Fernando Martínez Pérez

Expediente 1844/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1844/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2016

Partes del expediente

  • Fernando Martínez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de desechamiento de demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por Fernando Martínez Pérez; regístrese la demanda bajo el número 1844/2016-V-A DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama la interlocutoria emitida el quince de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 377/2016, en el cual la junta responsable declaró improcedente el incidente de personalidad planteado por su apoderada. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracción XII, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior es así, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Por lo que en estos casos (los de imposible reparación), no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, o inclusive a través del amparo directo que se intentase dada la propia naturaleza del acto; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Ello, ya que tratándose de la determinación que declaró improcedente el incidente de personalidad, en su caso, es sería una violación que debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172 fracción XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que advierta haya incurrido la autoridad y hubieran sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos. En ese orden, el acto que por esta vía se reclama no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrían ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Apoya la anterior determinación, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (10a. Época; Pleno; Semanario Judicial de la Federación P./J. 37/2014) Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio relativos a la personalidad, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido en esa connotación (imposible reparación) la resolución que declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por el ahora quejoso, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado del acuerdo reclamado, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada. Por tanto, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable a la jurídico colectiva quejosa, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 182 de la ley de la materia. Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que refieren en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."

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