Fernando Martínez Mancillas
Expediente 1352/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Fernando Martínez Mancillas
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Fernando Martínez Mancillas, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.
- Principal
trece de noviembre de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido de los acuerdos dictado(s) en trece y treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, a la parte agraviada Fernando Martínez Mancillas, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación de los referidos acuerdos, mismos que en lo conducente dicen: Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida Fernando Martínez Mancillas, por conducto de su defensora Rosa Elena Saucedo Covarrubia, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el control electrónico que corresponda, bajo número 1352/2023-I. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; en el entendido de que no se formará físicamente el duplicado del incidente en términos del artículo 2641 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las trece horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que el informe deberá estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le 1 "Artículo 264. En el juicio de amparo indirecto, por regla general, no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión". impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Ahora, toda vez que la licenciada Rosa Elena Saucedo Covarrubias, promueve la demanda de amparo con la personalidad que aduce tener reconocida a favor del quejoso dentro de la causa penal 482/2023, del índice del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita la certificación correspondiente a fin de conocer si la promovente, en efecto, cuenta con el carácter de defensora pública de Fernando Martínez Mancillas y si a la fecha sigue ostentándolo, a fin de proveer lo conducente en términos del citado numeral; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237 fracción I y 259 de la ley de la materia. Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese con vista a las partes para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control; lo anterior, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. De igual forma, informa que vinculó la causa penal 482/2023, de su índice al presente juicio de amparo, conforme en lo dispuesto por el artículo 73 y 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que lleve a cabo las gestiones necesarias para acceder al expediente electrónico en mención. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que el dieciocho de octubre del año en curso, dentro de la causa penal 482/2023, de su índice y previo debate entre las partes, determinó dejar sin efectos la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso Fernando Martínez Mancillas y se le impuso diversa medida cautelar consistente en presentación periódica semanal al Centro de Justicia Penal Federal. Ahora visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el quejoso en mención reclama la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su perjuicio en audiencia de once de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 482/2023. En mérito de lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Lo anterior es así, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la resolución de tres de octubre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió la subsistencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su perjuicio en audiencia de once de mayo del presente año, en la causa penal 482/2023; sin embargo, la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control informó que el dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal en mención, determinó dejar sin efectos la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso Fernando Martínez Mancillas y se le impuso diversa medida cautelar consistente en presentación periódica semanal al Centro de Justicia Penal Federal. En ese contexto, dado que posteriormente a la presentación de la demanda, se dejó insubsistente la resolución de once de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 482/2023 del índice de la autoridad responsable y previo debate entre las partes, impuso diversa medida cautelar; por tanto, es inconcuso que hubo un cambio de situación jurídica, por lo que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados sin afectar la nueva situación, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las trece horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, agréguese a los autos para que orbe como corresponda la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional que no le fue posible notificar personalmente al quejoso Fernando Martínez Mancillas, el contenido del auto de trece de octubre del año en curso, en virtud de que el Asesor Jurídico del Centro de Reinserción Social Tijuana, le informó que fue puesto en libertad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso Fernando Martínez Mancillas, por lista en los estrados de este Juzgado, el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida ********************, por conducto de su defensora ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con sede en Tijuana, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el control electrónico que corresponda, bajo número 1352/2023-I. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; en el entendido de que no se formará físicamente el duplicado del incidente en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las trece horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estimen pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que el informe deberá estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Ahora, toda vez que la licenciada ********************s, promueve la demanda de amparo con la personalidad que aduce tener reconocida a favor del quejoso dentro de la causa penal ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita la certificación correspondiente a fin de conocer si la promovente, en efecto, cuenta con el carácter de defensora pública de ******************** y si a la fecha sigue ostentándolo, a fin de proveer lo conducente en términos del citado numeral; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237 fracción I y 259 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remitan a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@ cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrán hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Por tanto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que del contenido del escrito que de demanda se advierte que al Agente del Ministerio Público de la Federal, Titular de la célula lII-3, con sede en Tijuana, Baja California, le asiste el carácter de tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. En ese sentido, túrnense los autos al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que por medio de oficio, emplace a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público de la Federal, Titular de la célula III-3. