Fernando Martinez Flores
Expediente 346/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 346/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Martinez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de DEPURACIÓN, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JMM En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 346/2021-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Fernando Martínez Flores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y, remitido a este órgano jurisdiccional, en archivo digital, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, Fernando Martínez Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, David Rodríguez González, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecinueve de abril del presente año, la demanda promovida por Fernando Martínez Flores se registró con el número de juicio de amparo indirecto 346/2021-D; en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, por lo que se refiere al acto reclamado relativo a la cita de comparecencia, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el propio auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, por lo que se refiere a los diversos actos reclamados, consistentes en la orden de presentación, aprehensión y su ejecución; formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión respectivo; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De igual forma, en proveído de veintisiete de abril del presente año, se desechó la ampliación de la demanda propuesta por el autorizado del quejoso, conforme al principio de instancia agraviada, al no poderse tramitar por persona distinta al quejoso, de su representante legal, apoderado o defensor; y en el caso concreto, el autorizado del peticionario de amparo directo, carece de facultades para promover a nombre de este último dicha actuación. Mientras que en auto de treinta de abril del año que transcurre, se ordenó remitir el diverso escrito de ampliación de demanda signado por el peticionario de amparo Fernando Martínez Flores, a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para que lo turnara como asunto nuevo, en atención a las consideraciones vertidas en el proveído mencionado. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia constitucional y en su lugar se señalaron las nueve horas con treinta y dos minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que en el caso, Fernando Martínez Flores, en esta instancia constitucional, reclama: a) Las órdenes de presentación y aprehensión. b) Su ejecución. TERCERO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de la audiencia constitucional de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, se declaró inexistente a la autoridad responsable "7. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro". De igual forma, mediante auto dictado fuera de audiencia, el once de mayo de dos mil veintiuno, se declaró inexistente a la autoridad señalada como responsable "25. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial en Puebla, de la Agencia Estatal de Investigación", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ella; en atención a que mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso por el termino de tres días, con la imposibilidad asentada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la citada razón de veintitrés de abril del año en curso, para notificar el oficio 139-L-25, a la citada potestad, para que precisara su denominación correcta, o bien, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, en el plazo concedido para ello, se tendría por inexistente dicha potestad; sin que al efecto el quejoso Fernando Martínez Flores, realizara pronunciamiento alguno sobre el particular. En ese tenor, tales autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Existencia o Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número Autoridades Responsables Sentido del informe. 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, David Rodríguez González; Niega 2 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Region Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla. Karla Patricia Ambrosio Vargas, por conducto del Juez de Oralidad Penal y Ejecución Salvador Hernández Martínez. Niega 3 Luis David Pérez Romero, Coordinador de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, a nombre del Juez de Oralidad Fernando Martínez Espinosa, por cambio de adscripción. Niega 4 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez. Niega (En auto de veintiséis de abril del año en curso, se trajo a la vista el informe previo rendido por la citada autoridad, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo.) 5 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Enrique López Criollo. Niega 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez (+). Niega 7 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Juan Carlos Malpica Aladro. Inexistente. 