Fernando Martínez Rodríguez
Expediente 908/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Martínez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este Juzgado. De conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental y no existen documentos originales que devolver. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
*AVISO* SE NOTIFICA POR LISTA A MARCO ANTONIO TOVAR DE LA TORRE EL AUTO DE 24/09/2021.
- Principal
el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, que basta la lectura de la demanda, así como de los documentos que se anexen para determinar la actualización de una causa de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia I.1o.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Análisis del caso. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de divorcio incausado 606/2020, por virtud del cual el Juez Noveno Familiar de la Ciudad de México, como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, admitió a trámite la demanda de amparo y negó la suspensión del acto reclamado. Por tanto, atendiendo a dicho acto reclamado, la demanda de amparo resulta improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en la fracción invocada, dispone que: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. " La lectura del precepto y fracción transcrita, permite establecer que las determinaciones emitidas en un juicio de amparo forman parte de su procedimiento, por lo que éste resulta improcedente cuando en su contra se promueve un juicio de amparo, puesto que en todo caso debe acudirse, de ser el caso, al sistema de recursos previsto en la Ley de Amparo. En ese sentido, el acto reclamado se hace consistir en actos que provienen de un juicio de amparo directo, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en tanto que se reclama precisamente el trámite del juicio de amparo directo, lo cual no puede ser materia del juicio constitucional en términos de la disposición legal ya citada, en tanto que el presente no procede contra acuerdos dictados a su vez en un juicio de amparo o en ejecución de esos proveídos. Esto es, si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un diverso juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo y fracción transcritos, lo que no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier determinación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en ellos, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". Asimismo, es aplicable por analogía la Tesis 2ª.XLIX/2017, con registro 2014019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1391, tomo II, libro 40, marzo de 2017, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo.". Del mismo modo, se cita la tesis 1a. LXX/2003, de registro 182624, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83, tomo XVIII-diciembre de 2003, materia común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el "juicio" en lo principal." Así las cosas, como ya se adelantó, si el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de divorcio incausado 606/2020, por virtud del cual el Juez Noveno Familiar de la Ciudad de México, como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, admitió a trámite la demanda de amparo y negó la suspensión del acto reclamado, es inconcuso que la parte quejosa pretende combatir a través de un juicio de amparo determinaciones acaecidas en un juicio también de amparo, por lo que acorde con los alcances de la causal invocada, jurídicamente no es posible. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los artículos 108, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Patricio Sanz número treinta y tres, despacho trescientos tres, colonia Del Valle Norte, alcaldía Benito Juárez, código postal cero tres mil ciento tres, en esta ciudad. Por otra parte, ténganse por autorizados de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a Eduardo David Bermúdez Esparza, Luis Enrique Castañeda Jaimes, Ángel Zamora y Sergio Humberto González Díaz, en virtud de tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Correo electrónico y número telefónico. Asimismo, ténganse por señalados el correo electrónico y número telefónico siguiente: bermudezalf@yahoo.com.mx y 5515023682, para los efectos establecidos en la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, para el caso de que este órgano jurisdiccional considere necesario contactarlos por esa vía. Autorización para obtener imágenes. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente. Transparencia. De conformidad con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento del promovente que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 73, fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tome en cuenta si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la Ley citada; así como para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral 6º del ordenamiento reglamentario en cita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea (acceso al expediente electrónico, notificaciones por esa vía, así como el uso de la FIREL o la e-firma); y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique a las partes todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Las notificaciones ordenadas en este auto, deberán practicarse acatando lo dispuesto en el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente al promovente.
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