Fernando Mazon Elizalde

Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
937/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Fernando Mazon Elizalde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia constitucional estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con anexo remitido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, remite copia certificada de la constancia de notificación a la parte actora, respecto del acuerdo dictado el dos de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio burocrático 01/374/17. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante. Causa de improcedencia. Ahora bien, de la lectura del informe justificado de rendido por la autoridad responsable y de las constancias remitidas en el requerimiento de cuenta, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Resulta necesario mencionar que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo que depositó el diecinueve de julio de dos mil veintidós, reclamó la omisión de las autoridades responsables de acordar el escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, registrado bajo el número de folio ******** por medio cual, solicitó que se emitiría auto de ejecución en el juicio de origen, así como su respectiva notificación. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado recibido en este juzgado de Distrito el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el dos de agosto del año en curso, la autoridad responsable acordó el escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, registrado bajo el número de folio 0009327, y en consecuencia, emitió auto de ejecución dentro del juicio burocrático 01/374/17. Asimismo, la autoridad responsable en el oficio de cuenta, remite copia certificada de la constancia de notificación a la actora (aquí parte quejosa), respecto del acuerdo referido en el párrafo que antecede, realizada personalmente el treinta de agosto de dos mil veintidós, por medio de su autorizada para tal efecto. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al diecinueve de julio de dos mil veintidós, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había acordado el escrito presentado por la parte quejosa, y por ende su no notificación, lo cierto es que como quedó asentado en párrafos precedentes, el dos de agosto del año en curso, acordó el escrito y el treinta de agosto siguiente, se lo notificó personalmente a la parte actora en el juicio de origen, por medio de su autorizada para dicho efecto, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. De donde se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado, pues con dichas actuaciones llevadas a cabo en el juicio natural, la parte quejosa fue restituida en el goce del derecho fundamental violado. En ese cause de pensamiento, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto legal la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinden las autoridades responsables: Presidente y Tercer Árbitro y Actuario, adscritos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de. Informe en el que niegan la existencia del acto reclamado. Vista. Con el contenido de dicho informe y anexo, dése vista a las partes para que se impongan del contenido del mismo. Relaciónense en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se les de vista con el informe justificado respectivo. Delegados y domicilio. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tiene a la oficiante designando delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. Manifestación. Se tiene a la autoridad responsable informando que no localizó registro de diverso juicio de amparo promovido por la parte quejosa, que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las documentales que allega la oficiante, sin perjuicio de que sean relacionadas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Personalidad. De igual forma, de las constancias remitidas por la responsable se advierte la personalidad de Salvador Versañez Resendiz, como apoderado de Fernando Mazón Elizalde y Alejandro Galindo Pineda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo se tiene por reconocido tal carácter. Uso de medios electrónicos. Como lo solicita la autoridad oficiante, se le autoriza, la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Se requieren constancias. Por otra parte, a fin de que el presente asunto se encuentre debidamente integrado, se ordena requerir al Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, allegue copia certificada de la constancia de notificación a la parte actora dentro del juicio burocrático ****** respecto del acuerdo dictado el dos de agosto de dos mil veintidós. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así o de no manifestar la imposibilidad que tengan para cumplir con lo solicitado, con apoyo en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, como medida de apremio, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Diferimiento audiencia constitucional. Se difiere anticipadamente. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de agosto del año en curso, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual realiza manifestaciones, y remite copia certificada de diversas constancias, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. En atención a su contenido, indíquese a la oficiante, que las autoridades responsables deben desarrollar todas las acciones que se requieran dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal que corresponda, de los recursos monetarios necesarios a fin de acatar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que, aunque como lo manifiesta el Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado de Morelos, le hayan negado una ampliación presupuestal, tiene la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, sobre el particular es aplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 162469 y rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.". Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a ********************, Presidente Municipal, ********************, integrantes del Cabildo, todos en su carácter de superiores jerárquicos de ********************Tesorera Municipal, todos del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cabal cumplimiento al fallo amparador; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Por cuanto a la vinculación del Ejecutivo Estatal y del Congreso del Estado de Morelos, dígasele que una vez que cumpla con lo requerido, se acordará lo conducente. Notifíquese.

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