8 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Aarón Hernández Chino. Niega 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Rosalba Elena Zárate Herrera. Niega 10 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Javier Vázquez Fernández. Niega 11 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Idalia Arciniega Arias. Niega 12 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Rosa Aurora Espejel Prado. Niega 13 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, María Guadalupe Muñoz Pérez. Niega 14 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Mirian Huerta Lechuga. Niega 15 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Magally Escamilla Rodríguez. Niega 16 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Ana Alicia Ponce Frías. Niega 17 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, José Álvaro Sarmiento Márquez. Niega 18 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 19 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 20 Delegado de la Fiscalía General de la República, con sede en Puebla. Omiso 21 Director del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla. Niega 22 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Niega (En auto de veintiséis de abril del año en curso, se trajo a la vista el informe previo rendido por la citada autoridad, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo.) 23 Titular de la Unidad de Apoyo Policial en San Pedro Cholula, Puebla (denominación correcta); Niega 24 Titular de la Unidad de Apoyo Policial en San Andrés Cholula, Puebla (denominación correcta). Omiso 25 Encargado de la Unidad de Apoyo Policial en Puebla, de la Agencia Estatal de Investigación. Inexistente. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que a cada una le fueron atribuidos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que obste a lo anterior, que no se cuente con los informes de la autoridades ejecutoras 20. Delegado de la Fiscalía General de la República, con sede en Puebla y 24. Titular de la Unidad de Apoyo Policial en San Andrés Cholula, Puebla (denominación correcta), en atención a que todas las autoridades ordenadoras negaron los actos reclamados, por lo que resulta inconcuso que las mencionadas potestades, en su calidad de ejecutoras, se encuentran imposibilitadas para cumplimentar una orden de captura inexistente, de ahí, que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto en términos de los párrafos precedentes. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, como lo solicitó el quejoso en su escrito de demanda, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Fernando Martínez Flores, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintiuno. I. Inexistencia de autoridad. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído feneció el término de tres días otorgado a la parte quejosa en acuerdo de veintisiete de abril del presente año, para que precisara la denominación de la autoridad que señaló como responsable bajo la denominación "25. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial en Puebla, de la Agencia Estatal de Investigación"; o bien, manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado acuerdo y se tiene por inexistente a dicha autoridad, por lo que se ordena suspender cualquier comunicación con ella. II. Estado procesal. Por otra parte, del estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que no se notificó al quejoso el proveído de veintiséis de abril de dos mil veinte, en el que se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables: 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés, Cholula, Puebla, David Rodríguez González; y, 21. Encargada de la Dirección del Centro Penitenciario Regional de Cholula, Puebla; y, se ordenó traer a la vista en el expediente principal, los informes previos de las responsables 4. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez; y, 22. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, para que surtieran efectos, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, y la parte quejosa se impusiera del contenido de dichos informes. En tales condiciones, se requiere al actuario judicial adscrito que corresponda, realice de inmediato, la notificación electrónica al quejoso Fernando Martínez Flores, del proveído de veintiséis de abril pasado, en el que se le dio vista con tales informes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. III. Diferimiento de la audiencia constitucional. En ese contexto, tomando en consideración que la audiencia constitucional está programada para las diez horas con veinte minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, sin embargo, para que el presente expediente se integre debidamente y transcurra el lapso establecido en el artículo 117, de la Ley de Amparo, otorgado al quejoso en el párrafo que precede, se impone diferir tal audiencia y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese vía electrónica al quejoso el presente proveído, así como el diverso de veintiséis de abril del año en curso; y por lista a las demás partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Fernando Martínez Flores, mediante el cual pretende ampliar su escrito inicial de demanda de amparo, respecto de autoridades responsables diversas a las señaladas en el mismo. Sin embargo, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad dicha ampliación, por las razones que enseguida se exponen. En principio, porque los requisitos que prevé el artículo aludido, para la procedencia de la ampliación de demanda, son los siguientes: i) Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; ii) Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; y, iii) Que la ampliación de demanda se formule antes de la celebración de la audiencia constitucional. Enseguida, la jurisprudencia 15/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12 del Tomo XVIII de julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, detalla que la ampliación de demanda, es admisible cuando ocurren las siguientes hipótesis: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando en dicho informe se fundamente o motive el acto reclamado; o, c) Cuando el quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados. Jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por tanto, para la procedencia de la ampliación de demanda de amparo, es