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************s, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se tiene al quejoso señalando como domicilio, correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones. De igual manera, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tijuana, Baja California; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este juicio, se realicen en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Esto, sin perjuicio de que, con motivo de la naturaleza o trascendencia de alguna determinación que se emita en este juicio, este órgano jurisdiccional ordene que se comunique personalmente tanto en el domicilio del quejoso, como en el de sus autorizados legales que en su caso designe. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con registro digital 2025391, de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario "********************", correspondiente a ********************; por tanto, se autoriza el acceso al expediente electrónico relativo. Asimismo y como lo solicita, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este expediente, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder los permisos de acceso y notificaciones al expediente electrónico. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. En consecuencia, se faculta al Actuario de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. En otro contexto, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en su centro de reclusión y a su defensor.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm
- Incidental
Tijuana, Baja California, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple de la demanda y como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1274/2023-I, que promueve ********************, por conducto de su defensora ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Se señalan las once horas con quince minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, del escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: " [.] La resolución de fecha tres de octubre dos mil veintitrés, notificada en día nueve de los corrientes, vía electrónica dictada dentro de la causa penal número ********************, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, en la que dejo subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso FERNANDO MARTÍNEZ MANCILLAS, TODA VEZ QUE DESECHO LA SOLICITUD DE LA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA A FAVOR DE QUIEN REPRESENTO. [.]" Asimismo se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos que a continuación se transcriben: "[.]Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138, 147, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, solicito se conceda la suspensión provisional del acto consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa con carácter restitutorio, a fin de evitar daños irreparables al quejoso en las etapas del juicio, por lo que deberá reponerse la audiencia de revisión de la medida cautelar, a fin de que se declare improcedente la prisión preventiva oficiosa y se abra audiencia para el debate, establecer la necesidad de cautela y de proceder la imposición de una medida diversa a la prisión preventiva oficiosa. [.]" Es decir, del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que se reclama la determinación de tres de octubre del año en curso, emitida en la causa penal ********************, en la que la autoridad responsable no señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso ********************, impuesta el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Al respecto, es preciso mencionar que los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, señalan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgar la medida cautelar solicitada, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para su concesión, es decir, que sea solicitada por éste, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, para lo cual, deberá realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Ahora, el quejoso solicitó en su escrito inicial de demanda la suspensión del acto reclamado, consistente en la negativa de la autoridad responsable de señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta el ocho de mayo de dos mil veintitrés; con lo cual se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 anteriormente citado. Asimismo, el requisito establecido en la fracción II del artículo 128, en relación con el numeral 18 de la Ley de Amparo, también se encuentra satisfecho, toda vez que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social y no se contravienen disposiciones de orden público. También, resulta oportuno precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 1, Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el artículo 19 constitucional, establece la posibilidad de restringir la libertad personal en un procedimiento del orden penal, derivado de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, ya sea de manera oficiosa o justificada. Además, la imposición de la prisión preventiva oficiosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, procede en casos específicos. Por tanto, si el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del quejoso que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, bajo esa relevancia constitucional se interpreta el sistema de medidas cautelares previsto en la Ley de Amparo. Es decir, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible o grave a efecto de proveer sobre la suspensión solicitada. Por tal motivo, a efecto de generar que el sistema de medidas cautelares en el juicio de amparo sea efectivo, el legislador dispuso en el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha denominado la "suspensión con efectos restitutorios". Lo anterior es así, pues el legislador dispuso que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el Juez de Amparo ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En ese sentido, el órgano de control constitucional tiene la obligación de analizar la naturaleza del acto reclamado y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado hasta en tanto se dicte sentencia; sin embargo, para que ello acontezca, debe analizarse la apariencia del buen derecho. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han definido la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad, respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, así como la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho. En el presente caso, se estima que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se encuentran acreditados para efectos de conceder la suspensión solicitada; lo anterior, porque de un análisis del acto reclamado y a manera de probabilidad, se puede advertir que, la continuación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, vulnera derechos fundamentales de la parte quejosa, lo que actualiza la figura jurídica indicada y, como consecuencia, sea procedente conceder la medida cautelar solicitada con efectos restitutorios. Lo que tiene sustento en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser acatadas por los jueces mexicanos para lograr la efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas. En efecto, debe destacarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -el siete de noviembre de dos mil veintidós-, dictó sentencia