Fernando Martínez Olivares
Expediente 527/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2016
Partes del expediente
- Fernando Martínez Olivares
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído en el que se desechó la demanda en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la PARTE QUEJOSA FERNANDO MARTINEZ OLIVARES Y RIGOBERTO MARTÍNEZ OLIVARES, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa; Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Martinez Olivares y Rigoberto Martínez Olivares, por su propio derecho, contra actos de: 1. Juez Segundo de lo Civil, Provisional del Partido Judicial, de este municipio de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 527/2016-IV-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar sí el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción de que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por los quejosos, consistente en: "ACTO RECLAMADO. 1.- En contra del Auto que Admite la PRUEBA CONFECIONAL (sic), de fecha 26 de Octubre del presente 2016, mismo que fue publicado en el boletín judicial del Estado de Baja California, el día 3 de Noviembre del 2016, y surtiendo sus efectos el día 4 del mismo mes y la misma anualidad. Que en contravención a la ley aplicable y vigente admite la prueba confesional, precisando por el juez por voluntad propia quienes deberán absolver la prueba sin haberle sido solicitado." Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos meramente de naturaleza adjetiva o procesal, como lo es el auto que admitió la prueba confesional, en perjuicio de los quejosos, en el incidente de liquidación de pensión alimenticia. En efecto, el acto aquí reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la resolución que llegue a pronunciarse en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, en caso de ser favorable a los quejosos, y en el supuesto de no ser así, estarán en aptitud de impugnar la violación procesal referida, en contra de la resolución que en su momento se dicte. Resultan aplicables al caso por identidad jurídica, las jurisprudencias cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." (Tesis 3ª. 43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época). "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." (Tesis IV.2o.J13/, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 538, Tomo III, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común Novena Época). "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS: La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." (Tesis XXI.10.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 768, Tomo IV, Septiembre de 1996, Materia Común, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). No es obstáculo a esta determinación, lo expuesto en la demanda, en el sentido de que el auto que desecha una prueba, conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, no es apelable, pues ello, únicamente permitiría al quejoso acudir al juicio constitucional, sin agotar los medios de defensa ordinarios, según exige el principio de definitividad, no obstante, como ya se explicó, en el caso, el auto que reclaman de la autoridad responsable no afecta derechos sustantivos, por lo que, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Fernando Martinez Olivares y Rigoberto Martínez Olivares. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el indicado en su escrito de demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la ley de la materia a Jaime Xicoténcatl Palafox Toscano, Jaime Xicoténcatl Palafox Granados, Ángel Pantoja Pantoja y Jesús Pérez Pérez, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Perla Magaly Zapari Bolanos, Miguel Ángel Vázquez González y Miguel Alan Rodríguez Barrientos, por no contar con el requisito antes mencionado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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