necesario, primero, que en autos obren los informes justificados de las autoridades responsables, y de aquéllos aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa -lo que en la especie, no acontece-; y, segundo, que cuando dicha parte procesal, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad, éstos deban estar vinculados con los reclamados inicialmente, pudiendo recaer la ampliación no sólo respecto de dichos actos, sino también sobre nuevas autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los señalados en el escrito inicial de amparo, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos legales. En ese orden, conviene precisar, que en su escrito inicial de demanda, el aquí demandante constitucional Fernando Martínez Flores, reclamó del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro- Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, David Rodríguez González y otras autoridades, la orden de aprehensión y presentación, así como su ejecución. Mientras que ahora pretende reclamar en vía de ampliación, a las autoridades: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENEN EL CARÁCTER DE ORDENADORAS LOS SIGUIENTES: ABOG. GERARDO GUTIÉRREZ GAYOSSO JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA. ABOG. ABELARDO GIL MARTÍNEZ JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA. ABOG. JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA. ABOG. JUAN JESÚS GUTIÉRREZ ESTRADA JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA. ABOG. GABRIEL PÉREZ ROCHA PÉREZ JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR ORIENTE CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA. EN SU CARÁCTER DE AUTORIDADES EJECUTORAS: C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. C. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL EN TEHUACAN, PUEBLA, DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. Los mismos actos precisados en su escrito inicial de demanda, a saber: las órdenes de presentación, comparecencia y/o de aprehensión librada en su contra y su ejecución. De lo antes destacado se advierte, que las nuevas autoridades que el quejoso pretende introducir a la Litis inicial de este juicio, no se advierten de los informes justificados que obran en autos; se afirma lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables señaladas primigeniamente, negaron categóricamente los actos tildados de inconstitucionales a ellas atribuidos, por lo que es evidente que el peticionario de amparo no tuvo conocimiento de datos no conocidos a través de las constancias que obran en autos. En virtud de lo antes expuesto, resulta evidente que la ampliación de demanda que pretende realizar la parte quejosa, no encuadra en los supuestos de procedencia de la misma, pues, como se dijo, el quejoso no tuvo conocimiento de algún nuevo acto a partir de los informes justificados de las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda, por lo que éstos no están vinculados con los reclamados inicialmente, siendo susceptibles de ser impugnados en un nuevo juicio de amparo. Estimar lo contrario propiciaría una cadena de interminable de ampliaciones en perjuicio de la garantía de acceso a una administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desnaturalizar el proceso sumario de amparo. Por tanto, de conformidad con el comunicado 77/2020, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la sentencia pronunciada en la contradicción de tesis 83/2019, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y, el Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver respectivamente los recursos de queja administrativa 29/2017 y 13/2019, la ampliación de demanda efectuada por la parte quejosa, se debe tramitar como un asunto nuevo e independiente al presente juicio. Es decir, la Corte determinó en sesión remota, que de ninguna manera se puede desechar la ampliación de demanda por los motivos antes expuestos, pues tal acontecimiento solo impide resolver lo solicitado en ese juicio. Por ello, se resolvió que la mejor solución que tutele el principio pro actione y el derecho de acceso a la justicia, es remitir la demanda a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé trámite de una demanda independiente. En tales condiciones, se ordena la remisión del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de Partes de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para el turno correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.1o.A.C.8 K (10a.), Décima Época, publicada el trece de marzo de dos mil veinte; registro IUS: 2021775, que señala: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, EL JUZGADOR DEBE PROVEER SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE, EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO PRO ACTIONE. En el supuesto de que el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales se estima favorable la sustanciación de ambas, en un solo procedimiento, en aras de la brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe proveer su trámite como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio al Jefe de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. GUSTAVO En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Fernando Leon Rosas722/2018
- Fernando Lira Martinez702/2018
- FERNANDO LOPEZ FLORES y Otros.1068/2017
- Fernando Lopez Rojas384/2018
- FERNANDO LUIS o FERNANDO MANZANILLA PRIETO655/2018
- Fernando Martinez Flores420/2021
- Fernando Martinez Garcia28/2017
- Fernando Martinez Garcia1557/2016
- Fernando Martinez Garcia3/2017
- Fernando Martinez Marin122/2019
- Fernando Martinez Marin112/2019
- Fernando Martinez Ramos798/2018