en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, en la que consideró que el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales -de mil novecientos noventa y nueve-, el cual establece la prisión preventiva y que fue aplicado en el caso, no hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, a los peligros procesales que buscaría evitar, tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, estimó que el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Por ello, consideró que el Estado Mexicano vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención en relación al derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente -artículo 7.3-, al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5-, y a la presunción de inocencia -artículo 8.2-, en perjuicio de las víctimas. Finalmente concluyó que al aplicar figuras que per se, son contrarias a la Convención, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas, incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo, en la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso García Rodríguez y otro vs. México, indicó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y el numeral 19 de la Constitución, eran contrarios a la convención. Además, sostuvo que esas normas no mencionan las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría evitar, tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. También señaló que en ambas disposiciones legales, se limita el rol del juez y supone un acto que deviene exento de todo control real impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Por lo que la Corte consideró que esas normas contenían cláusulas que resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana, tales como el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente -artículo 7.3-, al control judicial de la privación de la libertad -artículo 7.5-, a la presunción de inocencia -artículo 8.2-, y a la igualdad y no discriminación -artículo 24-. Con motivo de lo anterior, concluyó que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecidas en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de las víctimas. Finalmente, la Corte afirmó que al aplicar figuras que son contrarias a la Convención y al mantener a las víctimas en prisión preventiva, las autoridades internas vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación, en perjuicio de las víctimas, incumpliendo su obligación de respeto contenida en el artículo 1.1 de dicho instrumento. De las anteriores sentencias se concluye que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Existan elementos para formular cargos o llevar a juicio a una persona, además, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida a proceso pudo haber participado en su comisión. b) Que la finalidad sea compatible con la Convención, es decir, procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente proporcionales respecto de tal fin; y, c) Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta o no a las condiciones señaladas. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta o no a las condiciones señaladas, será arbitraria y, por tanto, vulnerará el artículo 7.3. Criterio que resulta obligatorio para este órgano jurisdiccional, tal como lo reiteró la referida Corte Interamericana en el punto 303 de la sentencia del caso García Rodríguez y otro que establece: "303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." En ese sentido, de conformidad con lo establecido en las sentencias por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este órgano jurisdiccional estima que la figura de la prisión preventiva oficiosa no es acorde a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano y, por ende, es inconvencional; lo que genera que su aplicación vulnere los derechos fundamentales del quejoso. Por todo lo anterior, al estimarse que se actualiza la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, procede conceder la suspensión provisional al quejoso, para que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: a) Deje sin efectos la determinación de tres de octubre del año en curso, emitida en la causa penal ********************, en la cual no señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso el ocho de mayo de dos mil veintitrés. b) Señale fecha y hora -dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas-, para el desahogo de una audiencia -con intervención de las partes-, en la que deberá declarar improcedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa a la parte quejosa, conforme el marco convencional expuesto anteriormente. c) Una vez hecho lo anterior, abra el debate entre las partes, para el análisis de la solicitud de revisión de medida cautelar, en la que, con libertad de jurisdicción, deberá imponer la que considere más idónea y pertinente. Con la limitante que no puede imponer la de prisión preventiva oficiosa. Suspensión que surte efectos desde luego, en términos del 136, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a fijar garantía dada la naturaleza y efectos concedidos de los actos reclamados. Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con registro digital 2027280, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO." Lo que constituye un precedente de observancia obligatoria de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 217 de la Ley de Amparo. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************s, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se tiene al quejoso señalando como domicilio, correo electrónico y número telefónico para oír y recibir notificaciones. De igual manera, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tijuana, Baja California; por tanto, se instruye al Actuario de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este juicio, se realicen en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Esto, sin perjuicio de que, con motivo de la naturaleza o trascendencia de alguna determinación que se emita en este juicio, este órgano jurisdiccional ordene que se comunique personalmente tanto en el domicilio del quejoso, como en el de sus autorizados legales que en su caso designe. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con registro digital 2025391, de rubro: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO." Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del usuario "********************", correspondiente a ********************; por tanto, se autoriza el acceso al expediente electrónico relativo. Asimismo y como lo solicita, con fundamento en los artículos 3º y 30 de la Ley de Amparo, se autoriza que las subsecuentes notificaciones que se ordenen en este expediente, se le practiquen electrónicamente, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la Ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío que haga este órgano jurisdiccional, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrá por hecha la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 30 ya citado. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder los permisos de acceso y notificaciones al expediente electrónico. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Notifíquese.
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