZ, JULIÁN GAUDENCIO MENDOZA CRUZ, TERESO GREGORIO VÁSQUEZ SALINAS, ROBERTA MENDOZA CRUZ, LEONCIO FLORENTINO VÁSQUEZ SALINAS y JULIA MENDOZA CRUZ, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; así como del Coordinador General y Comandante de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, que hicieron consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución material de la misma, en su respectiva esfera de competencias. Ahora, de las constancias que obran en autos, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir su informe justificado (foja 16), aceptó de manera general la existencia del acto que le atribuyen los impetrantes; sin embargo, de las constancias que remitió como complemento a su informe justificado se aprecia que el mandamiento de captura únicamente fue librado en contra de las quejosa ROBERTA MENDOZA CRUZ y JULIA MENDOZA CRUZ (fojas 1 y 54 a 73 del cuaderno de pruebas); por tanto, el acto que se le reclaman los inconformes FERNANDO MENDOZA CRUZ, JULIÁN GAUDENCIO MENDOZA CRUZ, TERESO GREGORIO VÁSQUEZ SALINAS, y LEONCIO FLORENTINO VÁSQUEZ SALINAS, se tiene como inexistente. Asimismo, que las autoridades responsables Agente Estatal de Investigaciones de la Guardia en Turno de la Comandancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (denominación correcta de la señalada como Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones); así como Coordinador General y Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, el primero por conducto de la Jefa de Unidad Administrativa y de Carrera Policial de dicha agencia, al rendir su informe justificado (fojas 14, 11 y 12) negaron la existencia de los actos que les reclaman los quejosos FERNANDO MENDOZA CRUZ, JULIÁN GAUDENCIO MENDOZA CRUZ, TERESO GREGORIO VÁSQUEZ SALINAS, y LEONCIO FLORENTINO VÁSQUEZ SALINAS. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados por los referidos quejosos a las precisadas autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En otro orden se advierte que la Juez Mixto de Primera Instancia y Agente Estatal de Investigaciones de la Guardia en Turno de la Comandancia, ambos con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que les reclaman las quejosas ROBERTA MENDOZA CRUZ y JULIA MENDOZA CRUZ, pues al efecto la autoridad judicial en comento manifestó que el diecisiete de febrero de dos mil quince, en la causa penal 08/2015 de su registro, libró orden de aprehensión en contra de las impetrantes de mérito, por el delito de lesiones simples cometido en agravio de Amelia Natalia Mejía Salinas(fojas 14 y 16). Por su parte, el Coordinador General y Comandante Encargado del Grupo de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, el primero a través de la Jefa de Unidad Administrativa y de Carrera Policial de dicha agencia, al rendir su informe justificado (fojas 11 y 12), negaron la existencia del acto de ejecución que les atribuyen las quejosas; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en virtud de que la orden de captura de la cual deriva la ejecución fue aceptada por el juez responsable, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado, las citadas autoridades pueden ejecutar el acto de que se trata; en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se les reclama. Ahora, del oficio 631 agregado en párrafos que anteceden, se conoce que la Juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, por resolución de dieciocho de marzo de dos mil quince, emitida en la causa penal 08/2015 de su registro, dictó auto de formal prisión en contra de las quejosas ROBERTA MENDOZA CRUZ y JULIA MENDOZA CRUZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones simples en agravio de Amelia Natalia Mejía Salinas. En tales condiciones, es evidente que con el dictado del auto de formal prisión ha cambiado la situación jurídica de las quejosas, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, pues la orden de aprehensión combatida no puede ser analizada sin afectar la nueva situación jurídica creada por el auto de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a las quejosas ni las priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido al Agente Estatal de Investigaciones de la Guardia en Turno de la Comandancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; así como al Coordinador General y al Comandante del Grupo de Aprehensiones ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual derivan. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 5 vuelta). Notifíquese personalmente.
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